■ La Comisión Permanente discutirá entrenamiento para torturar
Condena generalizada al ayuntamiento leonés
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Una de las imágenes divulgadas por el diario El Heraldo de León muestra a uno de los policías de ese municipio guanajuatense cuando es obligado a rodar sobre su propio vómito, como parte de un entrenamiento en tácticas de tortura defendido por autoridades municipales
Legisladores, académicos, asociaciones de defensa de los derechos humanos, la Iglesia católica, partidos políticos y hasta el ex dirigente de Acción Nacional (PAN) Manuel Espino condenaron el entrenamiento que recibe la policía de León, Guanajuato, en técnicas de tortura.
Tras coincidir en que esta capacitación es violatoria de los derechos humanos, exigieron una investigación a fondo para sancionar a los funcionarios del ayuntamiento panista que avalan estos “abusos”.
Luego que La Jornada difundió información sobre el entrenamiento que recibe el Grupo Especial Táctico de León, senadores y diputados de diferentes partidos demandaron investigar por qué el ayuntamiento prepara a sus policías de esa forma.
El presidente del Senado, Santiago Creel Miranda, y los coordinadores de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete, y del PAN, Gustavo Madero, afirmaron que la tortura es “una práctica condenable y reprobable que debe ser denunciada”. Asimismo acordaron llevar hoy el tema a la Comisión Permanente, ya que se trata de “una regresión” en la defensa de las garantías individuales.
La sociedad, en peligro
El senador Francisco Arroyo, del Partido Revolucionario Institucionales (PRI), demandó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indague las presuntas violaciones a la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Tortura.
“El PAN y el Yunque impulsan estas prácticas que creíamos del pasado –dijo el priísta–. Se están creando criminales en potencia y hay que hacer denuncias públicas porque la sociedad guanajuatense correrá serios peligros.”
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Omeheira López Reyna, llamó a las autoridades estatales y del Instituto Nacional de Migración para que investiguen y sancionen a los funcionarios que aprobaron este entrenamiento y permitieron el ingreso de extranjeros para impartirlo.
La diputada panista llamó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal a revisar urgentemente las políticas de capacitación policiaca, a promover el respeto a los derechos humanos y a indagar los abusos cometidos contra los policías de León que participaron en la práctica.
Guillermo Garduño, especialista de la unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana en seguridad nacional y fuerzas armadas, afirmó que es un “doble error” dar ese tipo de adiestramiento a policías de cualquier nivel. Además de “la inutilidad y la estupidez del hecho, las autoridades policiacas deberían saber que ninguna prueba obtenida bajo tortura es legal”.
El segundo error, “más delicado”, radica en que “se deja a los elementos de seguridad pública en total indefensión frente a actos de autoridad que violan sus derechos humanos y constitucionales”.
Edgar Cortez, de la Red Todos los Derechos para Todos, pidió a la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato emitir una recomendación para cancelar ese entrenamiento.
Miguel Concha, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, advirtió que en varios estados hay corporaciones policiacas que violan los estándares mínimos sobre el uso de la fuerza.
El encargado de Pastoral Social del Episcopado Mexicano y obispo de la diócesis de Valle de Chalco, Artemio Flores, afirmó que la tortura es injustificable y utilizarla no es el tipo de preparación que requieren los cuerpos policiacos para enfrentar el crimen organizado.
El ex dirigente panista Manuel Espino dijo que la posición de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), que él preside, es contundente: “Ni como ensayo de laboratorio es permisible la tortura”.
María Esther Azuela Gómez, delegada de la Asamblea Nacional del Partido Alternativa Socialdemócrata, pidió denunciar los hechos a la CNDH y, ante “el autoritarismo” con que el Ejecutivo federal maneja el tema del crimen organizado, sugirió a los partidos de izquierda incorporar en sus agendas el problema de la inseguridad para evitar que la derecha lo monopolice y viole los derechos humanos.
Ombudsman local pide aclaración
“Alguien tendrá que responder, dar muchas explicaciones y convencer a la ciudadanía”, afirmó el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG), Manuel Vidaurri Aréchiga.
El ombudsman, quien ayer estuvo en Mérida, Yucatán, en la reunión binacional México-España sobre derechos humanos informó que el organismo a su cargo ya inició la queja 163/08-O. La policía leonesa “necesita de una capacitación más profunda. (La tortura) es un acto indebido. ¿En quién puede confiar la ciudadanía?”, preguntó.
Esther Ruiz Cobo, vocera de la PDHEG, informó que el organismo busca identificar a los policías torturados. “Ya solicitamos un informe al gobierno de León”, señaló.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso de Guanajuato, Bárbara Botello Santibáñez, lamentó las declaraciones del alcalde panista de León y sus colaboradores, quienes defienden la tortura como método de capacitación policial.
“Si para el alcalde y su secretario de seguridad pública, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, todo eso es normal, también será normal que se violen las garantías de los ciudadanos. Parece que no saben qué son los derechos humanos, ni que nada justifica que un delito se combata con otro”, afirmó la legisladora en la capital de Guanajuato, luego de la toma de protesta de policías ministeriales.
“Éstas son prácticas de un gobierno de ultraderecha, de El Yunque, de los que creen que para establecer el reino de Dios en la tierra se puede hasta matar. Hay que tomar en cuenta estas cosas cuando el procurador (de Guanajuato, Daniel Chowell Arenas) se despide con un ‘que Dios los bendiga’ del acto (de los ministeriales)”, indicó.
Horas antes, en el Congreso estatal, el presidente de la comisión de derechos humanos, el panista Juan Huerta Montero, se enredó al tratar de justificar los cursos de tortura.
Primero dijo que todos los agentes deben recibir capacitación, “aunque sea de tortura, porque deben saber qué es”. Luego, instruido por asesores, intentó rectificar: “Es una aberración contratar a instructores para que enseñen esas prácticas; México ha firmado tratados internacionales y se deben respetar”.
Su compañero de fracción y miembro de la Comisión de Seguridad, Antonio Ramírez Vallejo, censuró los cursos porque “atentan contra la dignidad de las personas”.