México SA
■ Desarrollo tecnológico de la IP a cargo del erario
■ Doble discurso de “reformistas”
Resulta grotesco escuchar los lamentos de los panegiristas de la “reforma” petrolera calderonista cuando se quejan de la falta de recursos públicos para financiar la investigación y el desarrollo de tecnología en México. Más aún, cuando se conoce que en los últimos siete años alrededor de 14 mil millones de pesos salieron de las arcas públicas para subsidiar a las grandes empresas (nacionales y foráneas) de la iniciativa privada, vía fiscal, en esos renglones.
Por ejemplo, la estadística oficial documenta que de 1999 a 2005 el gasto promedio en investigación y desarrollo tecnológico (IDT) por parte del Instituto Mexicano del Petróleo fue de 43 millones de dólares, un monto 13 por ciento inferior al que el gobierno de Calderón otorgó tan sólo en 2007 a General Motors (48.6 millones de dólares; si se suma 2006, el saldo se aproxima a 100 millones de billetes verdes) para que esta trasnacional saque adelante sus propios proyectos de IDT, muchos de los cuales, por no decir todos, son celosamente guardados como “secreto industrial”, sin beneficio alguno para el país.
Algo similar sucede con otras trasnacionales automotrices establecidas en México, que en tan sólo dos años (2006 y 2007) recibieron multimillonarios subsidios fiscales para desarrollar sus propios proyectos de IDT, obviamente sin beneficio para el país: DaimlerChrysler (cerca de 340 millones de pesos), Volkswagen de México (270 millones), Nissan (78 millones) y Ford Motor Company (110 millones). Más de 75 millones de dólares que bien pudieron destinarse a fortalecer la investigación y el desarrollo de tecnología de, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Petróleo.
Los 8 mil 500 millones de pesos (2006-2007) que en subsidios fiscales otorgaron el gobierno foxista en su (felizmente) último año y el calderonista en su estreno en Los Pinos, representan casi el 38 por ciento del presupuesto 2008 de la Universidad Nacional Autónoma de México (40 por ciento de la investigación en el país), a la que los genios de Hacienda le solicitaron recortar su gasto para poder atender los compromisos políticos de Felipe Calderón en el marco del programa Oportunidades. Significa, igualmente, más del 100 por ciento del presupuesto de muchas universidades públicas de la República, a las cuales se les otorgan a cuenta gotas los recursos.
Pero en la danza de los millones los organismos educativos y científicos del país no son bien recibidos. Foxistas y calderonistas creen que es mejor subsidiar los “inventos” y la producción de alimentos chatarra que, por ejemplo, destinar esos dineros a la construcción y reconstrucción de aulas educativas a lo largo y ancho del país. No hay dinero para comprar pupitres o poner techos en las escuelas rurales, pero sí, y en abundancia, para destinar más de 283 millones de pesos a la “IDT” de empresas como Bimbo, con todo y Barcel, Pepsico, obviamente con Sabritas, y Bachoco, con todo y gallinas y huevos de los Bours.
En este último caso, el de la familia del gobernador sonorense. Un caso concreto: el gobierno federal autorizó un subsidio fiscal por 16 millones de pesos para que Bachoco aproveche “integralmente (…) la elaboración de alimentos que consideren factores nutricionales” para sus propios pollos, un proyecto que aumentaría en 400 millones de pesos sus utilidades, con la garantía de generar cero empleos, según su propia información. ¿Alguien cree que una empresa como ésta, con más de 2 mil millones de pesos en utilidades netas, requiere ser subsidiada con 16 millones para que sus pollos coman mejor?
En el inventario de grandes empresas beneficiadas con subsidios fiscales para la investigación y el desarrollo de su propia tecnología aparecen (faltaba más) muchas de las ya tradicionales en la interminable relación de “rescates” privados con dineros públicos (del Ficorca al Fobaproa, y contando), entre los que destacan bancos, ingenios azucareros, aerolíneas, poderosos grupos del mero Monterrey, duopolios televisivos, monopolios telefónicos, firmas trasnacionales y algunas más, que siempre han sido amigos de los amigos y enemigos de “apostarle a algo distinto (porque) implicaría retroceso”.
En sí, el ejercicio de otorgar subsidios fiscales a las grandes empresas para que desarrollen su propia IDT (sin beneficio alguno para el país) resulta aberrante, pero se dan casos que de plano son incomprensibles. Por ejemplo, Banamex, propiedad de la trasnacional financiera Citigroup, aparece relacionado como beneficiario de tal práctica: 15 millones de pesos en 2006, algo inadmisible pues en ese mismo año obtuvo utilidades netas mayores a 21 mil millones de pesos. ¿Para qué necesita Banamex un “apoyo” de 15 millones de pesos, cuando sus beneficios limpios de polvo y paja resultaron mil 400 veces mayores? ¿Con base en qué la Secretaría de Hacienda lo considera para los efectos descritos?
Algo similar sucede con Teléfonos de México. Con cerca de 78 mil millones de pesos en utilidades netas registradas tan sólo en 2006, Telmex fue beneficiado con un subsidio fiscal cercano a 60 millones de pesos. Sin duda es vergonzoso que la Secretaría de Hacienda lo otorgara, pero es verdaderamente inmoral que Slim y sus muchachos lo aceptaran.
Televisa se suma a los casos patéticos, por llamarlos de alguna manera. En 2006, la fábrica de sueños (con el perdón de mi amigo MC) reportó utilidades netas cercanas a 9 mil millones de pesos, pero Hacienda consideró necesario otorgarle un subsidio fiscal para IDT por 672 mil pesos, que el consorcio aceptó y ejerció. Con este dinero Emilio Azcárraga Jean podría comprar algunas chácharas en un paseo por la Quinta Avenida de Nueva York, pero con ese monto ni siquiera financiaría una modesta locación de sus gustadas telenovelas. En cambio, el gobierno podría reconstruir algunas de las muchas aulas que famélicamente sobreviven en la raquítica geografía educativa del país.
Las rebanadas del pastel
¿En qué cabezas gubernamentales cabe que las trasnacionales de todo tipo, los fabricantes de alimentos chatarra, los hueveros sonorenses, Banamex, Telmex, Televisa y tantos otros consorcios triple A necesitan subsidios fiscales para desarrollar su IDT? Sencillo: en las del “cambio” con “continuidad”. ¿Y en qué ética empresarial cabe aceptarlos?