■ Diputados exhortan a Felipe Calderón a apegarse a la Constitución
Piden acabar con contratos de servicios múltiples en la CFE
La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados comenzó el dictamen de la Cuenta Pública 2002, cuya aprobación por el pleno está pendiente desde la 60 Legislatura. En el proyecto se exhorta al gobierno de Felipe Calderón a terminar con la figura de contratos de servicios múltiples con las empresas privadas en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La comisión determina que los permisos no son congruentes con la Constitución, postura derivada del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que, si bien determinó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no tiene facultades para revisar la legalidad de los contratos, “no concluyó si éstos son constitucionales”, explicó el diputado perredista Carlos Altamirano.
Se recomienda –se expone en el proyecto de dictamen– revisar el marco jurídico (Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica) “con la intención de asegurar que los permisos de autoabastecimiento, de cogeneración, de producción independiente, de pequeña producción o de exportación e importación de energía eléctrica sean congruentes con las disposiciones constitucionales que rigen la materia”.
El diputado Silvano Garay explicó que desde 2003 se documentó que 14 empresas privadas operan bajo las figuras de abastecimiento y cogeneración, con permisos expedidos en 1996 y 2002, y se les han asignado 550 de los principales usuarios de la CFE, que representaron 22 por ciento de sus ingresos y constituían una pérdida anual de casi 20 mil millones de pesos.
En el documento, que elaboró un grupo plural de la comisión, se resalta que en el segundo año de gobierno de Vicente Fox no se cumplió con los principios básicos de contabilidad gubernamental y se produjeron irregularidades que distorsionaron las políticas públicas en ese año.
Se resalta que una de las estrategias que impactaron de manera negativa el crecimiento económico fue la política restrictiva impuesta por el Banco de México con objeto de evitar la presión inflacionaria, pero ello sólo redujo el poder adquisitivo de la población.
El grupo de trabajo, al que se sumaron diputados de cada uno de los ocho grupos parlamentarios, explica que la economía mexicana, en el segundo año de gobierno de Vicente Fox, presentó un crecimiento real de sólo 0.83 por ciento, principalmente por dos factores: bajo desempeño del producto interno bruto en Estados Unidos, cuya tasa de crecimiento real fue de 1.6 por ciento, y la política monetaria restrictiva.
Al respecto, resaltó que a causa de las presiones inflacionarias durante 2002 BdeM “implementó una política restrictiva que redujo el poder adquisitivo de la población, trayendo como consecuencia un menor crecimiento de la demanda agregada”.
Los legisladores determinaron que el efecto buscado por el banco central al reducir la circulación de moneda, instrumento conocido como corto para contener el alza en los precios, fue el contrario, debido a que la inflación fue de 5.7 por ciento ese año, por encima del 4.5 por ciento del objetivo establecido en los Criterios Generales de Política Económica.
También resalta el hecho de que, al cierre del ejercicio, el gobierno de Vicente Fox reportó subejercicios en rubros relevantes como educación pública, salud, trabajo y previsión social, pero también en dos de las tres empresas que conforman el sector energético del país: Petróleos Mexicanos y Compañía de Luz y Fuerza del Centro, por 3 mil 864.2 millones de pesos y 397.1 millones de pesos, respectivamente.
En el sector salud, el subejercicio fue de mil 868.4 millones de pesos, y los rubros en los cuales más impacto tuvo esa falta de inversión fue en servicios de salud pública –función en la que se diseñan y promueven campañas de prevención, como las de vacunación, temporada de invierno, enfermedades diarréicas y VIH/Sida–, que tenía como principal objetivo incrementar la eficiencia y efectividad de recursos para la salud, como incorporación de consultas vespertinas, servicios de urgencia y remodelación de áreas de hospitalización, incorporación de tecnología de punta y participación de comités para reducir la mortalidad hospitalaria.