Chiapas: respuesta ciudadana
Los más recientes operativos del Ejército y de las diversas policías en el territorio ocupado por las juntas de buen gobierno en Chiapas entrañan la concreción de la decisión de romper con el espacio de gobierno indígena que el zapatismo ha logrado construir, a contrapelo de la política de Estado que en 2001 se perfiló con la contrarreforma indígena.
Al margen de que su contenido trastocó lo firmado en los acuerdos de San Andrés, desde entonces se perfiló la postura de romper en los hechos con la posibilidad de lograr la firma de la paz con el EZLN. A siete años encontramos evidencias de que está operando una estrategia que busca desarticular en definitiva el proyecto zapatista. Se expresa en materia agraria al promover la confrontación sobre las tierras ocupadas desde 1994 y que serían objeto de regularización en el contexto del proceso de diálogo y reconciliación. También se ha pasado por la presión de los llamados programas sociales, intentando dividir mediante el dineroducto, y ha sido recurrente la postura de mostrar al EZLN como cómplice del crimen organizado.
De la baladronada foxista en torno a que resolvería el conflicto “en 15 minutos”, el calderonismo pasó a la estrategia activa de desmantelamiento, sólo que sin anuncios espectaculares. Primero ignoró a la Coordinación para el Diálogo, señalando que desde la Comisión de Desarrollo para Pueblos Indígenas (CDI) se podía “atender”, luego empezó a filtrar que desaparecería en definitiva dicha coordinación para luego desdecirse. Si por ellos fuera, formalizarían la abrogación que en la práctica han hecho de la Ley Para el Diálogo la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.
En ese contexto son particularmente graves los sucesos del pasado 4 de junio: la intervención del Ejército federal, de la Procuraduría General de la República y de las policías estatal y municipal en La Garrucha con el pretexto de buscar plantíos de mariguana. La reacción de los habitantes de las comunidades de Hermenegildo Galeana y San Alejandro para repelerlo con machetes, palos, hondas y resorteras pudo cobrar dimensiones inimaginables. Esta vez no abrieron fuego los intrusos, se retiraron amenazando con que regresarían. ¿Quién puede detenerlos?
Justamente esta pregunta debemos hacernos desde la sociedad, porque no hay espacios de interlocución a ningún nivel: el muy lamentable gobernador de Chiapas, quien llegó al poder con las siglas del PRD, está aliado con lo más atrabiliario del entorno chiapaneco; la presencia de Jorge Constantino Kanter en su gobierno habla por sí misma. Pese a ello, niega responsabilidad en los hechos en voz del secretario de Gobierno, Jorge Antonio Morales Messner, quien en un lenguaje perverso aclaró que ellos no pueden negarse a participar con la policía cuando les solicitan ayuda para combatir delitos federales como el de tráfico de enervantes o de armas, lo cual, dijo, no constituye un acto de represión a los zapatistas. De paso deslizó su “lavado de manos” al señalar que el interlocutor para el diálogo es el gobierno federal y no el chiapaneco. Cuando les conviene se arropan en las formalidades, pero sabemos que en la trayectoria del conflicto la postura del gobierno estatal ha sido clave para activar o desactivar provocaciones. Por otra parte, la muy formal Comisión de Concordia y Pacificación en el Congreso de la Unión parece reliquia enmohecida. Mientras tanto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas está documentando las reiteradas violaciones a derechos humanos, el incremento de la presencia militar y las evidencias de que el clima de tensión va en aumento (boletín de 11 de junio de 2008).
Desde el zapatismo se ha señalado que muchos de quienes fueron aliados se han alejado, y algo de razón existe en esta percepción que encuentra explicación aparente en el muy controvertido 2006 y las posturas en torno al entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, no hay justificación para cruzarse de brazos ante la actual embestida contra las comunidades zapatistas: todos y todas, esto es, quienes en 1994 salimos a la calle pidiendo la paz y acompañamos ese proceso, debemos responder al calderonismo y exigir que cese el acoso a las juntas de buen gobierno.
Sabemos que la agenda está muy cargada y que todos los frentes son importantes, pero necesitamos rearticularnos, aún es tiempo de reaccionar para impedir que se consolide la estrategia de desmantelamiento y acoso a las comunidades zapatistas de Chiapas. No olvidemos que están dispuestas a defenderse, aun a costa de su vida, y que el EZLN ha reiterado, como hizo a finales del año pasado, que no dejará solas a las comunidades y que las defenderá con todo lo que sabe y puede.
En una ocasión Luis Villoro me preguntó sobre nuestra participación en apoyo a los pueblos indígenas en Chiapas: “¿por qué andamos en esto?”, dijo, y él solo se respondió: “porque no podemos ser cómplices”. No lo seamos.