Impugnarán la negativa de juez español a indagar abusos contra catalana en Atenco
■ La tortura sufrida por Cristina Valls en 2006 es delito a escala internacional: abogadas
La organización no gubernamental que representa legalmente a la catalana Cristina Valls en su demanda internacional por las torturas sufridas durante su arresto en San Salvador Atenco, en mayo de 2006, Women’s Link Worlwide, apelará contra la negativa del juez español Fernando Grande Marlaska, magistrado de la Audiencia Nacional, quien el lunes de la semana pasada le negó el amparo de la justicia española a esta ciudadana.
Valls, detenida y torturada junto con otra española, María Sastres, y cinco extranjeros más el 4 de mayo de 2006, fue expulsada ilegalmente del país, lo que le impidió demandar a sus agresores en México. Por ello recurrió al derecho humanitario universal para acusar penalmente en enero pasado ante el tercer juzgado de la Audiencia Nacional de su país a 140 personas –funcionarios de todos los niveles, policías, custodios y agentes de migración– por su presunta responsabilidad en la tortura, abusos sexuales y violación sufridas durante su detención.
Las abogadas de la organización presentarán hoy lunes el recurso de apelación, que contradice el auto del juez Grande-Mar- laska, quien no aceptó la querella correspondiente. En un comunicado, WLW explica que argumentará su caso recordándole al juez que la tortura es un delito de persecución internacional y que, por lo tanto, la competencia mexicana para enjuiciar estos hechos debe considerarse “concurrente” con la jurisdicción española.
“Las investigaciones judiciales mexicanas –escasas y carentes de voluntad esclarecedora– en ningún caso deben suponer ni la inhibición ni la delegación de responsabilidad de la justicia española para conocer e investigar un delito tan grave”, asienta la organización.
El recurso de apelación señala que la jurisprudencia aplicable a casos de graves violaciones de derechos humanos señalan como único límite para la investigación judicial el principio de “cosa juzgada”, que no se ha producido en este caso. “Muy por el contrario, las actuaciones policiales y judiciales mexicanas sobre estos hechos han sido escasas, incompletas, opacas y claramente orientadas a garantizar la impunidad de las autoridades y mandos policiales implicados. Así lo determinan numerosos informes independientes, como los de Amnistía Internacional, y las constantes denuncias de las organizaciones mexicanas de derechos humanos”, exponen las defensoras.
Recuerdan, para apuntalar la apelación, que hay precedentes de sentencias en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en el Tribunal Constitucional que han dado el peso necesario a los procesos judiciales cuando se trata de graves violaciones de derechos humanos.
En esta querella concurre, como testigo, la mexicana Italia Méndez, otra de las 11 mexicanas que denunciaron abusos sexuales y tortura durante el tiempo en que estuvieron detenidas en manos de las corporaciones policiacas federales y del estado de México, hasta ahora de manera infructuosa. En total, según han documentado los organismos humanitarios, fueron 47 mujeres detenidas en Atenco, y todas sufrieron abusos sexuales violentos.