Atemorizan a guerrerenses metodistas
A la lista de comunidades que viven intolerancia religiosa en el estado de Guerrero, se suma ahora Zopilotepec, en el municipio de Atlixtac, en la región de La Montaña, donde autoridades locales han amenazados a varias familias de la Iglesia metodista con ser despojadas de su templo, y a sus hijos con expulsarlos del plantel y hacerles daño físico.
El comisariado ejidal, Teodoro Vázquez Rodríguez, y el director de la escuela primaria federal Josefa Ortiz de Domínguez, Amador Ortega Galindo, se han confabulado para despojar de su templo a los miembros de esa iglesia –y construir una capilla católica en su lugar–, mientras que a sus hijos los han amenazado con “quemarlos con velas” y expulsarlos si persisten en acudir al templo de la localidad y para congregarse para los servicios sabatinos y dominicales de esa confesión.
Al presentar la denuncia, el pastor Manuel Acuña Velázquez solicitó con urgencia la intervención del gobierno federal y la subsecretaría de Asuntos Religiosos del gobierno estatal, a fin de detener el clima de intolerancia religiosa, que se suma a otros más en la región de La Montaña de Guerrero, una de las entidades que registra un mayor número de casos de este tipo.
Además, miembros de varias congregaciones cristianas evangélicas de esta y otras comunidades aledañas también han decidido quejarse ante autoridades educativas del estado, debido a que las amenazas atentan contra los derechos humanos, la libertad de culto y las garantías de al menos una treintena de niños en escuelas primarias.
Óscar Moha, representante en México de la organización internacional La voz de los mártires, señaló que Guerrero es uno de los estados donde más se violan las garantías individuales de los cristianos evangélicos en el país. Por ejemplo, el pasado mes de febrero fueron expulsadas al menos 10 familias de la comunidad de Chiepetlán, en el municipio de Tlapa de Comonfort, por profesar una fe distinta a la católica.
Los habitantes debieron abandonar sus casas, luego de que en una junta, donde estuvieron presentes autoridades estatales y federales se acordó despojarlos de sus tierras, pues no quisieron cooperar económicamente para las festividades religiosas locales.
Luego de su partida, los evangélicos fueron amenazados de muerte, si es que regresaban a su pueblo. En esa ocasión también los niños tuvieron que abandonar sus estudios debido a la expulsión.