■ Desde el régimen de Ernesto Zedillo los almacenes han pasado a grupos trasnacionales

En manos privadas, las mejores bodegas para granos en el país

■ El Estado, al tener poca capacidad de reserva, pone en riesgo el manejo de alimentos: ANEC

Matilde Pérez U. /I

Con una infraestructura de almacenamiento de más de medio siglo de existencia, cuyas bodegas de mayor capacidad están en poder de grupos trasnacionales y otras concesionadas a empresas privadas, el gobierno pretende constituir una reserva estratégica de maíz.

Por un lado el gobierno insiste en que “apoyará” a los campesinos para incrementar la producción de alimentos y atiende parcialmente la exigencia de las organizaciones de productores de crear una reserva estratégica de alimentos, pero “no va al fondo del asunto, ya que no toca la falta de competitividad del país en el manejo de granos porque carece de una infraestructura de almacenamiento actualizada tecnológicamente y con una amplia red de transporte terrestre de bajo costo”, apunta Víctor Suárez Carrera, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).

Durante varias décadas el gobierno sostuvo la red de bodegas Conasupo (Buroconsa) y de Almacenes Nacional de Depósito (ANDSA), las primeras fungían como redes de acopio en las zonas de producción y por ello fueron construidas en ejidos y comunidades; los segundos, eran de concentración y distribución ubicadas en zonas urbanas de consumo.

Buroconsa llegó a estar conformada por cerca de 2 mil unidades de almacenamiento, desde los tradicionales conos con poca capacidad de almacenamiento y de uso real, hasta unidades de acopio mecanizadas de gran tamaño en zonas productoras excedentarias con una capacidad total cercana a los 3 millones de toneladas.

El destino de las bodegas fue indistinto, ya que el gobierno no pudo entregarlas a la iniciativa privada por estar erigidas en terrenos de propiedad social y tenía ante sí la demanda de las organizaciones campesinas de devolver esa estructura al control de las comunidades y ejidos otorgándoles financiamientos blandos para mejorar el equipamiento y desarrollar acciones de organización.

La decisión del entonces presidente Ernesto Zedillo y de su secretario de Agricultura, Francisco Labastida Ochoa, fue trasladar esas bodegas a los gobiernos de los estados para que posteriormente las entregaran a los ejidos y comunidades. “El proceso fue trastocado por intereses político-electorales y con ello se perdió la oportunidad para desarrollar un modelo nacional de empresas comercializadoras campesinas”, comenta Suárez Carrera.

Cada gobierno estatal –abundó– “hizo de las suyas con esa entrega, algunos las dieron sin mayor trámite, otros las repartieron de acuerdo con las afinidades político-electorales y algunos más no han concluido ese trámite. Varias organizaciones de productores sociales advertimos que la entrega de las bodegas tenía que estar acompañado por financiamiento y capacitación; sin ambos el uso de la infraestructura sería distinto al original y por eso muchas bodegas se rentaron a los coyotes e intermediarios; otros las abandonaron; algunos más las utilizaron como salones de baile o como almacenes municipales para maquinaria obsoleta”.

De toda esa infraestructura, comenta Suárez Carrera, sólo de 10 a 15 por ciento fue recuperada por algunas organizaciones sociales con capacidad de gestión, entre ellas las agrupaciones que actualmente conforman la ANEC, la cual tiene una red de 200 unidades de almacenamiento en 18 estados con una capacidad total de 800 mil toneladas.

ANDSA llegó a tener una red de 300 bodegas y unidades de almacenamiento cercanas a zonas urbanas, entre ellas los 140 silos de los almacenes Miguel Alemán, en Tlalnepantla, estado de México, con capacidad de 2 millones de toneladas, y las bodegas ubicadas en el llamado patio de Pantaco. La paraestatal se constituyó en 1936, 56 años después el gobierno inició el proceso de desincorporación al poner a la venta la empresa y proyecto Pantaco, en donde se concentraban enormes bodegas y hasta donde llegaban las espuelas de Ferrocarriles Nacionales de México. El 5 de marzo de 1997 inició la disolución y liquidación porque “la entidad había dejado de ser estratégica y prioritaria, carecía de instalaciones, dejado de prestar sus servicios como almacenadora y de cumplir su objeto social”. Un año después el entonces presidente Ernesto Zedillo firmó y publicó en el Diario Oficial el acuerdo presidencial de dicho proceso. Todavía a finales de 2005 algunas de las bodegas de ANDSA continuaban ofreciéndose a los inversionistas extranjeros, como las instalaciones ubicadas a la vera de la estación de la ruta ferroviaria México-Querétaro.