■ Junto con otros labriegos exigía libre tránsito
Consignan a líder agrario mexiquense que lideró bloqueo
■ Autoridades le imputan al menos seis delitos
Toluca, Méx. 23 de junio. El presidente de la Federación de Productores de Maíz del estado de México, Everardo Lovera Gómez, fue detenido y consignado esta tarde a un juez penal de esta ciudad acusado de sedición, ataques a las vías de comunicación, daños en bienes, ultrajes, homicidio en grado de tentativa y portación de arma prohibida, luego de que el domingo encabezó una protesta de campesinos en el norte del estado en la carretera Toluca-Atlacomulco, que piden libre tránsito por esa vía.
Lovera Gómez fue internado en el penal de Santiaguito, junto con Concepción Gómez Estrada, mientras que ocho campesino más que habían sido detenidos fueron puestos en libertad por no existir elementos para su consignación ante el juez primero penal de Toluca, Alfredo Blas Hernández.
El procurador del estado, Alberto Bazbaz Sacal informó que la tarde del domingo la Agencia de Seguridad Estatal puso a disposición del Ministerio Público a 10 personas, entre ellas al dirigente social, luego de una denuncia que presentó David Fragoso Cedillo, administrador de la autopista.
Según las autoridades los labriegos derribaron con un tractor un muro de contención de la autopista para permitir el libre transito de los vecinos de los municipios del norte del estado, motivo por el cual intervino la policía. Al ser detenido, Lovera Gómez se resistió y sacó una pequeña navaja de bolsillo con la que amagó a los policías, lo que el Ministerio Público consideró suficiente para fincarle el delito de homicidio en grado de tentativa y portación de arma prohibida.
Desde hace años, organizaciones de productores han demandando libre tránsito por la región, pues a eso se comprometió el gobierno cuando construyó y concesiónó esta vía. Las protestas más recientes las realizaron líderes priístas, que tomaron las casetas de cobro para dejar el paso libre, sin que hubiera denuncia o queja de los concesionarios y la autoridad.
“Debemos actuar porque hay una denuncia”, dijo el procurador, al ser cuestionado por qué “no se aplicó la ley” cuando los priístas realizaron las protestas.
El dirigente social ya había sido reprimido por la policía en mayo de 2000, cuando efectuaba una manifestación en Toluca por el precio del maíz. En aquella ocasión se enfrentaron labriegos y policías con saldo de 10 heridos y una docena de detenidos.
Esta es la tercera vez que el gobierno de Enrique Peña procede contra luchadores sociales del estado. Primero fue contra el movimiento atenquense, que encabezó Ignacio del Valle, a quien le imputaron secuestro equiparado, por la retención de funcionarios en febrero y abril del 2006. Actualmente purga su condena en el penal de máxima seguridad de La Palma.
Hace un año, el gobierno reactivo una orden de captura –que databa de 1999– contra Santiago Pérez Alvarado, quien organizaba a la campesinos de Temascaltepec, para exigir pago por afectaciones a sus predios por la ampliación de la vía Toluca-Naucalpan. La procuraduría lo acusó de secuestro equiparado contra funcionarios y tras cuatro meses de cárcel, el luchador social obtuvo un amparo y recuperó su libertad.