■ Continúan críticas de ONG y gobernantes a la legislación para expulsar indocumentados

“Totalmente desproporcionada”, la reacción de Chávez: Unión Europea

■ El presidente venezolano amenazó suspender envíos de petróleo a la UE si se aplica la iniciativa

■ Celebra la ONU el Día Mundial del Refugiado con un llamado a enfrentar las “causas” del éxodo

Afp, Reuters, Notimex, Dpa y Pl

Bruselas, 20 de junio. Un día después de que el presidente Hugo Chávez advirtió que Venezuela no enviará más petróleo a los países de Europa y devolverá sus inversiones si se aplica una nueva ley que facilitará la expulsión de los trabajadores indocumentados, el responsable de la política exterior de la Unión Europea (UE), el español Javier Solana, afirmó que la reacción del venezolano es “totalmente desproporcionada”.

También el presidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, respondió de inmediato a las afirmaciones de Chávez, sugirió que desconoce las implicaciones de la iniciativa y dijo que “quizá lo que convenga es explicarle exactamente al presidente de Venezuela en qué consiste” la Directiva de Retorno, que regulará la detención y expulsión de inmigrantes indocumentados en la UE.

Las respuestas de Solana y Rodríguez Zapatero fueron hechas al tiempo que continuaron las críticas de organizaciones internacional y de funcionarios de gobiernos latinoamericanos por la ley para expulsar a indocumentados.

La controversia se suscitó además cuando el Instituto Nacional de Estadística de España informó que en este país habitan 5 millones personas nacidas en el exterior, es decir, 11.3 por ciento de los 46 millones de habitantes.

Cuatro de cada 10 extranjeros son originarios de otra de las 27 naciones de la UE, mientras que tres de cada 10 proviene de América del Sur, entre quienes destacan ecuatorianos (420 mil), bolivianos (240 mil) y argentinos (145 mil), junto a rumanos (729 mil), marroquíes (644 mil), británicos (352 mil), italianos (157 mil) y búlgaros (153 mil).

Según un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo, 15 por ciento de las remesas que envían los latinoamericanos residentes fuera de sus países proviene de Europa.

Las nuevas reglas aprobadas por el Europarlamento contra la inmigración indocumentada incluyen un máximo de detención de 18 meses antes de la expulsión y una prohibición durante cinco años de volver a entrar en Europa. Se prevé que la norma pueda entrar en vigor en 2010.

Con esos antecedentes, Rodríguez Zapatero dijo a periodistas en Bruselas que “no tengan ninguna duda de que se la explicaremos para que, por supuesto, no haya ninguna reacción”, y anticipó que el ministro de Asuntos Exteriores de su país, Miguel Ángel Moratinos, “hará lo necesario para que la relación de Europa con todos los países latinoamericanos siga siendo positiva”.

España tiene inversiones en Venezuela en los sectores bancario, energético, turístico, de manejo de aguas y editorial, como sucede en casi todos los países de Latinoamérica, según información de la Oficina Económica y Comercial de España en Caracas.

En Madrid, la vicepresidenta primera del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, se apresuró a convocar a una conferencia de prensa en la que justificó la iniciativa al señalar que “establece un marco de garantías mínimas” para los extranjeros, quienes, dijo, “tienen que ajustarse también a las circunstancias que en estos momentos vive el país”, donde se registra un menor crecimiento económico y menos oferta de empleo.

No obstante la defensa de la legislación eurocomunitaria, la presidenta de Amnistía Internacional, Irene Khan, denunció en Madrid que la Directiva de Retorno “es un retroceso en materia de derechos humanos y criminaliza la migración”, pero más grave aún es que “no permite acabar con el problema de la migración irregular y sí aumentará el sufrimiento de las personas detenidas”.

Khan cuestionó además la política actual de derechos humanos de España, al señalar que durante su primer periodo de gobierno (2002-2008) Rodríguez Zapatero sostuvo una política de venta de armas a Colombia y Marruecos, donde se desarrollan conflictos bélicos desde hace años.

Dijo también que España aún tiene por delante importantes desafíos en materia de derechos humanos, especialmente en inmigración, racismo y xenofobia, a la vez que reconoció que el Estado español cuenta en el papel con una “buena” legislación, por encima del promedio en la UE, pero aclaró que “necesita ser aplicada”.

Asimismo, Khan pidió al titular del Ejecutivo español que cumpla su promesa de adoptar un ambicioso Plan Nacional de Derechos Humanos antes de que termine este año.

En Quito, familiares de inmigrantes ecuatorianos marcharon este viernes contra el racismo y la xenofobia en protesta por la aprobación de la Directiva de Retorno para los migrantes indocumentados que trabajan en Europa.

Vestidos con camisetas blancas, casi un centenar de personas caminaron desde un céntrico parque de la capital hasta la sede de la embajada de Italia, lugar en donde se congregaron para lanzar arengas contra el trato discriminatorio a los inmigrantes.

Mientras tanto, el presidente peruano Alan García consideró en Lima que es “injusta” la aprobación de la ley eurocomunitaria, sobre todo para castigar a un continente que a lo largo de la historia ha acogido a millones de personas que escaparon de Europa por motivos políticos y religiosos y a consecuencia de las guerras.

“América fue siempre muy generosa con los extranjeros que llegaron a ella y me sorprende que (Europa) le dé la espalda a la historia y dé una legislación de expulsión de migrantes”, afirmó en el palacio presidencial.

En el mismo sentido se pronunció el presidente electo de Paraguay, el ex obispo Fernando Lugo, quien asumirá su cargo el próximo 15 de agosto.

“Nuestros países han recibido a miles de europeos a lo largo del siglo pasado, que escaparon de las guerras. Por lo menos (los europeos) podrían haber demostrado su reconocimiento”, afirmó.

Mientras tanto, en Nueva York la Organización de Naciones Unidas (ONU) celebró este viernes el Día Mundial del Refugiado con un llamado del secretario general Ban Ki-moon a redoblar los esfuerzos para enfrentar las causas y consecuencias que fuerzan el desplazamiento humano.

Con más de 16 millones de refugiados el año pasado, el titular de la ONU dijo que a los conflictos y la pobreza –razones fundamentales que impulsan a las personas a abandonar sus hogares– se unen ahora otros factores.

Entre ellos, el funcionario internacional citó los efectos del cambio climático provocado por el hombre y la cada vez mayor escasez de recursos y alimentos, los cuales, alertó, podrían conducir a más inseguridad en el mundo.