La consulta, las preguntas y los acuerdos
El Gobierno del Distrito Federal, el PRD y los partidos del Frente Amplio Progresista están convocando, para realizarse en fechas ya próximas, a consultas para conocer el sentir de la ciudadanía sobre los cambios que el Ejecutivo ha propuesto del marco regulatorio de la industria petrolera, de la estructura y forma de operación de Petróleos Mexicanos, así como sobre reformas de otros ordenamientos legales.
En el caso de la capital, parece que la consulta será organizada y coordinada en su ejecución por el Instituto Electoral del Distrito Federal; es probable que en otras entidades sea igualmente la autoridad electoral la que realice la consulta. Al respecto, es importante para la credibilidad del ejercicio que el cuerpo que lo organice proceda con imparcialidad y así sea visto por la opinión pública.
El tiempo es corto ya, pero sería de gran importancia que quienes directamente promueven las consultas desplegaran campañas amplias en los más diversos medios de comunicación para que la población, antes de los días de las consultas, contara con la mayor información posible y acudiera a expresarse con plena conciencia del sentido de la opinión que manifieste.
Por otra parte, además de la fama pública del organizador, resulta de importancia lo que se consulte y cómo se haga, es decir, cuáles sean las preguntas que se sometan a la consideración de la ciudadanía, que éstas se presenten con la mayor sencillez y objetividad posibles y que no induzcan la respuesta. Así se reafirmará la credibilidad de las consultas, cuyo resultado, si bien puede no ser legalmente vinculante, sí tendrá un fuerte impacto político e influirá necesariamente en quienes hayan de tomar las decisiones definitivas sobre el tema: los legisladores federales, entre otros.
Con el propósito de contribuir a los buenos resultados de las consultas, propongo a los organizadores de las mismas que se consideren, entre otras, las siguientes preguntas:
1. La industria petrolera (definida en el artículo tercero de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo –vigente– como exploración, explotación, refinación de petróleo, elaboración de gas, transporte, almacenamiento, distribución y ventas de primera mano de petróleo, refinados, gas y petroquímicos básicos):
A) Debe modernizarse y desarrollarse a partir exclusivamente de inversiones públicas de la nación realizadas a través de Petróleos Mexicanos (como lo establece actualmente la ley).
B) Debe permitirse la participación de inversionistas privados como constructores, propietarios y operadores de redes de ductos y otros sistemas de transporte, instalaciones para almacenamiento y distribución de gas, productos obtenidos de la refinación del petróleo y petroquímicos básicos, para prestar el servicio (maquilar) de refinación de petróleo (artículo 4° de la iniciativa de reformas a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, enviada por el titular del Ejecutivo al Senado), así como la participación de inversiones privadas en la exploración y explotación de hidrocarburos en aguas profundas (artículo 257 quáter de la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Derechos).
2. A Petróleos Mexicanos:
A) Debe concedérsele autonomía presupuestal (separarlo del presupuesto federal), así como autonomía técnica y de gestión (permitírsele invertir los recursos que genera, establecer la política de precios de sus productos y acceder al mercado de capitales de acuerdo con las autorizaciones de su consejo de administración y con los debidos controles del Congreso y de la Auditoría Superior de la Federación).
B) Debe mantenerse dentro del presupuesto federal y con los controles administrativos actuales.
Desde luego, después de hechas las consultas y conocidos sus resultados, habrá que traducirlos, por una parte, en iniciativas de ley; por la otra, en planes y programas de trabajo de Petróleos Mexicanos y la industria petrolera en el sentido más amplio. En ambos casos, pero sobre todo en el primero, serán de gran importancia las iniciativas que presenten en el Congreso los legisladores del Partido de la Revolución Democrática y la labor de negociación y convencimiento que lleven a cabo para construir las mayorías legislativas necesarias para que, al final de cuentas, se ponga en práctica una política petrolera que permita la efectiva modernización y desarrollo de la industria, que prolongue lo más posible la vida de las reservas y contribuya al crecimiento de la economía, a la industrialización y al empleo, objetivos de la política petrolera que reclama la nación.