■ Pese al incremento en capital, el número de patentes solicitadas ha disminuido
Critican científicos la opacidad en el manejo del Programa de Estímulos Fiscales
El Programa de Estímulos Fiscales (PEF) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), vigente desde hace siete años, se encuentra en medio de una controversia. Por un lado, la comunidad científica critica la proclividad en la asignación de recursos a trasnacionales y grandes empresas nacionales, la escasa transparencia del mismo y que muchas de las firmas beneficiadas por los estímulos “los usen como un método para deducir impuestos”.
Citan como ejemplo de la mala aplicación de ese dinero la caída en el índice de crecimiento de patentes en el país al pasar de 2 a 1.4 por ciento en los pasados seis años.
Por el otro lado, los directivos de Conacyt argumentan que estos apoyos fiscales y económicos “en verdad están desarrollando tecnología”.
Leonardo Ríos, director adjunto de Desarrollo Tecnológico y Negocios de Innovación del Conacyt, sostuvo que la intención del programa es generar un trabajo conjunto entre academia y empresariado. “Es la única manera en que puede haber negocios de base tecnológica: tiene que haber transferencia de conocimiento y tecnología de las universidades públicas y centros de investigación hacia las empresas”.
Aceptó que la mayor parte de los recursos del PEF se dirigen a empresas grandes, pero aclaró que a partir de 2009 iniciará la segunda etapa del programa en la que se prevé apoyar en mayor medida a micros, pequeñas y medianas empresas.
Ante las fallas del programa, el Conacyt informó hace unos días que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos prepara una evaluación a fin de mejorarlo; sin embargo, no hay una fecha establecida para hacerla pública. Recientemente el Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Instituto Tecnológico Autónomo de México realizaron también un estudio del PEF, cuyos resultados tampoco han sido divulgados.
Muchos de los críticos del programa aseguran que algunas de las empresas lo usan con el fin de “evadir el pago de impuestos”, pues “aparentan” poner centros de investigación o generar innovaciones, aunque en desarrollo de patentes México sigue muy por debajo de los niveles internacionales. Por ello exigen que esos recursos que no llegan a las arcas del fisco se cobren y se entreguen a instituciones y universidades públicas.
Los directivos del Conacyt no están de acuerdo con ese enfoque. Según Ríos, “al final de cuentas las empresas contratan a científicos mexicanos para generar investigación y desarrollo, por lo que de manera indirecta ese dinero llega a las universidades. Es mucho más interesante generar patentes y empresas nuevas que pensar en un investigador que es muy bueno y se le da dinero para que haga lo que quiera y en 10 años regresemos y ver para qué sirvió”.
Rafael Loyola Díaz, de la Academia Mexicana de Ciencias y del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, señaló –con base en informes del propio Conacyt– que la inversión en investigación experimental y aplicada ha tenido un incremento importante en los años recientes en el país, donde se incluye el PEF. Sin embargo, los resultados no muestran un avance en desarrollo tecnológico, científico e innovación.
Informó que las estadísticas oficiales revelan que existe una caída en el registro y solicitud de patentes mexicanas, pues mientras en 1977 se solicitaron 10 mil 531, para 2006 la cifra sólo subió a 15 mil, además que el índice de crecimiento de éstas bajó de 2 por ciento en 2002 a 1.4 en 2006, mientras que el porcentaje de artículos científicos creció en el mismo periodo de 1 a 3 por ciento. “Esto demuestra que los resultados no corresponden a la inversión que se ha dado”.
Resaltó que la comunidad científica no se opone a que exista un vínculo entre academia e industria. Sin embargo, acotó, está preocupada por el PEF, debido a que hay indicios de que las empresas, sobre todo de servicios, lo usan para deducir impuestos más que para generar innovaciones y ciencia. “No hay una evaluación de los resultados, ni una adecuada coordinación de procesos, no hay un adecuado funcionamiento de revisión de cuerpos colegiados y carece de una evaluación externa.”
Al respecto cabe destacar en que los resultados del PEF, publicados en el Diario Oficial del 3 de marzo de 2008, aparecen empresas de servicios beneficiadas: Gigante, 26 millones de pesos de exención; Indeval Depósito de Valores, 20 millones; Servicios Liverpool, 19 millones; Office Depot, 5.3 millones y Médica Sur, con 3.4 millones.
En ese sentido, Loyola propuso que en el proceso de asignación de esos recursos participen académicos, empresarios y gobierno.
El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Senado, Francisco Javier Castellón, consideró que para evitar los grandes beneficios a trasnacionales los fondos “deben diferenciarse, es decir, crearse presupuestos específicos para micro, pequeñas, medianas y grandes empresas”.
José Luis Fernández Zayas, coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico –organismo de consulta del Conacyt–, sostuvo que el PEF tiene pros y contras y, en primer lugar, mencionó, debe quitársele el tope presupuestal impuesto por el Legislativo –que para este año fue de 4 mil 500 millones de pesos– para un mejor funcionamiento.
Propuso sujetar los proyectos a constantes auditorías y sancionar a quienes no cumplan con los requerimientos de generar innovación científica y tecnológica; ejercicios en los que participen instituciones gubernamentales, científicos y empresas.
Marco Antonio Meraz, secretario de Planeación del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), aseguró que el PEF es “extraordinario porque es una forma de poder incidir y motivar a las empresas mexicanas y extranjeras que inviertan en ciencia”. Mostró confianza en el comité evaluador de los proyectos, por lo que consideró que “es difícil que existan trampas” para la asignación de recursos.