La criminalización de la protesta social
Primero fueron los conflictos intercomunitarios, para simular que eran las comunidades indígenas las que se peleaban entre ellas por intereses de grupo y no como en realidad es: por conflictos inducidos desde fuera, unas veces desde las oficinas gubernamentales y otras por grupos políticos con intereses particulares. Después fueron las guardias blancas, grupos de pistoleros que asuelan comunidades que no se ajustan a intereses de los caciques regionales y políticos en turno. De ahí se dio el brinco a los grupos paramilitares, organizaciones armadas por el Ejército y las policías para que hagan el trabajo represivo que sus impulsores no pueden hacer porque socialmente les resulta muy costoso. Ellos son los responsables de asesinatos masivos como los de El Charco y Aguas Blancas, en el estado de Guerrero, y Agua Fría y Acteal en Oaxaca. Pero eso no es todo: ahora es el Ejército federal ocupando abiertamente comunidades indígenas. Se trata de un amplio abanico de prácticas y procesos de criminalización de la protesta social, con la finalidad de contener el descontento indígena y campesino.
Una práctica no sustituye a las otras: las refuerza. Así lo dicen las denuncias de la policía comunitaria y el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, en Guerrero; así lo denuncian las comunidades indígenas, bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y lo documenta el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en el estado de Chiapas; así lo demuestran mixtecos de Santo Domingo Ixcatlán y San Pedro Yosotatu, en la Mixteca alta, lo mismo que en el municipio autónomo de San Juan Copala, en la región triqui y la mayor parte del estado de Oaxaca, y lo evidencian varias organizaciones de derechos humanos. Es la prueba fehaciente de la criminalización de la protesta social, dicen unos; es la represión al descontento popular, gritan otros; es la guerra de contrainsurgencia, expresan los demás. Y lo peor: el fenómeno no es privativo del sureste mexicano. Lo mismo puede decirse del norte del país, Chihuahua y Nuevo León entre los que más han trascendido.
Los resultados de estas prácticas ilegales de contención del descontento popular están a la vista. Cada día crece el número de detenidos en las cárceles mexicanas por su participación en movimientos populares, por más que las autoridades judiciales se esmeren en formular acusaciones para procesarlos por delitos comunes. De la misma manera aumentan las campañas de desprestigio contra los defensores de los derechos humanos y asesores de quienes en esos grupos participan; así se busca deslegitimar sus esfuerzos en la defensa de sus derechos, pues quienes las fomentan saben que el mejor apoyo que éstos tienen para respaldar su labor es la opinión pública. Si esto no los convence de desistir de su empeño queda el recurso de la amenaza directa, contra ellos y sus familiares. Lamentablemente eso no es todo: junto con las detenciones, campañas de desprestigio y amenazas también aumenta el número de desaparecidos por motivos políticos.
¿Qué está sucediendo en las altas esferas gubernamentales para que hayan decidido escalar la criminalización de la protesta popular? ¿Teme el gobierno que el descontento aumente y se le vaya de las manos? ¿Son medidas preventivas o ya es una forma abierta de enfrentar la irritación social? Cualquiera que sea la razón que motive a los gobernantes a tomar estas decisiones, todas ellas muestran una anomalía de fondo que debiera ser atendida. Si los ciudadanos y los pueblos actúan fuera del aparato estatal es porque no tienen confianza en él, porque ya no representa el “interés general” que le debería dar sustento; en sentido inverso, si el Estado reprime a los gobernados es porque también desconfía de ellos. En otras palabras, el pacto social está roto. Si se quiere corregir esta anomalía lo aconsejable es recomponerlo, atendiendo a las nuevas circunstancias. Seguir criminalizando la protesta social a lo único que conduce es a su profundización.