Usted está aquí: domingo 13 de julio de 2008 Política Simulación del gobierno, la búsqueda de restos de desaparecidos en los 70, acusan

■ Con las excavaciones en Atoyac pretende encubrir a los culpables, afirma ex guerrillero

Simulación del gobierno, la búsqueda de restos de desaparecidos en los 70, acusan

■ Advierte activista que el rastreo de cuerpos se hace con metodología inadecuada e ineficiente

Sergio Ocampo Arista y Gustavo Castillo García (Corresponsal y reportero)

Chilpancingo, Gro., 12 de julio. Las excavaciones que lleva a cabo el gobierno federal desde el lunes pasado en lo que fue el cuartel militar de Atoyac de Álvarez, “es una manera de evadir las responsabilidad y seguir encubriendo a los culpables, entre ellos el general Mario Arturo Acosta Chaparro, que goza de una libertad que insulta a la sociedad”, consideró Octaviano Santiago Dionisio, ex guerrillero y antiguo integrante del Partido de los Pobres, fundado por Lucio Cabañas Barrientos.

“Qué mejor la Procuraduría General de la República (PGR) detenga al general Acosta Chaparro y que éste declare dónde están los 400 desaparecidos de la guerra sucia de los años 70”, dijo el ex dirigente estatal del PRD.

Recordó que Acosta Chaparro “goza de una impunidad escandalosa y él sabe dónde están los desaparecidos. Para qué están escarbando los propios familiares, para qué quieren las comisiones cuando él sabe perfectamente, cuántos y dónde están”.

Hasta el momento no se tiene ningún resultado, “ya que los culpables reales de las desapariciones gozan de una impunidad preocupante, no han sido juzgados; desde un principio puse en tela de juicio los resultados de esta supuesta investigación, porque no hemos visto ningún interés serio de la autoridad federal”.

Santiago Dionisio insistió en que la PGR “por un lado, encubre a los responsables de estos crímenes de guerra y, por el otro, como que realiza la investigación, que finalmente no la está haciendo. Acosta debe decir en qué lugar están enterrados o en qué lugar los aventaron (al mar), o en el Campo Militar Número Uno, en la 27 zona militar o en el campo de aviación de Pie de la Cuesta en Acapulco”.

“Con las excavaciones el gobierno pretende dejar transcurrir el tiempo, permitir que los responsables se mueran por la vía natural y lavarse las manos para demostrar que el Estado mexicano no es responsable de ningún delito de lesa humanidad… ellos no son culpables de nada, no son como los militares argentinos, chilenos o uruguayos, y nunca tuvieron nada que ver con la guerra sucia; es más, ellos nunca fueron culpables de nada, como lo han venido sosteniendo hasta hoy”, comentó sarcástico.

Excavaciones erróneas

Para localizar restos humanos en lo que fue un cuartel militar en Atoyac de Álvarez, Guerrero, sepultados durante la llamada guerra sucia, es necesario que antes de continuar con las excavaciones se realice una investigación preliminar exhaustiva, con criterios antropológicos, indicó Alejandro Juárez Zepeda, vocero de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Indicó que para que estas labores de búsqueda sean más efectivas se requieren mapas de la estructura que tenía el cuartel de Atoyac, donde estuvo asentado el 49 Batallón de Infantería.

El vocero de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dijo que hace falta una investigación exhaustiva con fotografías aéreas de la zona, planos del ex cuartel e, idealmente, documentos de inteligencia y partes militares para poder determinar las zonas en las que habría mayores probabilidades de encontrar restos.

Al respecto, informó que “según la experta Claudia Bisso, del Equipo Argentino de Antropología Forense y que participa en esta búsqueda, lo más correcto es cavar trincheras de manera sistemática por todas las hectáreas que ocupaba el cuartel militar”.

Estas diligencias están relacionadas con base en la averiguación previa SIEDF/CGI/454/2001, en la que se busca localizar los restos de Rosendo Radilla y otros guerrilleros desaparecidos. Sin embargo el caso de Radilla ha tenido un avance en la búsqueda debido a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que esa instancia ha determinado la responsabilidad del Estado en esos hechos.

 
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