■ Las extranjeras ya han incursionado en el sector pero han roto la cadena productiva, dicen

Representantes de cámaras industriales piden que Pemex privilegie a empresas mexicanas

■ Las iniciativas de Felipe Calderón intentan abrir de par en par las puertas de los mercados, señalan

Andrea Becerril y Enrique Méndez

Representantes de las cámaras de Transporte Marítimo, de la Industria de Transformación y de la Construcción, así como de Ingenieros Civiles, plantearon una reforma a Petróleos Mexicanos (Pemex) que privilegie los contratos a empresas mexicanas y no a extranjeras que, señalaron, ya han incursionado en el sector petrolero nacional, pero rompieron la cadena productiva al amparo de una política que propició “el continuo y persistente desmantelamiento” de la industria interna.

En ese contexto, inclusive, distintos participantes en el foro de debates organizado por la Cámara de Senadores consideraron preferible que el paquete de iniciativas sea retirado por el Ejecutivo federal.

Luis Linares Zapata resaltó que es necesario discutir “profundas reformas” para recuperar la industria petrolera mexicana. “Reformas que –argumentó– no son, ni de cerca, las que el señor Calderón ha propuesto para Pemex… aprobarlas sería volver sobre lo que ya se ha padecido. Las reformas a debate intentan abrir, de par en par, las puertas de sustantivos mercados, ofrecen parte, y de ser posible, toda la industria petrolera”.

Linares, quien forma parte del “gobierno legítimo” que encabeza Andrés Manuel López Obrador, dijo que si hasta 1988 Pemex compraba a proveedores nacionales dos terceras partes de sus bienes, hoy sólo la abastecen en una tercera parte, y denunció que detrás de cada empresa extranjera viajan otras, numerosas, de soporte que remiten las utilidades a sus países de origen. “A la petrolera noruega StatoilHidro –ejemplificó– la acompañan en sus aventuras externas unas 140 más de tipo variado y tamaño que se han formado a su derredor, y cada una busca un sitio para lucrar”.

Aseguró que en la consulta del próximo día 27 se confirmará que los ciudadanos están en contra de la privatización de la industria petrolera. “Nuestra fuerza no se extrae, como afirman algunos, del rencor o la frustración, sino de la lucha por mantener viva la esperanza de millones, y en la defensa de su patrimonio, de su futuro y sus aspiraciones de progreso”, resaltó.

Alberto Montoya, del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, propuso que el proyecto del presidente Felipe Calderón no sea dictaminado y rechazó la versión de que Pemex sea en sí mismo el problema de la caída en la producción de hidrocarburos, cuando “ha sido el factor de equilibrio financiero y político” del país.

El ingeniero químico Gilberto Ortiz Muñiz, de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), también planteó la necesidad de debatir otro tipo de propuestas sobre Pemex, no las de Calderón: “Deberían negociar con el Ejecutivo que retire sus propuestas. Empate técnico. Y que se vaya a un proceso más claro y limpio de largo plazo, pues aun ganando, el Ejecutivo pierde, ya que la percepción seguiría en el supuesto de una imposición que daña el futuro nacional”.

Este martes, en el patio central del Senado de la República se discutió el tema Política e instrumentos para impulsar la industria nacional relacionada con el sector petrolero, y distintos participantes coincidieron en exigir que Petróleos Mexicanos privilegie la contratación de empresas nacionales.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Humberto Armenta, aseguró que los criterios de licitación de los proyectos de la paraestatal “deben establecer condiciones de igualdad para las empresas nacionales y extranjeras, evitando requisitos que limiten la participación” de las mexicanas.

El ingeniero Luis Puig Lara, consultor independiente y ex director de Pemex Petroquímica, afirmó que si actualmente las reservas son bajas y la producción de los yacimientos declina, se debe a la ausencia de una política energética en México, y consideró fundamental para aprobar una reforma a Pemex que se “aliente, estimule e impulse a la maltrecha industria nacional, víctima de políticas absurdas que la desmantelaron”.

Ante ello, sugirió que tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro constituyan, con los industriales y sus cámaras, un mecanismo de agrupación que asegure a las empresas del sector energético sus procesos de proveeduría y construcción en las mejores condiciones con empresas mexicanas interconectadas.

Esas tres empresas, dijo, realizan en conjunto adquisiciones anuales por más de 100 mil millones de dólares, “poder de compra que incentivaría la introducción formal y planeada de un agrupamiento industrial, o cluster, que tenga a Pemex como punta de lanza”.

Mario de la Cruz Sarabia, presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, dijo que todos los estados están preocupados porque se ha truncado la labor de Pemex como motor del desarrollo nacional, debido entre otros factores a la falta de una legislación que permita competir a las pequeñas y medianas empresas. Por ello, agregó, la paraestatal “se ha cerrado a un reducido círculo de proveedores, es decir, a las grandes empresas de capitales internacionales y unas pocas nacionales”.

A su vez, Luis Ocejo Rodríguez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (Cameintram), también propuso que la reforma privilegie la contratación de empresas mexicanas para la transportación de los productos de Pemex, porque, explicó, actualmente el mercado de fletes en barcos se limita a naves con banderas extranjeras, que concentran mil 500 millones de dólares del mercado interno, y sólo 500 millones son para embarcaciones mexicanas.

“Todos los productos petrolíferos que exporta e importa Petróleos Mexicanos son transportados en embarcaciones de bandera extranjera”, que además son subsidiadas por sus gobiernos, expuso.

Por su parte, el subdirector de la Región Marina Noreste de Pemex Exploración, Javier Hinojosa Puebla, afirmó que la regulación a la que está sujeta la petrolera constituye una “camisa de fuerza” que le impide lograr su pleno desarrollo, y ponderó que la reforma propuesta por el Ejecutivo permitiría “fortalecer la relación con proveedores clave”.

Actualmente, argumentó, la normatividad exige que todas las características de un proyecto estén previamente definidas, antes de la licitación, y cualquier cambio conlleva un “proceso largo y desgastante que incrementa los costos”. Sostuvo que bajo ese marco “contratar buenos proveedores para obtener buenos servicios es una aventura y una cuestión de suerte”.