De la marcha contra la inseguridad al News Divine
Convertida en gobierno, la izquierda partidaria se ahoga en el pantano de la seguridad pública. Decidida a no dejar en manos de la derecha tan espinoso asunto, no encuentra la forma de elaborar una política propia. En los hechos ha terminado tomando medidas que casi no se diferencian de las aplicadas por la derecha.
El 27 de junio de 2004, la iniciativa conservadora para capitalizar el descontento social por los altos índices de criminalidad, puso a la administracionde Andrés Manuel López Obrador contra las cuerdas. Hoy, cuatro años después, la tragedia precipitada por el operativo policiaco en la discoteca News Divine ha acorralado al gobierno local.
En 2004, cientos de miles de ciudadanos, convocados por la mediocracia y hartos del avance de la delincuencia, tomaron las calles de la ciudad de México. Poco importó que el Gobierno del Distrito Federal hubiera contratado los servicios del controvertido ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, y echara a caminar un programa de cero-tolerancia. Cinco meses más tarde, el 23 de noviembre, el linchamiento de tres policías a manos de una turba enfurecida en San Juan Ixtayopan precipitó la caída del entonces jefe de la policía capitalina, Marcelo Ebrard. La lección que el Partido de la Revolución Democrática sacó fue no dejarse ganar nunca más este crucial punto de la agenda política.
Así las cosas, con el pretexto de la lucha por la seguridad pública y preocupadas por no parecer débiles, las autoridades del Distrito Federal lanzaron una batalla contra el hampa que muy pronto se convirtió en una campaña de hostigamiento permanente y sistemático hacia los jóvenes, sobre todo de escasos recursos. Basta ver cómo los tratan las diversas policías en sus lugares de residencia, en paraderos de microbuses y en sus centros de encuentro y diversión. El abuso policial contra los adolescentes es un hecho cotidiano, sobre todo cuando forman parte de alguna tribu urbana.
Durante décadas, los muchachos de los barrios populares y las colonias periféricas de la capital hicieron de las calles su espacio principal de convivencia y diversión. En ellas jugaban futbol, escuchaban música, bebían caguamas y “cotorreaban”, actividad que ciertamente incomodaba a otros vecinos. Desde hace unos años es común que las patrullas impidan de mala manera esta forma de relación. Los patrulleros apañan y extorsionan a los adolescentes acusándolos de beber en la vía pública o escandalizar.
So pretexto de evitar los asaltos en los transportes colectivos, es frecuente que los policías revisen a jóvenes que van a abordar las combis, sin razones legales que lo avalen. Cuando les encuentran pequeñas navajas se las quitan, argumentando que son “armas blancas”. No es inusual que les bajen una lana. Lo mismo hacen en las noches con los grupos de muchachos que, indefensos, caminan por la calle.
Los operativos contra antros y fiestas, con el pretexto del combate al narcomenudo y de evitar la venta de alcohol a menores de edad, son frecuentes. Los estudiantes son remitidos a los Ministerios Públicos y vejados por el “delito” de beberse unas cervezas. Si la meta de la autoridad fuera disuadir a los muchachos de cometer ilícitos actuarían de otra manera, no organizando razias. Si el objetivo de los operativos fuera aprehender a quienes intoxican a los jóvenes con alcohol y drogas, la acción debería concentrarse en los victimarios y quienes desde la administración pública les garantizan impunidad, no sobre las víctimas.
No se trata de idealizar a la juventud. Menos aún de hacer una apología de los giros negros. Por supuesto que hay delincuentes juveniles y abundan los empresarios de la industria del entretenimiento que carecen de escrúpulos. Basta ver la forma racista y discriminatoria en que se comportan los cadeneros de los antros. Pero tratar a los muchachos que buscan pasar un buen rato como si fueran potenciales infractores de la ley es un atropello.
La ausencia de espacios para la recreación y el esparcimiento juvenil en la ciudad es asfixiante. Las iniciativas culturales son escasas. Ciertamente, muchos de los proyectos educativos del gobierno de la ciudad son un acierto, pero éstos son insuficientes para dar cauce a las necesidades juveniles. Proyectos exitosos como el Faro sobreviven con presupuestos precarios.
Este fue el clima en el que se realizó el operativo en el News Divine. Se movilizaron 200 policías, varios de ellos enmascarados, para detener a 500 muchachos que deseaban divertirse en una tardeada. En lugar de preocuparse por la seguridad de los adolescentes, los policías se concentraron en trasladarlos al Ministerio Público, donde varias chicas fueron vejadas. Los agentes actuaron como lo hacen usualmente con adolescentes de extracción popular: con indolencia y prepotencia.
La infausta suma de errores que provocó la desgracia no fue resultado de complot alguno, aunque, más tarde, la tragedia fuera usada políticamente para golpear al gobierno de la ciudad. Pero la responsabilidad de las muertes recae, en mucho, en las autoridades policiales del Distrito Federal y en una “doctrina” de la lucha contra la delincuencia que sacrifica a los jóvenes.
A diferencia de 1984, 1994 y 1997, cuando la participación juvenil en las campañas de Cuauhtémoc Cárdenas fue notable y entusiasta, en los comicios presidenciales de 2006 los jóvenes se alejaron de la contienda. Tampoco apoyaron significativamente el plantón de Reforma ni asistieron a las concentraciones contra el fraude electoral en el Zócalo. En parte, esa fue su manera de expresar su rechazo al maltrato que padecen.
La desgracia del News Divine debería servir para que el gobierno capitalino modifique su trato hacia la juventud; a no ser, claro, que quiera seguirse ahogando en el pantano de una política de seguridad pública que en nada envidia la derecha.