El que paga manda
Como era previsible, el Plan México va. Dólares más, dólares menos, su aprobación nunca estuvo en duda porque se trata de una pieza clave de la estrategia geopolítica de Estados Unidos para el hemisferio. Con la coartada de la guerra al terrorismo y el crimen organizado –como enemigos míticos sustitutos del fantasma comunista–, la administración de George W. Bush militariza las Américas.
No hubo marcha atrás en el Capitolio. Estados Unidos no da cheques en blanco. La naturaleza policiaco-militar del Plan México y su enfoque contrainsurgente se mantienen. La seguridad invade la relación bilateral, con México en un plano subordinado. El régimen de Felipe Calderón sigue la agenda de la Casa Blanca. El “diferendo” entre el Congreso de EU y Calderón era sólo de forma. En los papeles, México no podía quedar como achichincle de Estados Unidos (Carlos Fuentes dixit). Ergo, había que distorsionar la imagen entreguista de Calderón. Se trataba de un mero problema de lenguaje, semántico, pues. Y se solucionó. La Cámara baja y el Senado estadunidense se pusieron de acuerdo para “suavizar” los candados y salvarle la cara a Calderón. La famosa “corresponsabilidad compartida” entre Estados Unidos y México, países asimétricos, es un engañabobos; forma parte de la matriz publicitaria del régimen, amplificada por la prensa patriotera cipaya.
El presidente Bush promulgará la ley HR6028 y Washington evaluará la marcha de los programas de seguridad diseñados para México por el Pentágono y la comunidad de inteligencia. Se acelerará la militarización de la sociedad mexicana. Según el documento legislativo devuelto a Bush para su aprobación, las fuerzas armadas y los distintos cuerpos policiales de México serán sometidos a vigilancia externa. No le hagan al cuento. Los círculos militares, de inteligencia y de seguridad estadunidenses penetrarán aún más a sus contrapartes en México, igual que hicieron antes en Colombia. Pero hay otros ganadores: grandes corporaciones del complejo militar industrial harán pingües negocios con sus aviones, sus helicópteros y sus programas de espionaje, control computarizado y entrenamiento.
Las estrategias militares, de interdicción y fumigación en materia de narcotráfico han fracasado. Allí está el espejo colombiano: desde 2000 Washington ha “invertido” en Colombia 6 mil millones de dólares, y el informe 2007 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen indica que la superficie de cultivo se incrementó 27 por ciento y el país andino se mantiene como principal proveedor de cocaína al mercado de Estados Unidos. Igual ocurre con el opio en Afganistán, bajo la ocupación del Pentágono y sus aliados. De la “guerra al terrorismo” ni se diga. Son programas fallidos, pero permiten a Washington fortalecer su influencia militar, a la vez que son útiles para imponer una “paz social” que dé seguridad a las políticas económicas en favor de las compañías multinacionales con casa matriz en el país vecino.
El Plan México se vendió como un plan de “asistencia” militar para tres años (2008-2010). Pero adquirirá carácter permanente. Igual ocurrió en Colombia. El asunto es más grave porque aquí ha sido incorporado de facto a “Norteamérica” como nueva dimensión geográfica, con su reminiscencia nazi de “espacio vital”. México forma parte del “perímetro de seguridad” de EU y su territorio está monitoreado por el Comando Norte. Poco a poco el Pentágono ha ido cerrando el “tercer vínculo” de la relación bilateral: el militar. Este aspecto, que tiene que ver con la “integración profunda” de México a Estados Unidos, los “corredores del TLCAN”, la militarización de la frontera y la migración indocumentada como sinónimo de terrorismo.
El Plan México será el brazo militar de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, en su porción subdesarrollada. Como dijo el subsecretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Thomas Shannon, con el ASPAN “estamos blindando el TLCAN”. El ASPAN es el TLC militarizado. Y ahora, el Plan México será también el gendarme del Proyecto Mesoamérica (el ex Plan Puebla Panamá). Bajo el paraguas de la “ley Gestapo” y otras contrarreformas legales se militarizará la vida pública, y se incrementarán el espionaje interno y la criminalización de la protesta social y de “los jóvenes”. Desaparecerán las líneas divisorias entre la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y los opositores políticos del régimen. La disidencia será estigmatizada como el “enemigo interno”. Persistirán las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias, la tortura.
Esa tendencia llevará a la constitución de un Estado policial y paramilitar en México, de tipo contrainsurgente y subordinado a las directivas del Pentágono. Es posible, como dice la canciller Patricia Espinosa, que en un comienzo no vengan militares de Estados Unidos ni se construyan bases yanquis en territorio mexicano. Pero llegarán disfrazados los ejércitos mercenarios de compañías privadas como Blackwater, Dyncorp, SyColeman y Triple Canopo, subcontratados por el Departamento de Estado para la guerra sucia y acciones encubiertas de desestabilización. Después, en 2009, oficiales de alto rango del Ejército y la Armada de México participarán en los juegos de guerra contra el terrorismo (Topoff 5), en Vancouver, junto a efectivos de Estados Unidos y Canadá. Y se cerrará el círculo.
Bush heredará un México totalmente alineado con las políticas imperiales, proclive a ser utilizado como cabeza de playa en la batalla ideológica contra Cuba, Venezuela y los países progresistas del área. Se trata de una estrategia peligrosa que pondrá en riesgo las relaciones de México con los países de América Latina. Además, de gratis, México se convertirá en “blanco” de los enemigos de Washington. ¿Qué hacer? La patria está en peligro. México no es Colombia.