El mundo al revés
Hay ciertos momentos inspiradores en que el caos en que vivimos cobra cierto orden lógico, sobre todo cuando tomamos conciencia de que las instituciones de México viven en el mundo al revés. A veces este país me recuerda el orbe bizarro que leíamos durante la niñez en las historietas de Supermán.
Se trata de un territorio muy original. Me parece que México es el único país donde el presidente legítimo es el líder de la resistencia civil, el Instituto Federal Electoral orquesta el fraude electoral; el principal partido de izquierda, el PRD, no puede organizar unas elecciones transparentes, el presidente en funciones está vendiendo los recursos de la nación, la Cámara de Diputados se ve orillada a romper el diálogo político, el Senado censura los debates sobre el petróleo, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública encubre a funcionarios corruptos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) defiende autoridades y leyes que violan la Constitución, etcétera, etcétera. Este espacio no da para definir el papel de otras instituciones semejantes, pero hay más.
Ante esta realidad, no me sorprende y hasta me suena congruente que el ombudsman nacional, en vez de ser un defensor de los derechos humanos del pueblo, sea un defensor de los derechos de la elite política. Así lo venimos constatando en estos años. José Luis Soberanes se ha dedicado a exculpar al Presidente y a los gobernadores de las diversas agresiones cometidas contra defensores de los derechos humanos: en el estado de México, en Puebla, en Oaxaca, en Veracruz; no olvidamos el caso paradigmático en que, para apoyar la versión de Felipe Calderón, Soberanes decidió defender a los miembros del Ejército que violaron y asesinaron a Ernestina Ascencio Rosario. Más recientemente presentó una demanda de inconstitucionalidad a la SCJN por la reforma legal que reconoce el derecho a interrumpir el embarazo a las mujeres de la ciudad de México.
El pasado 24 de marzo, Soberanes envió a Ginebra una carta a la comisionada Louise Arbour, en la cual le planteó su inconformidad derivada de la postura asumida por su representante en México ante el informe presentado por Human Rights Watch, donde se denunciaba la violación constante a los derechos humanos en el país y el débil trabajo que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Ante esta situación, algunas de las organizaciones civiles se salen del huacal y pretenden actuar con congruencia: exigieron juicio político al ombudsman nacional. Clara Jusidman, de Incide Social, aseguró que desde la firma del acuerdo de cooperación técnica con el Alto Comisionado para el establecimiento de la oficina en México, Soberanes se convirtió en un permanente obstáculo, una posición lamentable, ya que la CNDH debía ser promotora de la oficina y no de su debilitamiento. Otras organizaciones, como Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (DF), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos lamentaron la posición y el papel de la CNDH en la salida del representante de la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas de la oficina en México, Amerigo Incalcaterra, por su “incongruencia y falta de veracidad”.
Tras reconocer el trabajo del ex representante en México de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, informaron que solicitarán a la oficina de Ginebra un pronto nombramiento del sucesor y confiaron en que el relevo del funcionario de Naciones Unidas contará con el perfil adecuado que ayude al diálogo, promoción y protección de los derechos humanos.
Para las ONG defensoras de derechos humanos, la salida del funcionario de la ONU se agrega a la larga lista de preocupaciones surgidas en lo que va del sexenio calderonista, que han dado lugar a la militarización, criminalización de la protesta social, presos políticos y al resurgimiento de las desapariciones forzadas, entre otras graves violaciones a los derechos humanos.
Como reacción de los poderes fácticos, hoy se pretende acusar a las ONG de recibir apoyo financiero de agencias de cooperación internacional sin fiscalización gubernamental, cuando, por el contrario, las organizaciones civiles estamos obligadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a presentar una auditoría anual, sin la cual estaríamos impedidas para recibir donativos, ya sea por parte del gobierno o de organismos privados.
Así las cosas, tiene lógica: si quienes cumplen con el mandato de defender los derechos humanos son acusados de falta de transparencia, entonces recobra orden el conjunto de tareas que están realizando las instituciones, si no ¿quién podría comprenderlas?