Editorial

Especulación petrolera y política de Estado

En una reunión efectuada ayer en Jeddah, Arabia Saudita, representantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la Agencia Internacional de Energía y del Foro Internacional de Energía señalaron que la especulación es un factor inocultable en el alza desmesurada de las cotizaciones mundiales de los combustibles fósiles y llamaron a todas las partes –productores y consumidores– a aumentar las inversiones en la extracción y la refinación de crudo. En Estados Unidos, el candidato demócrata a la presidencia de ese país, Barack Obama, coincidió en señalar a la actividad especulativa como la principal causante de los incrementos en los precios petroleros y propuso imponer mayores regulaciones a los mercados de futuros de materias primas. En contraste, su rival republicano, John McCain, a contrapelo de sus propias posturas, se sumó a la petición formulada al Congreso por el todavía presidente George Walker Bush para que se permita la perforación petrolera en aguas marítimas, a pesar de los impactos ambientales negativos que genera tal actividad.

Es claro, pues, que la coyuntura energética y económica internacional se traduce, hacia nuestro país, en presiones para incrementar la producción de crudo. Desde luego, eso no significa que ceder a ellas sea lo más indicado en la perspectiva de los intereses nacionales.

Por principio de cuentas, el que las actuales alzas petroleras sean generadas en su mayor parte por intereses especuladores es indicativo de la volatilidad de los precios. El precio actual del petróleo podrá ser llevado al doble por la burbuja bursátil, pero tarde o temprano ésta reventará y, en la lógica de los ciclos económicos, dará paso a una etapa de sobreproducción y caída de las cotizaciones.

Las presiones del exterior para incrementar la producción mexicana sintonizan con la lógica de la iniciativa calderonista de reformas legales tendientes a privatizar segmentos fundamentales de la industria petrolera nacional. De hecho, la supuesta necesidad de aumentar la extracción de crudo mexicano es una de las premisas en las que descansa la propuesta enviada al Senado en abril.

Debe considerarse, sin embargo, que en las circunstancias actuales, un incremento de la producción de crudo aumentaría la dependencia del Estado con respecto a la factura petrolera y pondría al país en una situación de mayor vulnerabilidad, por cuanto los precios pueden derrumbarse en cualquier momento en función de factores externos que escapan al control de México, lo que se traduciría en una crisis necesariamente grave, semejante a la que ocurrió en los años 80 del siglo pasado.

Ante la obsesión oficial por incrementar la producción de crudo, resulta fundamental la idea de empezar de una buena vez a despetrolizar las finanzas públicas y contrarrestar el disparate perpetrado en el sexenio de José López Portillo, cuando el gobierno federal decretó, de manera tan ilusa como irresponsable, que había llegado el tiempo de “administrar la abundancia”.

Es cierto que hoy día 40 centavos de cada peso del gasto oficial proceden de las exportaciones petroleras. Sin embargo, el producto de éstas es administrado con opacidad, turbiedad y discrecionalidad inadmisibles, hasta el punto de que la administración calderonista niega que existan excedentes derivados de la diferencia entre los precios, previsto y real, del barril de petróleo. Ese mismo excedente produjo, en el gobierno foxista, decenas de miles de millones de dólares, cuyo destino sigue sin aclararse.

Por ello, antes que insistir en el aumento de la producción y las exportaciones petroleras, el gobierno federal tendría que transparentar las cuentas de Petróleos Mexicanos y combatir la corrupción en la paraestatal y en sus propias oficinas. Asimismo, tendría que concebir y aplicar una política fiscal realmente equitativa y eficiente, a fin de remplazar los recursos que hoy se extraen de la industria petrolera por impuestos recaudados de las grandes corporaciones privadas. A fin de cuentas, muchos países que no disponen de hidrocarburos en su territorio mantienen a sus respectivos gobiernos únicamente con recursos fiscales, y no pocos de ellos ostentan niveles de vida y bienestar muy superiores a los de México.

En suma, la circunstancia actual hace necesario que el país avance hacia una política energética de Estado, que deje de ver en el petróleo una oportunidad de negocio inmediato y empiece a diseñar la manera de preservar parte de ese recurso no renovable para las generaciones futuras.