■ En la sección 10 de Minatitlán nadie rinde cuentas de más de $21 millones por concepto de cuotas

Negocios millonarios al amparo de la corrupción ahogan al STPRM

■ Denuncian trabajadores abuso de poder, ocultamiento de ingresos, saqueo, represión y despidos

■ Muestran factura por más de 66 mil pesos de un Rolex obsequiado a Carlos Romero Deschamps

Patricia Muñoz Ríos

En el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) diversas secciones gremiales han devenido “cotos de poder” y han hecho “negocios multimillonarios” para sus dirigentes. Ejemplo de lo anterior es la sección 10, de Minatitlán, Veracruz, la cual recibe un millón 800 mil pesos mensuales por concepto de cuotas, es decir, más de 21 millones de pesos anuales; asimismo, “tiene ingresos por el arrendamiento de diversos inmuebles, la administración del Casino Petrolero, recursos por el cobro de transportación de personal y otros, de cuyo destino no hay rendición de cuentas”.

Un cúmulo de documentos, entregados a La Jornada por trabajadores de esta sección 10, detalla la serie de querellas que se han presentado contra sus dirigentes. Los fajos de información que se han enviado al presidente Felipe Calderón y al secretario del Trabajo, Javier Lozano, detallan denuncias de saqueo, actos fraudulentos, represión y despidos contra los trabajadores que dan a conocer los hechos, así como reiteradas solicitudes que se han hecho a las autoridades para que intervengan y paren esta corrupción sindical.

Entre la información que entregaron se encuentra la copia de una factura por 66 mil 615 pesos por la compra de un reloj Rolex Perpetual que la sección 10 le compró a Carlos Romero Deschamps, documento que claramente señala que es un “obsequio” para el secretario nacional del sindicato petrolero, así como copias de un memorando en el que se pide una “colaboración” de 200 pesos a los más de 7 mil trabajadores de esta sección 10, por concepto de “festejo” del onomástico de su dirigente.

Se indica que, como secretario general de esa sección, Jorge Wade González manejó durante seis años 120 millones de pesos por concepto de cuotas sindicales, además de los ingresos por “transporte de personal por rutas y por centro de trabajo”, que ascienden a 297 millones, mismos que Pemex pagó a esta organización, así como las rentas de bienes inmuebles. El mencionado dirigente nunca entregó cuentas de los recursos y para cubrirse dejó en su lugar, a través de un proceso de elecciones amañado, a Donaciano González Hidalgo.

Este líder petrolero recibió a su llegada al cargo 688 mil pesos por concepto de “transportación de personal” por parte del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, además de las cuotas y de todos los ingresos que percibe esta sección sindical.

Las denuncias también se han hecho llegar al secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, y al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, así como a diversos legisladores. En ellas los trabajadores piden un cambio de fondo a la corrupción en la estructura de este sindicato, donde dijeron que incluso con el apoyo de policías estatales se impide a los opositores entrar a las asambleas, además de que los persiguen, los agreden y los privan de sus derechos sindicales.

En la información, firmada entre otros por Ángel de Jesús Vidal, Ricardo Landa, Luciano López, Alfredo Mastachi y Adolfo García, se indica que la sección no rinde cuentas del destino de los recursos, pues las asambleas se hacen amañadas y nunca hay quórum, como marcan los estatutos.

Tampoco se les informa del destino de los recursos que se les descuentan por cuotas sindicales y que al año suman de 21 millones 600 mil pesos; se desconoce el estado que guardan la tesorería y la caja de ahorros; hay un manejo discrecional de las plazas vacantes que dejan los jubilados; no se respetan derechos laborales de los transitorios; los procesos de elecciones se llevan a cabo en total antidemocracia y se “cocinan en lo oscurito”, y en general, “se ha perdido el objetivo por el que fue creado el sindicato”, pues los dirigentes ya se adueñaron de la organización como un negocio propio.

Para colmo, agregan, como Wade González se candidateó para diputado local por el distrito 28, por medio de memorandos del propio sindicato petrolero se “invitó” a los trabajadores petroleros a apoyarlo y hasta a que votaran por él.

Incluso, aseguran, se metieron a las cuentas del sindicato los gastos de la despedida de soltera de la hija de Wade; también aparecen recibos de préstamos incobrables y otros por “gastos de representación” de sus principales colaboradores. Toda esta corruptela aderezada por el manejo de las plazas, según apuntan en la información.

Señalan finalmente que al igual que en la sede central del sindicato, en la ciudad de México, en Minatitlán se ha seguido la política de “puertas cerradas” del edificio sindical y no se permite entrar a las asambleas a los trabajadores opositores, los cuales hicieron un llamado a las autoridades porque temen que las represalias puedan llegar hasta sus familias.