■ La Comisión de Vigilancia exigió al auditor informe sobre actividades de despacho familiar
Dejan sin curso amparo de González de Aragón para ocultar negocios de sus hijos
■ Desde 2007 se sospecha que el funcionario podría haber incurrido en conflicto de intereses
El Poder Judicial de la Federación determinó el sobreseimiento del juicio de amparo que Arturo González de Aragón interpuso en 2007 contra acuerdos de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que lo obligaban a revelar los vínculos del despacho de sus hijos, que obtuvo contratos para asesorar a las mismas entidades públicas revisadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El acuerdo fue dictado el pasado 28 de abril por el juzgado 11 de distrito en materia administrativa, que llevó el juicio de amparo 1073/2006, promovido por el titular de la ASF, a quien se comunicó la decisión, así como a la propia Comisión de Vigilancia y a la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados.
El año pasado, la comisión exigió a González de Aragón un informe puntual en torno a los contratos que suscribió el despacho contable de sus hijos con distintas oficinas y dependencias del gobierno federal durante el sexenio de Vicente Fox, como fue el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y las de comisiones Federal de Competencia y Nacional del Agua.
En ese momento, los diputados consideraron indispensable aclarar si existía conflicto de intereses en el órgano superior de fiscalización, que depende de la cámara y, en ese caso, iniciar una investigación en contra del funcionario público.
La resolución de la comisión señaló en su momento: “El auditor debe requerir a las entidades fiscalizadas que le informen si el despacho González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, SC, les practicó alguna revisión o auditoría y, en caso de ser afirmativo, informar a esta comisión para que ésta, en el ámbito de sus atribuciones, determine lo más conveniente”.
Al momento de promover la solicitud al auditor, el presidente de la comisión legislativa, Antonio Ortega Martínez, resaltó la necesidad de revelar la probable opacidad con la que se abría manejado González de Aragón y el probable conflicto de intereses en el que habría incurrido debido a que sus hijos asesoraron a entidades públicas revisadas por él mismo.
Sin embargo, González de Aragón promovió en julio del año pasado un amparo contra la amonestación privada que determinó imponerle la Comisión de Vigilancia, al negarse a explicar dichos vínculos. En ese momento, el juez primero de distrito, José Antonio Montoya García, le negó la protección de la justicia al sobreseer el caso en primera instancia.
Con ello González de Aragón pretendió eludir la sanción que decidió aplicarle la unidad de evaluación y control porque, a pesar de las peticiones expresas para que informara si en el programa de auditorías visitas e inspecciones se encontraron entidades públicas que, a su vez, hubiesen contratado al despacho, el auditor se negó.
Protección a los Bribiesca
El funcionario alegó que los contratos del despacho y las auditorías programadas por la ASF no influían en su labor e inclusive exhibió un oficio emitido por el ex secretario de la Función Pública Eduardo Romero Ramos, quien lo exculpó al afirmar que en su criterio no existía conflicto de intereses.
Dicho proceso de sanción al auditor es independiente de la solicitud de responsabilidad que en 2006 interpuso el ex presidente de la comisión que investigó a los hijos de Marta Sahagún, Jesús González Schmal, por las presuntas irregularidades en que incurrió González de Aragón en la revisión de la Cuenta Pública 2004, cuando se buscó encubrir el cheque con el que Jorge Alberto Bribiesca Sahagun garantizó el pago, en nombre de Construcciones Prácticas, de cartera vencida en favor del IPAB.