■ Se trata de una acción “mediática”, señalan grupos campesinos
Del escepticismo a la descalificación; serios cuestionamientos al “pacto”
El anuncio presidencial de congelamiento de precios fue recibido con escepticismo y descalificaciones. Así, mientras el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, dijo que de confirmarse el hecho de que la medida se tomó después de los incrementos, “sería condenable”, organizaciones campesinas la consideraron limitada y con una intencionalidad mediática.
Narro Robles afirmó que todo acto que afecte la economía de las clases populares “tiene que ser mal visto”, luego del anunció del presidente Felipe Calderón Hinojosa, de congelar los precios de 140 alimentos, medida que fue cuestionada por legisladores, sindicalistas y académicos.
El rector de la UNAM dijo que una medida posterior a los aumentos sería “condenable, porque se prestaría a que uno los calificara no sólo de contrarios a la economía popular, sino también como una situación donde primero se dice una cosa, y se engaña a la población después”.
En entrevista por separado, Jorge Basave, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la máxima casa de estudios , afirmó que “más vale tarde que nunca, aunque es lamentable que –como siempre– falte previsión en las acciones públicas, además de incurrir en una medida que no es la más benéfica para la población, que siempre acaba comprando los productos de la canasta básica con precios elevados, mientras el sistema de control es una medida muy difícil de aplicar”.
Por su parte, el dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC), Max Correa, consideró que el acuerdo para congelar los precios de 150 productos es limitada porque durará hasta diciembre de este año y no incluye a todos los artículos de la canasta básica que consume la población mexicana de escasos recursos económicos.
“Es una acción mediática, porque a la fecha se tiene una regresión de más de 50 años en la mejora del bienestar de los asalariados. El poder adquisitivo que los salarios mínimos tenían en 1982 se ha reducido a menos de una tercera parte”, asentó.
Apuntó que según información oficial unos 45 millones de personas no tenían ingresos suficientes para cubrir los gastos de alimentación, educación, salud, vestido, vivienda y transporte, y dos de cada tres personas en condiciones de pobreza alimentaria viven en zonas rurales.
De su lado, integrantes de El Barzón aseguraron que a partir del próximo lunes emprenderán protestas ante la Secretaría de Economía por la escalada de precios. “Las grandes tiendas comerciales han elevado entre 15 y 28 por ciento los precios de 11 de los productos de la canasta básica, lo cual ha provocado que las familias destinen alrededor de 40 por ciento de sus ingresos para la compra de alimentos y que estén reduciendo el consumo de nutrientes”.
Agregaron que el anuncio de no elevar los precios de 150 productos durante el resto del año, excepto aceites y harinas de trigo, es “un golpe mediático que no responde a la crisis alimentaria ni a la carestía; por eso es urgente que el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal emitan una declaración de emergencia en materia de precios de alimentos”.
El dirigente de la CCC insistió en que ante la gravedad de la situación se requiere un acuerdo entre los diferentes actores políticos, incluyendo a las organizaciones campesinas, para aplicar políticas públicas que aseguren la producción de alimentos
Margarito Montes Parra, dirigente de la Unión General Obrero Campesina Popular (UGOCP) también se sumó a la propuesta de dicho acuerdo para elevar la producción agropecuaria, pero con un nuevo modelo de desarrollo que ponga énfasis en almacenamiento, transporte, venta oportuna y justa de las cosechas, financiamiento público y crédito de la banca de fomento. “El campo necesita una nueva articulación con las grandes cadenas comerciales que controlan 40 por ciento del mercado interno”, subrayó.