■ Autoridades estatales de EU pusieron en marcha un plan para evitar el lavado de dinero
Acuerdo entre Sonora y Arizona para que no se congele el envío de remesas
Hermosillo, Son., 15 de julio. El gobierno de Sonora dijo que logró que las autoridades de Arizona dejen de decomisar las remesas enviadas desde su territorio hacia esta entidad.
Según el gobierno estatal sonorense, gracias a las gestiones realizadas, las autoridades estadunidenses devolverán los fondos retenidos a migrantes, a quienes se les confiscó su capital como parte de las acciones del programa de intervención de remesas, puesto en marcha por el gobierno de Arizona para incautar recursos destinados a actividades ilícitas, Dicho plan inició operaciones hace una semana.
“El gobernador Eduardo Bours se reunirá con representantes del gobierno de Arizona para analizar la confiscación de remesas enviadas a territorio sonorense bajo el supuesto de que podrían utilizarse en el tráfico de indocumentados y drogas”, se precisó en un comunicado del gobierno de Sonora.
La medida de bloquear las transferencias electrónicas hacia Sonora fue aprobado por un fiscal estadunidense para incautar el dinero de traficantes de droga y personas, que realizaban sus pagos por medio de los servicios de envíos de remesas.
“El gobierno de Sonora trabajará con el de Arizona para asegurar que los protocolos sean eficientes en la recuperación de dinero ambos estados no desean que familias inocentes se vean involucradas en actividades de delincuentes”, afirma el comunicado.
Las autoridades estadunidenses y mexicanas aseguran que tienen registradas 17 millones de transferencias ilegales de dinero y más de 100 arrestos de traficantes y personas que se dedican al lavado de dinero.
Por otra parte, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un grupo de 31 indocumentados centroamericanos fueron detenidos en la carretera que comunica a Comitán con San Cristóbal de las Casas, cuando viajaban escondidos en un camión de carga, informó el Instituto Nacional de Migración (INM).
El arresto de los migrantes ocurrió en un camino, después de una persecución de varios kilómetros. Los traficantes de personas lograron huir en un tercer vehículo, con otro grupo de indocumentados.
Según el reporte del INM, durante un patrullaje de rutina detectaron un camión de redilas cuyo conductor emprendió la huida cuando los uniformados le marcaron el alto.
Los elementos del INM comenzaron la persecución, pero fueron alcanzados por una camioneta que después de rebasar el vehículo oficial y el camión de redilas, huyó con los polleros, al parecer con varios migrantes.
Los 31 extranjeros, entre ellos cinco mujeres, aseguraron haber pagado entre 50 mil y 80 mil pesos a los traficantes para que los trasladaran a Estados Unidos.
Fuentes oficiales dijeron que el camión en que eran transportados los extranjeros es propiedad de indígenas tzotziles de la comunidad Mitzintón, del municipio de San Cristóbal.
En tanto, en Chilpancingo, Guerrero, Margarita Nemesio Nemesio, coordinadora del Área de Migrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, denunció que debido a que no existe una política migratoria binacional entre Estados Unidos y México se retrasó la llegada de los cuerpos de seis indígenas migrantes oriundos de la Montaña Alta de Guerrero, que murieron –tres de ellos fueron asesinados– en el vecino país en los meses de junio y julio. Puso como ejemplo el caso de la indígena na’savi Marta Alatorre González de 27 años de edad, cuyo cadáver fue trasladado apenas esta mañana a la comunidad de Xochapa, municipio de Alcozauca, pese a que la mujer fue asesinada en la fábrica donde laboraba, en Henderson, Kentucky, por uno de sus compañeros de trabajo el pasado 18 de junio .
Con información de Sergio Ocampo Arista y Ángeles Mariscal, corresponsales