■ Instruye “vigilar” violación de derechos humanos e impunidad de las fuerzas armadas
Aprobó la Cámara de Representantes de EU 400 mdd para la Iniciativa Mérida
■ Una partida, para alfabetizar a los policías
■ Ordena indagar transgresiones en Atenco y Oaxaca
Washington, 19 de junio. La Cámara de Representantes aprobó hoy la asignación de 400 millones de dólares en asistencia antidrogas para México bajo la Iniciativa Mérida, junto con una serie de instrucciones de “consulta” para abordar preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos y la impunidad entre las fuerzas de seguridad pública del país vecino.
Ahora, la legislación de apropiación de fondos –un total de 465 millones de dólares para este año fiscal (65 millones son para los países centroamericanos)– será enviada al Senado, donde se espera que le den salida la próxima semana. Si no le hacen modificaciones la mandarán al presidente para su promulgación como ley, pero si la cambian, ambas cámaras tendrán que votar de nuevo sobre las versiones modificadas, proceso que podría alargarse por semanas.
Será tema de debate si las “consultas” y mecanismos ordenados para vigilar que la asistencia no sea empleada por fuerzas de seguridad que han violado los derechos humanos son o no “condiciones”. El hecho es que en los últimos días se ha logrado modificar el “lenguaje” del texto para tratar de superar las expresiones de rechazo –tanto en México como en la Casa Blanca y de algunos legisladores estadunidenses– a cualquier condicionante unilateral en la legislación.
Apoyo contra el narco
El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes establece que hay una “responsabilidad compartida” entre ambos países para combatir el narcotráfico, y otorga 215.5 millones de dólares para apoyar las acciones del gobierno mexicano contra dicha amenaza –incluyendo 10 millones para programas de reducción de demanda y rehabilitación, 3 millones para asistencia técnica en la creación de un registro policiaco y 24 millones para el desarrollo y apoyo de programas. Además, se asignan 116.5 millones para “cooperación militar a militar” entre Estados Unidos y México.
Pero en el llamado “reporte” que acompaña el proyecto de ley –donde el Congreso establece cómo deberían aplicarse y gastarse los fondos aprobados– hay una serie de instrucciones y señalamientos expresados por algunos legisladores, organizaciones de derechos humanos y sindicatos que manifiestan preocupación sobre temas relativos a derechos humanos y la impunidad en México, mismos que los promotores de esta legislación han incorporado para asegurar su aprobación.
El reporte del proyecto de ley establece que el Departamento de Estado debe trabajar con el gobierno de México, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en el país vecino y las ONG “para promover el respeto a los derechos humanos por la policía y las fuerzas militares mexicanas”.
Asimismo, declara que “la corrupción y la impunidad dentro de las fuerzas militares y de la policía de México son preocupantes”, y señala que las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al respecto “han sido ignoradas”, e investigaciones de transgresión a las garantías fundamentales por fuerzas militares y policiacas mexicanas infrecuentemente resultan en condenas penales”. Por tanto, establece que “la secretaria de Estado, en consulta con autoridades mexicanas relevantes, debe reportar ante los Comités de Apropiaciones (los dos comités legislativos, uno en la Cámara y otro en el Senado) que hay mecanismos establecidos para asegurar la elegibilidad de los receptores de la asistencia de Estados Unidos”.
El reporte expresa preocupación por el fracaso en investigar y fiscalizar a “policías responsables de transgresiones de derechos humanos, incluyendo ultrajes sexuales y violencia sexual contra mujeres en San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, y Oaxaca, entre junio y diciembre de 2006”. Afirman que estos casos han sido ampliamente documentados y requieren una “indagación plena, creíble y transparente por el procurador general de México”.
A la vez, el reporte que acompaña el proyecto de ley –igual que el proyecto mismo, tiene fuerza de ley al ser aprobado– afirma que la investigación del asesinato del estadunidense Brad Will (27 de octubre de 2006) tiene fallas, y “se instruye a la secretaria de Estado a que, no más de 45 días después de la promulgación de esta ley y 120 posteriores, presente un informe a los Comités de Apropiaciones detallando los avances” en esta indagación. Además, dice que el Departamento de Estado debe trabajar con las autoridades mexicanas y otras agencias relevantes del gobierno estadunidense para asistir en dichas pesquisas.
Aparentemente, en torno a estas preocupaciones el proyecto de ley también otorga 20 millones de dólares para lo que llama “construcción de instituciones y apoyo a la sociedad civil”. De dicha cantidad se dedican 5 millones para la “capacitación en derechos humanos” de policías, fiscales y administradores de prisiones; 3 millones para protección de víctimas y testigos y otros 3 millones para “apoyar a ONG y sociedad civil”.
Por otro lado, hay asignaciones algo sorprendentes, como 5 millones de dólares para un programa de alfabetización de agentes locales; el texto dice que la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés) debe trabajar con las ONG y la policía local para copiar el programa de alfabetización que se aplica en Nezahualcóyotl, en el estado de México. Al parecer, las autoridades estadunidenses han determinado que sus contrapartes en México no pueden leer o escribir, y que ellos, no el gobierno mexicano, deben hacer algo al respecto.
Estas asignaciones para un primer año de la Iniciativa Mérida están incrustadas en un paquete legislativo para el financiamiento de la guerra en Irak por más de 160 mil millones de dólares, y ese vehículo fue expresamente utilizado, ya que es uno de los pocos proyectos de ley que se espera sea aprobado en este año electoral.
La Cámara aprobó este paquete con 268 votos en favor y 155 en contra, otorgando 162 mil millones para financiar la guerra hasta el fin del mandato de George W. Bush. De hecho, casi ningún medio estadunidense menciona que la Iniciativa Mérida es uno de los componentes del paquete legislativo, ya que el enfoque es sobre fondos para la guerra, así como para las emergencias por las inundaciones en el medio oeste del país, la extensión de beneficios de desempleo por la crisis económica y otras medidas que están en este proyecto de ley.
Sin embargo, legisladores y los gobiernos de ambos países han insistido en la urgencia de promover esta iniciativa, señalando la creciente violencia ligada con el narcotráfico en México, “sobre todo en la frontera común”. A la vez, sus promotores en México subrayan que representa un giro dramático en el carácter de la cooperación binacional en este rubro, al aceptar el concepto de la “responsabilidad compartida” y el hecho de que, entre otras cosas, la iniciativa incluye por primera vez un compromiso y fondos por el lado estadunidense para programas que aborden el flujo de armas de este país a México.