■ Confirman diputados opacidad en la Cuenta Pública del tercer año de gobierno foxista

Quebranto al erario por $83 mil millones mediante ISOSA, en 2003

■ La empresa formada por Gil Díaz se negó a informar sobre sus cuentas diciendo que maneja “exclusivamente recursos privados”

■ Los desvíos, también en programa de apoyo a ahorradores

Roberto Garduño

Con retraso de cinco años, al no dictaminarse aún en el pleno de la Cámara de Diputados, la revisión de la Cuenta Pública 2003 confirma la elevada opacidad en que incurrió la Secretaría de Hacienda en el manejo de los recursos públicos destinados a la empresa Integradora de Servicios Operativos (ISOSA) y el Programa de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca, en el sexenio de Vicente Fox.

Entre ambos rubros, el impacto contable para las finanzas públicas superó los 85 mil millones de pesos, como refiere el proyecto de decreto elaborado en San Lázaro.

La revisión final del gasto en el tercer año del gobierno de Fox también contempla como caso paradigmático el desvío de recursos al Comité Nacional Provida, institución que no comprobó el uso de 27 millones de pesos, de un total de 33, que le otorgaron la Lotería Nacional, por medio del Fideicomiso Transforma México, y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso).

En la fiscalización del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros se hallaron afectaciones como las siguientes:

Disminución de 45 mil 200 millones de pesos de compensaciones al total recaudado de ingresos tributarios y no tributarios; sobre este monto, a la fecha de la revisión no se contó con la justificación suficiente para comprobar que dichos recursos correspondieron en su totalidad a compensaciones por saldo en favor de los contribuyentes.

Disminución de 2 mil 407 millones de pesos, los cuales se aplicaron al gasto no programable, no reportada en el banco de información de la Cuenta Pública; reducción de 8 mil 364 millones, que se destinaron para cubrir mayor costo neto de combustibles en la Comisión Federal de Electricidad y en Luz y Fuerza del Centro, de la cual no se contó con las autorizaciones presupuestarias respectivas. Merma de 21 mil 150 millones que se usaron para cubrir la insuficiencia de ingresos por desincorporación de entidades.

Adicionalmente, no se reportaron 6 mil 227 millones en la Cuenta Pública 2003, que corresponden al mejoramiento del balance económico del sector público.

“Con todo ello, se determinó un probable impacto contable de 83 mil 349 millones para el erario, sólo en el caso de ISOSA”, empresa formada por Francisco Gil Díaz cuando era secretario de Hacienda.

Respecto a la recaudación por derechos de trámite aduanero (DTA) por medio de Integradora de Servicios Operativos, se omitió el entero a la Tesorería de la Federación por un monto de 2 mil 595 millones de pesos, “habiéndose destinado al Fideicomiso Aduanas Uno para el pago de la contraprestación por los servicios de procesamiento electrónico de datos y de apoyo y control del despacho aduanero”.

Sobre el particular, “el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no proporcionó información a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del Fideicomiso Aduanas Uno y de ISOSA, argumentado que el SAT participó en la constitución del fideicomiso en su carácter de gestor de negocios, por lo que está legalmente imposibilitado para proporcionar información. Sin embargo, se considera que una negativa infringe la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

“ISOSA tampoco proporcionó los datos solicitados, manifestando que es una sociedad anónima de capital variable, la cual maneja exclusivamente recursos privados.”

En aquel año también se aplicó una auditoría para comprobar que el saneamiento financiero realizado por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) al Grupo Financiero Inverlat y al Banco Inverlat se ajustara a la legislación. Pero se descubrió que “el comité técnico del Fobaproba aprobó el saneamiento de dicho grupo financiero, aun cuando carecía de facultades para autorizar y otorgar apoyos a esas asociaciones”.

Asimismo, el comité técnico aprobó la propuesta de The Bank of Nova Scotia para adquirir 55 por ciento de las acciones del citado grupo financiero; sin embargo, la legislación sólo permitía a personas físicas y morales mexicanas adquirir 51 por ciento de títulos de la serie A de un grupo financiero y de un banco.

“En contravención de las reglas de operación del Programa de Capitalización Temporal (Procapte), no se convirtieron oportunamente las obligaciones subordinadas de la institución crediticia por un importe de 2 mil 96 millones de pesos, lo cual representó una pérdida para el Fobaproa, el cual no exigió el cumplimiento de los derechos que le correspondían como fideicomisario en el contrato del fideicomiso de cobranza, en virtud de que no se realizó la afectación de los bienes, derechos y obligaciones del Banco Inverlat”.

Ejemplo de opacidad

Un ejemplo del desorden, favores y beneficios que se otorgaron a diversos sectores vinculados al gobierno panista lo constituye el Comité Nacional Provida:

Se emitieron observaciones por 27 millones 409 mil pesos en la comprobación de los recursos públicos federales que la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP) otorgó a dicha asociación civil.

Incluso, “en cuanto a los recursos que le transfirió el Fideicomiso Público de la Lotería Nacional (Transforma México) para la compra de equipo de ultrasonido, se detrminó un sobreprecio de 2 millones 551 mil pesos, equivalentes a 72 por ciento del total de la comprobación presentada al fideicomiso.

“En el caso de los recursos que le concedió Sedeso (por medio de la delegación estatal de Chihuahua), se determinó que una parte fue comprobada a la dependencia federal con una factura que ampara la compra de una incubadora, la cual se presentó también como comprobación a la APBP, por un costo de 92 mil pesos”.