La reforma energética, ¿constitucional o no?
Lo planteado en los artículos cuarto y sexto de la iniciativa de la ley reglamentaria del 27 constitucional, y 45 y 46 de la propuesta de nueva ley orgánica de Petróleos Mexicanos (Pemex), entre otros –aunque no lo aceptan los defensores del proyecto–, es la autorización para suscribir contratos de riesgo por asignación directa, e incluso confidencial, con remuneraciones discrecionales e incentivos, o condicionados a la generación de ingresos para cubrir los costos del proyecto; o sea, un mecanismo para compartir la renta petrolera.
Si no son contratos de riesgo los que proponen, ¿nos estaban engañando cuando nos decían que no había otra forma de obtener la tecnología que compartiendo los resultados?, ¿o nos engañan ahora al decirnos que no hay en la iniciativa contratos de riesgo y los están disfrazando?
La verdad es que nos engañaron antes con la amenaza y nos quieren engañar ahora con el disfraz. Sí se puede contratar la tecnología sin compartir una sola molécula del hidrocarburo, y sí hay contratos de riesgo en las iniciativas.
El documento del Banco Mundial titulado Creando las bases para el crecimiento equitativo de México, 2006-2012, entregado a nuestro gobierno antes del envío de las iniciativas al Senado, dice en lo relativo a energía que “aunque la condición de Pemex como monopolio de Estado está garantizada en la Constitución, sería necesario encontrar alguna forma de asociarse con otras compañías para realizar actividades de exploración que eviten problemas de seguridad energética a futuro y que generen incentivos al trabajo eficiente en el sector. Petróleos Mexicanos carece de recursos técnicos y financieros para realizar actividades de exploración más intensas”.
El falso dilema de que no tenemos ni el dinero ni la tecnología, y por tanto debemos “ir acompañados” entregando parte de la riqueza nacional, tiene su origen, como se ve, en las oficinas del Banco Mundial y en las reflexiones de los analistas pagados para establecer el plan estratégico de los dueños del organismo internacional y garantizar la seguridad energética de los mayores consumidores de petróleo del mundo.
Demasiada coincidencia entre la propuesta del banco y las iniciativas presidenciales. Qué lamentable que estén tan cerca de las recomendaciones del Banco Mundial y tan lejos de los Sentimientos de la nación.
La propuesta no es ningún invento original; en 1992, sin modificar la Constitución y mediante leyes secundarias, se abrió indebidamente la generación de energía eléctrica para servicio público y hoy 30 por ciento de ésta, área de exclusividad del Estado, la hace el sector privado extranjero en un negocio sin riesgo, que ha dejado pingües ganancias a varias empresas trasnacionales y que no se ha reflejado en ningún beneficio para los ciudadanos.
Se usó la misma metodología: no tocar la Constitución ni con el pétalo de una rosa y darle la vuelta para obtener lo que se persigue.
La maquila de gasolinas en refinerías del sector privado es la versión petrolera de los generadores independientes de energía eléctrica.
Así se “fortaleció” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con los mismos argumentos de que no se privatizaba, que no se vendería un solo tornillo de la paraestatal, luego de amenazarnos, como hoy con el petróleo, de que en pocos años nos faltaría la electricidad si no se aceptaba la modificación.
Evidente y preocupante semejanza entre nuestra reciente historia eléctrica y nuestras perspectivas petroleras.
En 1993, ya aprobada la mencionada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, oí en un programa de televisión de Nino Canún una amplia discusión sobre el tema, en la que el licenciado Felipe Calderón, entonces diputado por Acción Nacional, tuvo una participación razonada e informada, al final de la cual concluyó: “yo estoy totalmente de acuerdo con el objetivo de permitir a la iniciativa privada su participación en la generación de energía eléctrica, pero estoy plenamente consciente de que la ley aprobada es anticonstitucional”. Se quiere repetir la hazaña: “fortalecer a Pemex sin privatizarlo”, pero dejando al sector privado nacional o extranjero la propiedad de ductos y refinerías, y la entrada a la importación y venta de gasolinas y dándole contratos “de riesgo” para la exploración y la explotación de nuestro petróleo.
Durante los debates, los constitucionalistas que han argumentado la inconstitucionalidad de las iniciativas, lo han hecho tajantemente; quienes las han defendido han expresado mayoritariamente la conveniencia de revisar la redacción, para que no tengan dificultades en la Suprema Corte de Justicia, ante una posible controversia constitucional. “A buen entendedor…”