■ Llaman a solicitar 20 millones de amparos
Piden ciudadanizar las quejas contra la Ley del ISSSTE
Al destacar la necesidad de ciudadanizar el movimiento contra la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), Román Díaz Vázquez, uno de los abogados que llevan los amparos del caso, fijó una nueva meta: recabar “20 millones de demandas”, las cuales, dijo, se pueden lograr si la mitad de los 2 millones de amparados logra convencer por su cuenta a otros 10 para que interpongan este recurso jurídico.
Esto sería una demostración de la gran fuerza de la ciudadanía y de que la “ley está quebrada, no por capricho ni por cuestiones partidistas, sino porque afecta las garantías de los trabajadores”.
Al participar en el foro permanente de conferencias sobre la Ley del ISSSTE organizado por el Parlamento Social, Díaz Vázquez planteó inclusive hacer partícipes de esta lucha y con el objetivo de que comparezcan, a los hijos de los 11 millones de derechohabientes, los cuales estimó en unos “10 millones”.
Con todo lo anterior, recalcó, “se podría hacer una revolución sin disparar un sólo tiro”, ya que el objetivo es hacer valer la inconformidad de manera pacífica. Señaló que al tener “éxito un cuarto amparo (masivo) se incrementa en un porcentaje muy alto la posibilidad de revisión de la nueva ley” del instituto.
Por otro lado, desmintió los señalamientos de que se han perdido los 2 millones de amparos. Decir tal cosa “es una barbaridad” y “un rumor muy grave que sólo hace el caldo gordo” a quienes promueven esta “ley inhumana”.
Por su parte, David Vences, dirigente social de jubilados y pensionados, exhortó a este gremio a hacer causa común con los trabajadores en activo, ya que no se puede descartar la posibilidad de que al final el Ejecutivo “diga que no hay dinero” para remunerarlos.
Explicó al auditorio que se han presentado casos al ISSSTE de trabajadores a quienes ni siquiera les han pagado correctamente desde 2006, y también alertó sobre algunas asociaciones civiles que se han convertido en un “negocio” de particulares.