■ Advierte el Presidente que no habrá seguridad sin la participación de los ciudadanos

Calderón exige corresponsabilidad en la lucha contra el crimen organizado

■ Firma en Palacio Nacional el decreto de reforma constitucional en materia de justicia penal

Claudia Herrera Beltrán

El presidente Felipe Calderón puso ayer en marcha la reforma en materia de justicia penal, y advirtió que no habrá seguridad en el país si se asume que ésta es tarea de un solo orden de gobierno.

Enfatizó que el combate a la criminalidad más peligrosa no es lucha del gobierno, sino de toda la sociedad y del Estado mexicano, porque lo que está en juego no es la libertad, seguridad e integridad de los gobernantes, sino, sobre todo, de los ciudadanos.

En medio de una creciente ola de violencia en el país, declaró estar decidido a ganar la guerra contra la delincuencia y el crimen organizado.

Antes el priísta César Camacho Quiroz, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, señaló que la Constitución tendrá ahora herramientas legales para combatir mejor el crimen organizado, pero resaltó: “la tarea es fundamentalmente suya, señor presidente, aunque en este empeño usted nunca estará solo”.

Calderón Hinojosa, en una concurrida ceremonia realizada en el salón Tesorería de Palacio Nacional, firmó el decreto que da comienzo al proceso de implantación de dicha modificación.

En presencia de los integrantes de su gabinete de seguridad, legisladores y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, el michoacano consideró que la reforma es quizá la más relevante que se haya efectuado al sistema de justicia penal, por lo cual reconoció a legisladores y expertos que la analizaron y aprobaron.

Luego de enumerar las ventajas de estos cambios llamó a las autoridades de todos los órdenes de gobierno a cerrar espacios a la impunidad, a la tolerancia y a la complicidad con el delito, empleando para ello todos los recursos disponibles.

Aseguró que ahora empieza la tarea de depurar y profesionalizar los cuerpos policiacos en todo el país. “No habrá seguridad garantizada mientras se asuma que la lucha por la seguridad pública es tarea de un solo orden de gobierno, sea federal o cualquier otro; es responsabilidad de todas las autoridades, de todos los órdenes de gobierno, y un esfuerzo que requiere la colaboración de la ciudadanía”, afirmó.

Para implementar la reforma de manera exitosa, consideró que se requiere el compromiso y la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes de la Unión, porque sólo trabajando con unidad se podrá fortalecer al Estado frente a la delincuencia y el crimen.

Llamó a actuar de inmediato en la modernización de las instituciones que integran el sistema de seguridad y justicia penal, para dar cumplimiento puntual a sus mandatos, y a revisar procesos para que no abrumen a los juzgadores.

En sintonía con el discurso presidencial, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, remarcó que el problema de la inseguridad pública no se resolverá sólo con mayores recursos, más policías o mejores leyes. Es necesaria, dijo, mayor participación de la sociedad, que asuma sus valores cívicos y democráticos haciendo de la denuncia un hábito.

Camacho Quiroz, uno de los cuatro oradores, si bien celebró la promulgación de dicha ley, aseguró que el sistema de seguridad y justicia penal está agotado y la gente no aguanta más, porque el crimen organizado está llegando a límites insospechados.

A cuatro años de la marcha ciudadana contra la inseguridad, abundó, la percepción es que la delincuencia crece mientras el gobierno se concentra en su guerra contra el narcotráfico.

Mencionó que para los defensores de los derechos humanos resulta atroz que a quien hurte un paquete de galletas y rompa la envoltura lo acusen de robo con violencia, y que más de 90 mil personas estén privadas de su libertad sin sentencia condenatoria. “Y qué decir de los llamados, con involuntario humor negro, centros de readaptación social”, expresó.