Javier Flores

Universidad y reforma energética

El auditorio de la Facultad de Medicina, que dirige el doctor Enrique Graue Wiechers, será uno de los escenarios en el que se expresarán los integrantes de la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en torno a la reforma energética. El otro será el auditorio del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, encabezado por el antropólogo Sergio Raúl Arroyo. El primero se encuentra en el corazón de la Ciudad Universitaria, considerada patrimonio de la humanidad, y es ahí donde se examinan cotidianamente los avances en las ciencias médicas para beneficio de la sociedad; también se han definido ahí episodios clave en la historia de la institución. El segundo se ubica a un costado de la Plaza de las Tres Culturas y, como se sabe, lo que ocurrió en ese sitio hace 40 años cambió definitivamente la fisonomía de nuestro país. Se trata de dos recintos con grandes significados.

La UNAM asume su responsabilidad frente a la nación en un momento de definiciones. Aun antes de que diera inicio el debate universitario sobre la reforma energética, hay un mensaje muy claro desde esa casa de estudios: la propuesta de reforma presentada por el Ejecutivo a los legisladores requiere de una discusión más amplia. Si bien ya se han abierto espacios para el examen de este tema, como el encuentro que se realiza en el Senado de la República, es necesario extenderlo para dar cabida expresamente a las voces de los especialistas tanto de las disciplinas científicas como de las humanísticas. En otras palabras, hay una especificidad en el ejercicio universitario, pues se realiza en el contexto de la autonomía, esto significa que se trata de una expresión académica sobre un tema que interesa a todos los mexicanos, realizada al margen de cualquier poder.

Por tanto, los resultados de este ejercicio independiente no tienen por qué ser coincidentes con los que puedan emerger en una relatoría realizada exclusivamente por los legisladores. Será, sí, una contribución original que se pondrá a disposición del Poder Legislativo, que podrá o no considerarla para normar su decisión, pero tendrá un efecto adicional, pues quedará como una postura de la universidad más importante de Iberoamérica, en torno de uno de los episodios centrales de la historia del México contemporáneo.

De este modo, se va configurando en el país una imagen que tiene como centro la reforma. Imaginemos una fotografía en la que aparece la iniciativa del Poder Ejecutivo, respaldada por los legisladores del Partido Acción Nacional, que si bien difícilmente quedará aprobada en sus términos originales, preservará muy probablemente los aspectos más riesgosos de intervención de capitales privados, nacionales y extranjeros, sobre el funcionamiento de Pemex, gracias al apoyo del Partido Revolucionario Institucional. Por otra parte, frente a esto, una oposición importante que se da en las calles, por la existencia de un movimiento popular creciente que se opone a la reforma con una fuerza que no es posible desestimar.

En el mismo cuadro, las instituciones de educación superior e investigación y las organizaciones científicas (como hace ahora mismo la Academia Mexicana de Ciencias) escudriñan la naturaleza de la reforma, debido a que están involucrados temas, que son de su competencia, como los conocimientos y las tecnologías propias de esta industria que se imparten en sus aulas y se investigan en sus laboratorios y gabinetes, o la necesidad de desarrollar fuentes alternas de energía, y otros temas como la urgencia de acrecentar las capacidades científicas y tecnológicas del país para frenar la dependencia, entre otros tópicos que involucran también a las disciplinas sociales y humanísticas.

En el fondo, aparece la decisión del gobierno, que ya ha adelantado su propósito de sacar adelante una reforma que pone en grave riesgo la propiedad y los beneficios de una industria en la que descansa el presente y futuro del país. Esto a pesar del rechazo social y de las voces calificadas de alerta. Como ya ha adelantado el licenciado Felipe Calderón, el gobierno se encontraría dispuesto a asumir los costos políticos de esta aventura, lo que, sin embargo, podría modularse ante la proximidad de las elecciones intermedias.

Como sea, con el debate universitario sobre la reforma energética, que dará inicio el 23 de junio en la Facultad de Medicina y en Tlatelolco, la UNAM cumple con una de sus responsabilidades centrales ante la sociedad: examinar con rigor e independencia los grandes problemas nacionales, en un momento de definiciones en el que no caben las ambigüedades, pues lo que está en juego es el futuro de México.