■ “No erradica el lucro sino que lo legaliza”, afirma el Colegio de Profesores de Chile

Pese a protestas, aprueban diputados chilenos la nueva ley de educación

■ La iniciativa, que debe ser avalada por el Senado, deroga la legislación heredada de Pinochet

■ Para sacarla adelante, la presidenta Bachelet encabezó pláticas con derechistas e izquierdistas

Enrique Gutiérrez (Corresponsal)

Santiago, 19 de junio. La Cámara de Diputados de Chile aprobó este jueves en lo general la nueva Ley General de Educación que deroga la legislación heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en medio de protestas en la tribuna por parte de profesores y estudiantes, los que debieron ser desalojados del recinto.

Para lograr la aprobación de la legislación, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, canceló todas las actividades de su agenda de este día y encabezó personalmente la negociación con legisladores de izquierda y de derecha.

La socialista Bachelet firmó en el palacio presidencial de La Moneda un acuerdo con los presidentes de los partidos de la Concertación por la Democracia (coalición de izquierda y centro que la llevó al poder en marzo de 2006) y los jefes de las bancadas en la Cámara baja, en que se comprometió a enviar en julio próximo un proyecto de ley que refuerce la educación pública, mediante un nuevo método de financiamiento y mayor calidad en la enseñanza.

En Valparaíso, sede del Poder Legislativo, 96 de 120 diputados votaron en favor, 12 en contra y siete se abstuvieron, lo que provocó el enojo de los dirigentes de organizaciones magisteriales y sociales que observaban el proceso de votación desde la tribuna de la Cámara, quienes arrojaron monedas y recriminaron a gritos la decisión de los legisladores.

La nueva legislación acabará con la norma que entró en vigor en el último día de la dictadura pinochetista, el 10 de marzo de 1990, que ha sido objeto de críticas de maestros y estudiantes porque permite la creación de escuelas particulares con débiles requerimientos académicos y no impide la discriminación por razones económicas de los alumnos.

El proyecto de ley fue propuesto por Bachelet el 10 de abril de 2007, 13 meses después de haber asumido su mandato y un año desde que comenzaron las protestas callejeras y violentas de los estudiantes en las principales ciudades del país andino.

El movimiento estudiantil demandó la reorganización de la jornada escolar completa, la elevación de la calidad en la enseñanza, la gratuidad de los exámenes de admisión y el transporte gratuito para los estudiantes.

La nueva legislación regula deberes y derechos de los integrantes de la comunidad educativa, fija requisitos por cada grado, fortalece el papel del gobierno en la supervisión y evaluación del desempeño de escuelas particulares, endurece los requerimientos para la apertura y permanencia de esos planteles y establece mecanismos de rendición de cuentas sobre las subvenciones entregadas por el Estado a las empresas de educación privada.

Después de la aprobación de la ley, la ministra de Educación, Mónica Jiménez de la Jara, dijo que el gobierno seguirá “trabajando por la calidad de la educación, que es lo más importante que tiene Chile. Solamente con calidad en la educación vamos a pegar el salto al desarrollo, y en eso seguiremos trabajando”.

Sin embargo, el presidente del Colegio de Profesores de Chile, Jaime Gajardo, se quejó de que la legislación “no erradica el lucro, sino que lo legaliza”, a pesar de que varias personas se hayan enriquecido a costa de las cuotas y las subvenciones estatales dirigidas a las entidades particulares.

Gajardo aseguró que el Colegio de Profesores está de acuerdo con la evaluación docente, “pero dentro de una carrera profesional; lo que rechazamos es la forma de evaluación, que es punitiva”.

Tras la aprobación de la iniciativa en la Cámara de Diputados, la representación de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura emitió un comunicado en la que recomendó a los legisladores “considerar las voces de los diferentes actores sociales”.

Según la edición en Internet del diario Clarín de Santiago, a los pocos minutos de conocerse la votación en la Cámara, en diversas zonas de la capital y otras localidades del país, grupos de estudiantes que rechazan la legislación comenzaron nuevas movilizaciones contra la norma aprobada.

El pasado miércoles, en Valparaíso, la policía militarizada de Carabineros disolvió con gases lacrimógenos y carros lanza agua una manifestación de 3 mil estudiantes y maestros, que acabó con la detención de 292 personas.

Los estudiantes y profesores están inconformes con la inequidad en el sistema educativo, tema que no fue abordado en la ley.

En Chile, por ejemplo, mientras que ocho de cada 100 jóvenes de familias trabajadoras acceden a la educación universitaria, 72 de cada 100 hijos de familias ricas logran ingresar a una universidad, muchas de ellas privadas.

En la votación de hoy, las principales voces opositoras surgieron de la bancada socialista. Sin embargo, la polémica legislación fue aprobada con los 52 votos de la derecha y al final recibió 28 votos más de los requeridos. En los próximos días, la norma deberá ser sancionada por el Senado.

Gajardo sostuvo que los profesores continuarán con sus reclamos ante la Cámara alta y advirtió que en caso de ser aprobada ahí, pedirán a la presidenta Bachelet que vete la nueva ley.

El socialista moderado Carlos Montes criticó el hecho de que después de 18 años de democracia, los gobiernos de la coalición oficial no han aclarado lo que ha pasado en la educación después de la derrota de la dictadura.

“En los colegios públicos no hay música ni artes plásticas y no hay cultura”, aseguró.