Justicia y gobierno democrático
Los deplorables acontecimientos que integran el caso News Divine han puesto de manifiesto la complejidad del vínculo entre justicia y gobierno democrático. Por lo pronto, queda claro que las elecciones por sí mismas sólo son la puerta de entrada al escenario de la construcción democrática. Más aún si se trata de un gobierno que no es nacional y representa una experiencia que, como la del Distrito Federal, solamente tiene una década de caminar a contravía del régimen prevaleciente en el país, caracterizado por una ideología y prácticas ajenas al estado de derecho en su sentido más pleno; ello a pesar de la alternancia.
En el caso News Divine se combinaron los saldos muy perversos de la corrupción y el autoritarismo. El policía de a pie, por lo general, cumple un papel que no pasa por el respeto a las garantías fundamentales de la ciudadanía, pese a los esfuerzos desplegados a partir de 1997 para darle la vuelta a esta situación. Por ello es particularmente grave la decisión de la autoridad de ponerlos en acción en circunstancias donde es absolutamente previsible el enfrentamiento.
Respecto a las circunstancias del operativo y las posteriores, hay suficientes evidencias que permitirán al Poder Judicial deslindar responsabilidades. Como bien sabemos, en este caso existen también responsabilidades políticas que con suma frecuencia se mueven en las aguas de los intereses en pugna. Pero más allá de ellas están las responsabilidades éticas y ése es el horizonte de aspiraciones y valores que está en juego para la evolución y desenlace de la crisis que ha generado el caso en cuestión.
La contundencia del Informe de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) mostró en primer lugar la fortaleza de dicha institución como un mecanismo y palanca para el logro de un real estado de derecho, además de que logró superar la clásica pugna entre los espacios de seguridad pública y los ministeriales. El informe muestra que la investigación tuvo sesgos evidentes, por ello bien hizo en eludir el cerco de los buenos y los malos. Este tema va más allá de los nombres de los titulares en turno; refiere a una antigua discusión juridical sobre la naturaleza y funciones de cada uno de estos espacios institucionales. El asunto deberá analizarse con detenimiento y es obvio que rebasa los límites del Distrito Federal. No es casual que históricamente se ha presentado una pugna y contradicción similar en espacios federales.
Por lo pronto, la autonomía de la CDHDF quedó debidamente acreditada y ello forma parte de los avances logrados en esta materia por la ciuda-danía de la capital del país. No hace mucho se escuchaba a algunos y algunas titulares de este tipo de comisiones en las entidades afirmar sin pudor alguno que ante cualquier caso delicado primero acudían al jefe a pedir instrucciones; el jefe en estos casos era el gobernador en turno.
La justa atención e indignación ciudadana que este caso ha provocado, y el consiguiente ambiente de presión y cuestionamiento político a la naturaleza democrática del actual Gobierno del Distrito Federal, son costos que se están asumiendo, pero las medidas para superarlos van mucho más allá de la virtual remoción de los titulares de la Procuraduría del Distrito Federal y el de Seguridad Pública, así como de Francisco Chiguil, de la delegación Gustavo A. Madero. Así parece reconocerse cuando el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, está ofreciendo que en esta semana se anunciarán medidas de fondo para abordar la resolución del problema grave que hizo posible la planeación, si la hubo, y los saldos dolorosos de un operativo policiaco que por sus resultados parecía tener como objetivo la criminalización de unos jóvenes cuya intención de divertirse los colocó en una trampa mortal.
Por otra parte, ya se ha señalado que, junto con el grave problema del operativo policiaco, los hechos colocaron en la mira el cuestionamiento a los alcances de la política respecto a los jóvenes en la ciudad. En especial en esa materia se han puesto en práctica, desde 1997, diversas medidas que incluyen la creación de espacios institucionales específicos, como lo es el Instituto de la Juventud.
Por lo pronto, habría que señalar que, además de revisar la orientación de políticas y programas, se debe enfatizar la dimensión de las mismas traducidas en la asignación de recursos públicos, pues la experiencia ha mostrado que estamos ante un laboratorio de políticas para jóvenes cuyo impacto cuantitativo le da un toque de excepcionalidad. Pensar a los jóvenes y a la ciudadanía más allá del sector de los que se ubican en zonas de alta marginación es otro de los desafíos ya inaplazables.
Al margen de las bondades de las iniciativas que el Gobierno del Distrito Federal anuncie, es importante anotar que es tan importante su contenido como el proceso para su construcción. Es hora de ampliar los espacios para que se exprese la juventud.