■ Critican interpretaciones “letristas” del artículo 27 constitucional
Las iniciativas presidenciales son inaceptables, según intelectuales
La iniciativa de reforma petrolera de Felipe Calderón es “inaceptable”, porque con ella pretende arrogarse el derecho de manejar a Petróleos Mexicanos (Pemex) como “si se tratara de una empresa texana y como si él fuera un rico dueño de un patrimonio que es de todos los mexicanos”, advirtió Luis Javier Garrido, analista político y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
A su vez, el jurista Raúl Jiménez destacó que en el foro de debates organizado por el Senado, los abogados calderonistas pretenden hacer una interpretación del artículo 27 constitucional alejada de las luchas políticas y sociales de México, y darle un contenido “letrista, gramatical”, como si se tratara de la interpretación de “un contrato de alquiler de una accesoria comercial”, cuando lo que está en juego es la explotación y usufructo de áreas estratégicas del país que desean trasladar en beneficio de trasnacionales.
Por su lado, el investigador y politólogo de la UNAM Arnaldo Córdova sostuvo que el gobierno de Calderón no quiere “soltar” a Pemex por la sencilla razón de que usa los ingresos de la paraestatal para resolver los problemas de finanzas públicas.
Planteó que para lograr la modernización y desarrollo de Pemex es necesario dejar de quitarle 90 por ciento de sus ingresos –mediante el pago de impuestos, derechos y aprovechamientos– e impulsar una reforma fiscal integral que abarque a los grandes corporativos, que a la fecha casi no pagan impuestos.
“A (Carlos) Slim todo se lo devuelven con ganancia” y “(Lorenzo) Servitje, de Grupo Bimbo, no paga impuestos”, mientras la base gravable del país la integran Pemex, que aporta 40 por ciento del ingreso fiscal total, y un 11 por ciento de los causantes cautivos, dijo.
Además, cuestionó el manejo discrecional sobre el ingreso petrolero de los gobiernos federal y estatales. “En 2007 le entregaron 30 mil millones de pesos a los gobernadores; nadie sabe en qué y cómo se lo gastaron; es una cueva de Alí Babá”, apuntó.
Lo anterior fue expresado en el panel Resultado del debate sobre la constitucionalidad de las iniciativas petroleras calderonistas, organizado por La Jornada y Casa Lamm.
Garrido, colaborador de esta casa editorial, advirtió que en el debate petrolero han prevalecido “sobre la razón jurídica la fuerza mediática y los eslogans y campañas de propaganda y desinformación”. Se trata, puntualizó, de la “intentona calderonista de acelerar el proceso de privatización de Pemex en forma drástica”.
Al respecto, Jiménez advirtió que, en su afán, los abogados de Calderón hacen del artículo 27 constitucional “interpretaciones a modo, sin precedente ni arraigo dentro de la doctrina mexicana. Se trata de artificios mediante los cuales se nos quiere confundir y hacer creer que el 27 constitucional no dice lo que los mexicanos sabemos: que el petróleo es propiedad nuestra y sólo a la nación corresponde la prerrogativa de su explotación y de su usufructo en forma de una industria petrolera nacional y de carácter integral”.
Botín para trasnacionales
Garrido sostuvo que no será fácil engañar al pueblo, el cual “ha entendido bien la codicia del grupo gobernante; los negocios de (Juan Camilo) Mouriño y Calderón, y de toda esta banda que tiene intereses concretos y directos: no sólo actúan como fieles servidores de las trasnacionales, sino que buscan su tajada por servir a esos intereses”.
Advirtió que el punto decisivo será el de las movilizaciones para impedir a esta “maraña de intereses” conculcar lo que el pueblo sabe: “Que el petróleo y los recursos estratégicos del territorio son de y para los mexicanos, y cualquiera que no cumpla el mandato del artículo 27 constitucional transgrede el pacto original y fundacional, sin el cual no es posible la vida colectiva”.