■ Cada vez menos secretarios de Estado informan sobre su patrimonio, dice Eréndira Sandoval
Función Pública alienta la desconfianza social en gobernantes, sostiene académica
■ La dependencia omite datos sobre manejo de pesquisas relativas a presunta corrupción
A la fecha, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha omitido informar sobre el tratamiento que da a las averiguaciones que inicia contra funcionarios acusados de corrupción; tampoco difunde si esos casos se resuelven satisfactoriamente y lo más revelador es que esa dependencia apenas ha podido cobrar 0.03 por ciento de las multas que impone a los sancionados, destacó Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, académica del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Por ello, dijo, no sorprende que 46 por ciento de los mexicanos desconfíen de los funcionarios y afirmen que son parte de la corrupción que afecta al país.
Según la SFP, por día hábil inicia unas 15 auditorías, y 4 mil por año. A pesar que en 2007 recibió unas 300 mil denuncias en contra de funcionarios sospechosos de incurrir en actos irregulares, no se atendieron por “ser anónimas”. De ese total, menos de cinco por ciento procedieron.
De las 4 mil auditorías “internas” que emprendió en 2007 a las dependencias federales, se desprendieron 17 mil observaciones, las cuales se someten a una “segunda” revisión para determinar si proceden las irregularidades que “muchas veces obedecen a que faltó un comprobante, una firma y otros aspectos que se solventan”.
Aunado a ello, cada vez menos secretarios de Estado aceptan informar sobre su patrimonio personal. Este año, sólo 3 de 20 titulares de entidades gubernamentales aceptaron dar a conocer su patrimonio; en la gestión pasada, cinco de 19 funcionarios accedieron someter al escrutinio público su patrimonio, entre ellos Vicente Fox.
Sólo 87 averiguaciones durante el foxismo
Sobre el tema, la titular del laboratorio de documentación y análisis de la corrupción y la transparencia del IIS destacó que en casi todo el sexenio de Fox, de 2000 a 2005, la SFP abrió sólo 87 averiguaciones previas contra funcionarios corruptos, un promedio de dos al año. Los cargos se vincularon a cuestiones menores: 48.8 por ciento de los expedientes fueron por negligencia administrativa (descuidos); 35.9, violación de normativas presupuestales; 8.8, violación de procedimientos de adquisiciones; 5.0, abuso de autoridad, y sólo uno por ciento por corrupción.
Según la SFP, en la gestión de Fox se registraron unas 5 mil observaciones; de ellas, 340 están pendientes de “solventar”. En lo que corresponde a este sexenio, la SFP ha omitido informar.
Aunado a ello, dijo Sandoval, buena parte de los funcionarios se niegan a difundir sus declaraciones patrimoniales. “En Estados Unidos no sólo están obligados a ello, sino que se deben deshacer de bienes que comprometan su desempeño.”
En este sexenio sólo tres de 20 secretarios de Estado han aceptado hacer pública su declaración patrimonial: el titular de la SFP, Salvador Vega; el de la PGR, Eduardo Medina Mora, y el de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar.
Sandoval recordó que con la reforma al artículo sexto constitucional –que fija el derecho de los ciudadanos a obtener información pública– se logró un importante avance. Sin embargo, “los funcionarios, en lugar de respetar la ley y rendir cuentas claras, prefieren destruir cualquier documento que les pueda ser requerido con posterioridad”.
Un rezago mayor, añadió, es la corrupción estructural, relativa a los conflictos de interés de diversa índole que abundan en las más altas esferas, además de la opacidad y la falta de indicadores de desempeño.
De ahí que no sorprenda que en los sondeos de Transparencia Internacional el país tenga el segundo sitio en la escala de las naciones más corruptas en América Latina, sólo superado por Haití, y peor posicionado que Perú, Colombia, Paraguay y Venezuela, precisó.