■ La comisión de garantías daría a conocer la próxima semana los resultados de los comicios
Tras cien días de pugnas, nada garantiza el fin del conflicto interno en el PRD
■ Hasta ahora nadie sabe con certeza cuántos de los sufragios que se emitieron fueron “limpios”
Aunque se prevé que la próxima semana la Comisión Nacional de Garantías del PRD esté en condiciones de dar un resultado sobre el proceso para las elecciones de presidente y secretario general del sol azteca, nada garantiza que con este anuncio termine el conflicto interno, que suma ya cien días, al tiempo que son cada vez más las voces que se pronuncian por anular los comicios.
De acuerdo con informes de las corrientes Nueva Izquierda, que apoya la candidatura de Jesús Ortega, e Izquierda Democrática, que respalda a Alejandro Encinas, la citada comisión concluyó el trabajo técnico de revisión de las más de mil 700 impugnaciones de la elección del pasado 16 de marzo, por lo que a este órgano interno sólo le resta emitir una resolución, misma que, adelantaron ambos equipos, también podría ser impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, prolongando así un desgastante periodo que ha desacreditado al sol azteca.
“Avance” de 70 por ciento
En tanto, la Comisión Nacional de Garantías ha señalado que en lo que respecta a los estados ya no hay medios de impugnación pendientes, mientras en lo que toca a la integración de Congreso Nacional, Consejo Nacional, presidencia y secretaría general habría un avance de 70 por ciento en la calificación electoral.
Si un mes antes del proceso el senador Ricardo Monreal advirtió que debido a deficiencias estructurales los resultados de la contienda serían fácilmente impugnados, las interminables disputas entre Nueva Izquierda e Izquierda Unida confirmaron su dicho desde el mismo 16 de marzo e hicieron naufragar el conteo en estados como Oaxaca, Tamaulipas, Chiapas, Durango, Puebla, Zacatecas, Tabasco, Guerrero y Tlaxcala, por toda clase de irregularidades como la existencia de casillas zapato (todos los votos para uno de los candidatos), riñas, padrones rasurados y robo de urnas.
Paradójicamente, el PRD quiso calificar esta elección sin resolver en sus propios documentos los vicios que demandó cambiar en el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales luego de las elecciones de 2006, es decir, mantuvo en sus reglamentos lagunas respecto de las casillas zapato, de las cuales hubo decenas en su proceso interno, y la indefinición sobre resultados con diferencias menores a 1 por ciento. Debido a ello y a las posiciones intransigentes de los equipos de Ortega y Encinas, la Comisión Técnica Electoral entró rápidamente en crisis con la renuncia de todos sus integrantes, y dejó sin un eslabón en la cadena de transmisión electoral a la Comisión Nacional de Garantías, que debió de reconstruir el camino para que la calificación pudiera seguir fluyendo, lo que hizo aún más desgastante un proceso altamente cuestionado.
Antes de presentar su renuncia el también senador y entonces presidente de la Comisión Técnica Electoral Arturo Núñez advirtió que después de los comicios internos el PRD tendrá que revisar todo su sistema de convivencia.
“Sí, lamentablemente hay cada vez más comportamientos indebidos. Es una vergüenza para el PRD que haya militantes que hagan ese tipo de acciones, aunque también tenemos algunos indicios de que hay metidas manos externas en algunos estados, y en la medida que pueda haber pruebas, las aportaremos”.
Tres meses después no hay prácticamente un integrante de la burocracia perredista, simpatizante de uno u otro de los dos aspirantes que pelean todavía un resultado que no señale que “se necesita un gesto de generosidad para que las partes cedan y para que todos podamos ver que hay un PRD hacia delante, más que terminar de calificar la elección”, y advierten que “no existe posibilidad de que, sea cual sea el resultado, quien resulte designado presidente nacional perredista pueda dirigir una instituto político polarizado y desprestigiado como el que hoy tenemos”.
A estas alturas, ninguno de los aspirantes sabe cuántos de los votos que le fueron asignados “son limpios y morales”, advierte Alfonso Ramírez Cuellar, quien se presentó a las elecciones como candidato a la presidencia de su partido. Sin embargo, tanto el grupo de Ortega como el de Encinas se resisten a anular las elecciones y aguardan los resultados para negociar cuotas de poder en el PRD.
“La única medida que puede sentar las bases para abrir una discusión sobre el futuro del partido es la nulidad de la elección. No hay absolutamente ningún otro camino de una posible reconciliación, nadie sabe en realidad cuántos votos sacó en los comicios de 16 de marzo”, sostiene.
Para Ramírez Cuellar las elecciones evidenciaron que en el partido del sol azteca “es un hecho el desprecio absoluto a la legalidad” de los grandes grupos y corrientes que existen en el partido.
“No hay respeto a las reglas escritas. La impunidad y la violación a la ley les ha resultado sumamente rentable; la ilegalidad vende mucho en la institución”, reconoce.
Propone que sea el IFE el que se encargue de organizar las futuras elecciones internas, a efecto de tener mayor certeza sobre el resultado, además de establecer un sistema de sanciones de carácter penal, “pues muchas de las prácticas que afuera son delitos al interior del PRD se ven como grandes hazañas electorales”.
Asimismo, Ramírez Cuéllar señaló la necesidad de someter a las grandes corrientes del perredismo al derecho público para fiscalizar “las grandes masas de dinero que se mueven a partir del tributo forzoso de trabajadores y al uso faccioso de los programas sociales y de la extorsión”.