■ La propuesta de participación de la IP en la transportación sólo haría legal una práctica común

Empresarios dicen que Pemex abandonó a su suerte la red de distribución de combustibles

■ Inverosímiles, las cifras sobre incapacidad de la paraestatal para extraer recursos: García Henaine

Roberto González y Roberto Garduño

En las pasadas tres décadas el gobierno federal no realizó inversiones suficientes para mantener a punto el sistema de ductos que transportan gas, petróleo y derivados por el territorio nacional. Lo obsoleto de esa red de infraestructura energética, que llega al extremo de que la capital del país sólo tenga reserva de gasolina para un día, es uno de los argumentos de la propuesta del Ejecutivo federal para permitir la participación del capital privado en el transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y sus derivados.

Así lo planteó Juan Pablo González Córdoba, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, quien abundó:

“La iniciativa del presidente (Felipe) Calderón no señala cuáles serían las ventajas de que el Estado abandonara una responsabilidad estratégica, como es la de garantizar el abasto de crudo a las refinerías y los hidrocarburos refinados a los distribuidores y consumidores finales.”

González Córdoba fue uno de los ocho ponentes que este martes participaron en el undécimo foro de discusión en el Senado de la República sobre la reforma petrolera propuesta por el Ejecutivo federal en abril pasado.

Los problemas relacionados con la infraestructura de ductos y almacenes de Petróleos Mexicanos (Pemex) no son nuevos. “La empresa ha sido abandonada a su suerte, mientras se le extraen recursos. El almacenamiento y transportación están colgados de los hilos más delgados, que pueden provocar daños por falta de abastecimiento”, aseguró.

Otro de los ponentes, el general retirado y ex diputado federal Jorge García Henaine, cuestionó en el foro la constitucionalidad de la reforma propuesta por el Ejecutivo federal, que en lo relativo al tema de transporte y almacenamiento de hidrocarburos y derivados propone la participación de empresas privadas y que la actividad deje de ser exclusiva de Pemex.

“Creo firmemente que la propuesta de modificar la ley reglamentaria para violentar el espíritu del artículo 27 constitucional es equivocada”, afirmó el general García Henaine. “Darle entrada a las empresas y capitales trasnacionales es dársela también a los gobiernos que las representan”, sostuvo.

“El declive de Pemex corre paralelo al de la economía y la soberanía del país”, apuntó. Respondió a quienes defienden que sólo la participación privada en el negocio petrolero puede suplir la falta de capacidad tecnológica del país: “debemos recobrar la confianza en nosotros mismos, pues el petróleo, el agua y los alimentos son las prioridades del país”. Añadió: “no se pueden hacer cosas grandes con hombres pequeños”.

García Henaine cuestionó la veracidad de las cifras que esgrimen los defensores de la iniciativa presidencial, quienes aseguran que el país no puede por sí mismo explotar sus recursos petroleros. “Creo firmemente que los datos que los funcionarios nos están presentando no son reales y únicamente se trata de maquillar las cifras para justificar modificaciones a la ley”, expresó.

Otro punto de vista, el de Jorge Padilla, dirigente de la Camara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), es que algunas de las reformas legales propuestas por el Ejecutivo en el paquete de iniciativas de abril pasado en realidad tratan de hacer legal lo que hoy es práctica corriente en la actividad de Pemex.

Las iniciativas propuestas por el Ejecutivo, dijo, tienen la intencion de establecer de manera clara y expresa que los sectores social y privado pueden participar en el transporte, almacenamiento y distribucion de los productos que se obtengan de la refinacion del petróleo, gas y de los petroquímicos básicos.

“Vale la pena mencionar que todas estas actividades, excepto la del transporte por ducto, se han venido realizando durante mucho tiempo por particulares, mediante diversas figuras jurídicas, como concesiones, contratos de prestación de servicios, contratos de distribución y compraventa de combustibles.”

Añadió que la propuesta de reforma trata de poner orden y dar certidumbre a una realidad que, aseguró, se viene dando desde hace algunos años y que ha probado su eficiencia y su posibilidad de éxito.

En favor de la propuesta de reforma del Ejecutivo se pronunció en el foro Raúl Monteforte Sánchez, ex titular de la gubernamental Comisión Reguladora de Energía, quien consideró “autodestructivo” mantener cerrada a la inversión privada la red de distribución y almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados, “con la creencia de que hay dinero para todo”.

Consideró que la propuesta del Ejecutivo abre a la participación privada la actividad de transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, pero aseveró que esas actividades “no constituyen el núcleo de la industria petrolera ni son las de mayor rentabilidad”.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Miguel Marón Manzur, planteó que en el sector productivo el tema relevante, en cuanto a transporte y almacenamiento de hidrocarburos se refiere, es que se garantice el abasto.

Ése, agregó, es un tema que afecta no sólo a la industria establecida, sino que también tiene que ver con decisiones sobre nuevas inversiones.

“La seguridad en el abasto de petrolíferos de México es un tema fundamental para la industria nacional. Las condiciones actuales de nuestra red de transporte, almacenamiento y distribución de gasolinas, diesel, así como otros refinados y petroquímicos básicos, amenazan nuestra capacidad de crecer, de impulsar a la industria y abatir los niveles de pobreza y desempleo”, señaló.