■ El indígena fue condenado a purgar 60 años de cárcel por plagio
Eventual sanción contra juez que privó a otomí del derecho a contar con traductor
En el caso de Margarito García Castro, un indígena otomí que fue sentenciado a 60 años de prisión por formar parte de una banda de secuestradores, pese a que careció en el juicio de un traductor, tal como ordenan la Constitución y dos pactos internacionales, un visitador del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) revisará si la actuación del juez federal del caso estuvo apegada a derecho, y si no ocurrió así, será sancionado, aseguró el magistrado Luis María Aguilar Morales.
En entrevista con La Jornada, Aguilar Morales, uno de los siete integrantes del CJF –órgano administrativo y disciplinario de los juzgadores federales–, sostuvo: “Si este juez incurrió en omisión grave; si no advirtió que la ley dice una cosa y él dijo que dice otra; si no respetó una prueba o no le dio (a García Castro) la oportunidad de tener un intérprete, sin duda lo sancionaremos”.
En su edición de ayer, este diario reveló que durante los dos años en que el otomí de 31 años fue procesado en primera instancia, jamás pudo defenderse ni refutar a la Procuraduría General de la República (PGR) su presunta coparticipación en cinco plagios, porque nunca entendió los cargos que se le imputaron, ya que no habla ni comprende al ciento por ciento el español.
Según consta en autos del expediente judicial 81/2005-II, el magistrado unitario Jorge Fermín Rivero canceló el fallo de primera instancia emitido por el juez de procesos penales José Reynoso Castillo, con el argumento de que aun cuando García Castro sea un presunto delincuente, deben respetarse sus derechos legales inherentes al hecho de pertenecer a una comunidad indígena.
“Es evidente que la autoridad jurisdiccional de primera instancia debió designar un perito traductor del otomí al español”, sostiene el fallo del magistrado unitario.
Ayer, entrevistado en su oficina del CJF, el consejero Luis María Aguilar se refirió al caso de García Castro. Dijo que ningún juez debe evadir su obligación de revisar –en cualquier juicio– los elementos objetivos que marca la ley.
“En el caso particular (de García Castro), suponiendo que existieran violaciones en su perjuicio, todavía tiene la oportunidad de acudir al juicio de amparo precisamente para enmendar estas cuestiones, con el fin de que sea un órgano colegiado el que determine al respecto”, puntualizó Aguilar Morales.
Agregó que el CJF puede iniciar “de oficio” una investigación contra Reynoso Castillo, siempre y cuando después de que una de las dos revisiones anuales que debe realizar la visitaduría general al juzgado a cargo de ese juzgador arroje irregularidades en el proceder jurídico del juez.