Editorial
Tragedia y responsabilidades
El trágico suceso de este viernes en la discoteca News Divine, donde una docena de personas resultaron muertas –nueve jóvenes, tres de ellos menores de edad, y tres policías capitalinos–, deja tras de sí profunda consternación ciudadana, una serie de cuestionamientos aún sin resolver e indignación generalizada por lo que hace a la cadena de responsabilidades que acabaron por originar tan lamentable hecho. Al respecto, el jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Marcelo Ebrard Casaubon, comentó ayer que hubo “graves errores” en el operativo realizado la tarde del viernes, reconoció que los acontecimientos referidos son “indignantes” y “éticamente irresponsables”, se comprometió a aplicar la ley “para que no exista impunidad” y reiteró su solicitud a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para que intervenga en las tareas de investigación.
Resulta imprescindible que la indignación manifestada por el mandatario de la capital del país, que es compartida por amplios sectores de la sociedad, se traduzca en que las pesquisas que ya están en marcha acaben por aclarar cuáles fueron los “graves errores” cometidos por los funcionarios que participaron en el operativo –actividad que las policías capitalinas desempeñan de manera rutinaria sin los catastróficos resultados del viernes pasado– y sancionar a los responsables. Por tanto, debe saludarse la intervención de la CDHDF en las investigaciones correspondientes, sobre todo porque es sumamente necesario, como señaló el propio mandatario capitalino, llevar a cabo una investigación que ante los ojos de la ciudadanía resulte “transparente, imparcial y justa”, en un acto de reivindicación a las víctimas y sus familias, pero también como forma de evitar que sucesos tan lamentables se repitan.
Sin embargo, al margen de los equívocos que señala el jefe de Gobierno, no pueden pasarse por alto circunstancias que resultan evidentes y de suyo reprobables que constituyen factores de riesgo inadmisibles para la seguridad de las personas porque potencian las posibilidades de que se presenten escenarios como el que desafortunadamente tuvo lugar el viernes. No puede entenderse, por ejemplo, que las autoridades delegacionales permitieran la operación de un lugar cuyas dimensiones y medidas de seguridad son a todas luces inadecuadas para la realización de ese tipo de reuniones. Tampoco pueden pasarse por alto los señalamientos hechos por vecinos y testigos en el sentido de que en el lugar se realizaba el consumo y la venta de alcohol y estupefacientes a menores de edad. Asimismo, es inevitable resaltar, sin que por ello se reste importancia a los elementos anteriormente mencionados, la irresponsabilidad de las familias de los menores fallecidos, de edades entre los 13 y los 16 años.
Finalmente, así como es necesario demandar justicia a las autoridades correspondientes, también lo es evitar que el hecho sea empleado como instrumento de golpeteo político. Tal perspectiva resultaría una aberración mayúscula, porque encerraría un intento de lucrar políticamente con la muerte de 12 personas y con la tragedia que implica para los deudos de las víctimas. La gravedad del asunto requiere, en suma, determinación para esclarecer los hechos y sancionar a los culpables, y voluntad para no desvirtuar una circunstancia sumamente grave y dolorosa para la sociedad en su conjunto.