■ Faltan mecanismos de democracia semidirecta para participar en decisiones del Legislativo
Carece el IFE de facultades legales para colaborar en la consulta popular: Valdés
■ La capacitación que puede otorgar se circunscribe a la organización electoral, argumenta
Tras casi un mes de haber recibido la solicitud de participar en la organización de la consulta popular sobre la reforma energética que le plantearon el gobierno capitalino y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Instituto Federal Electoral (IFE) formalizó su negativa a involucrarse en este ejercicio, aduciendo carencia de facultades legales para realizarlo y la ausencia de mecanismos para ello. En la respuesta oficial, se aduce que este sondeo está circunscrito en la ley al sistema de planeación democrática y a instancias del Poder Ejecutivo.
De forma breve, el consejero presidente, Leonardo Valdés, leyó –en la sesión del Consejo General del IFE– un extracto del informe que fue distribuido previamente con la argumentación jurídica a esta negativa. Destacó que en la legislación no hay mecanismos para el ejercicio de democracia semidirecta para que los ciudadanos puedan participar en las decisiones del Poder Legislativo.
Entre otros aspectos, Valdés subrayó que las facultades del IFE en materia de capacitación y educación cívicas se circunscriben al ámbito de la organización electoral y no está vinculado a otras consultas. Dijo que el IFE sólo puede hacer lo que expresamente tiene facultado en la legislación, por lo que el instituto no puede elaborar nuevas reglas para la consulta solicitada.
A su vez, el representante del PRD ante el organismo, Rafael Hernández, consideró una “lástima” que el IFE no participe en la organización de la consulta, y de inmediato añadió que a pesar de ello el referendo se realizará en tres fases: 27 de julio, 10 y 24 de agosto. Subrayó que el ejercicio tiene garantías de objetividad por la participación de grupos ciudadanos y de institutos electorales locales.
Hernández señaló que si bien el IFE no organizará la consulta, en todo caso pudiera hacerlo de manera coadyuvante, cuando algunos organismos electorales locales, mediante convenio, le pidieran apoyos para la organización de la consulta.
Sin la participación de consejeros, el debate se centró entre el PRD y el Partido Acción Nacional, cuyo representante, Roberto Gil, de inmediato descalificó la consulta en duros términos, cuestionando la “demagogia del asambleísmo” que reduce las políticas públicas entre “un sí y un no o un blanco o negro” y “pasea fantasmas por las plazas”.
Cuestionó la legalidad y la legitimidad de la consulta aludiendo a la irresoluble elección interna del PRD que a casi tres meses de haberse realizado aún no tiene desenlace. Señaló que detrás de las “amables palabras” de ese partido para solicitar la coadyuvancia del IFE se encontraba una “trampa” para avalar el referendo, ya sea con el préstamo de urnas o asesoría sobre las preguntas.
Por otro lado, ayer se dio a conocer el informe que formaliza la nueva propuesta del IFE en torno a la ampliación de su presupuesto, que asciende a 796.9 millones de pesos, lo que representa, dijo Valdés, una reducción de 45 por ciento sobre la petición original, de mil 453 millones.
Subrayó que con ello el IFE asumirá sus nuevas responsabilidades, entre las que destacó aquellas que corresponden a la distribución de espots en medios electrónicos. “Este nuevo régimen de administración de tiempos se centra en la promoción de la equidad de la competencia político-electoral, no en la censura”.
Poco antes, el presidente de la Comisión de Seguimiento a la Ampliación Presupuestal, Benito Nacif, dijo que esta cantidad “representa la mínima indispensable para atender con eficacia las nuevas responsabilidades derivadas de la reforma electoral”. Al ponderar los ahorros que se introdujeron en la nueva propuesta, no ocultó que algunas obedecen al retraso en el ejercicio del gasto o de contratación de personal.
A su vez, el consejero Marco Antonio Baños destacó que de los 656 millones de pesos que se redujeron de la propuesta original, 616 se encuentran en el rubro de la administración del acceso a radio y televisión, así como del monitoreo, 22.3 millones en fiscalización y 5.3 millones en materia del Registro Federal de Electores.