■ González de Aragón y sus hijos, presionados por Fox debido a un conflicto de interés

Funcionarios de la ASF ocultaron cheque de los hermanos Bribiesca

■ Entregaron a investigadores copias fotostáticas donde no eran legibles nombre, firma y monto

Enrique Méndez y Roberto Garduño

La comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga a la empresa Construcciones Prácticas informó que en los próximos días la Unidad de Evaluación y Control (UEC), de la Comisión de Vigilancia, presentará una solicitud de sanción a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en contra de los funcionarios de esa instancia que ocultaron el cheque con el que los hermanos Bribiesca Sahagún garantizaron el pago por la compra de cartera del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

El presidente de la comisión, el diputado de Convergencia, Elías Cárdenas, dijo que esta resolución también permitirá conocer los montos y fechas de emisión de otros dos cheques girados por los hijos de Marta Sahagún para beneficiarse de bienes rematados por el IPAB. La sanción proviene de una denuncia que desde septiembre de 2006 presentó el ex diputado federal Jesús González Schmal.

En entrevista, Elías Cárdenas refirió que al cruzarse la información de ese cheque con otros dos, con los cuales se aseguró la compra total de los bienes del IPAB para la empresa Construcciones Prácticas, se contará con más pruebas de la forma en la cual los hijastros del ex presidente Vicente Fox forjaron parte de su fortuna, y definir si fue legal la transferencia de cartera vencida que se hizo en el sexenio anterior.

En la revisión de la cuenta pública 2004, la ASF no reportó observaciones a la operación con la que el IPAB entregó el control de la cartera correspondiente al predio rústico Los Pirules, en Guanajuato, el primero de abril de 2004, y de 275 departamentos ubicados en Puebla, el 29 del mismo mes y año, a Construcciones Prácticas, a pesar de que terceros no participantes en la subasta pagaron parte del valor de los bienes, en especial Jorge Alberto Bribiesca, quien junto con su hermano Manuel negaron siempre tener intereses e inversiones en dicha empresa.

Y es que para garantizar la compra del predio, Jorge Alberto Bribiesca depositó en garantía el cheque 9564648 de su cuenta HSBC por un millón 303 mil 686.30 pesos, mientras que Alberto Dunand Aramburu depositó el cheque 21847450, de su cuenta en Banamex, por 4 millones 410 mil pesos. En ambos casos con ello se garantizó la tercera parte del valor de los bienes subastados en favor de Construcciones Prácticas.

El centro de la queja contra la ASF y su titular, Arturo González de Aragón, es porque al enviar copia de los cheques, el órgano superior de fiscalización únicamente proporcionó copias fotostáticas donde no era legible el nombre de Jorge Alberto Bribiesca, su firma, el monto y el número del documento, aun cuando los funcionarios contaban con otro en el que sí se distinguía el titular de la cuenta, así como la cifra de la operación.

Al presentar la demanda ante la UEC, el ex diputado González Schmal aseguró que en el informe de resultados de la cuenta pública, González de Aragón dejó sin observar ambas operaciones debido a la presión que recibió del gobierno de Vicente Fox, al descubrirse que el auditor y sus hijos, por conducto del despacho González de Aragón y Asociados, Consultores Públicos SC, otorgaban asesoría legal a entidades del gobierno federal.

La demanda, que también suscribieron los ex diputados José Alarcón y Jorge Legorreta fue debido a “incumplimiento de las obligaciones por parte del auditor superior de la federación”, al eludir su responsabilidad de informar de las irregularidades cometidas por el IPAB en la venta de cartera. Asimismo, Elías Cárdenas informó que por conducto de un colaborador de la Comisión Especial, Guillermo Alfaro, se logró que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) solicite a la Procuraduría General de la República la información referente a todas las averiguaciones previas que se hayan iniciado al ex presidente Fox, a su esposa Marta Sahagún y a Manuel y Jorge Alberto Bribiesca.

Resaltó que el IFAI haya informado a Guillermo Alfaro que proporcionará esos documentos, luego de que previamente se los negó a la comisión, con el argumento de que no se trataba de un sujeto obligado, y de que el procurador, Eduardo Medina Mora decidió clasificar la información por 12 años.