■ La Secretaría de Gobernación, “atada de manos” ante una ley de cultos rebasada
Favoritismo de autoridades hacia la Iglesia católica fomenta la intolerancia religiosa
■ Gobernadores hacen donaciones piadosas con el argumento de detonar el turismo en sus localidades
En los conflictos de intolerancia religiosa, la Secretaría de Gobernación “prácticamente está atada de manos” ante una Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público rebasada y una “falta de voluntad política” para recurrir a medidas coercitivas. No hay registro alguno de una amonestación mayor o pérdida de registro constitutivo de una iglesia o asociación religiosa por este motivo, pese a las múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Las evidentes muestras de “favoritismo” de integrantes de los diferentes niveles de gobierno y de todos los signos partidistas hacia la Iglesia católica y sus jerarcas –evidenciadas claramente desde el gobierno del presidente Vicente Fox y respaldadas por no pocos gobernadores y alcaldes– fomentan en realidad un clima de intolerancia religiosa y ponen en entredicho el carácter laico del Estado mexicano, opinan especialistas en el tema religioso.
Al presidente Felipe Calderón tampoco se le ha escuchado en todo su gobierno un discurso claro sobre el tema.
Desde junio de hace siete años, la Secretaría de Gobernación y el entonces Instituto Nacional Indigenista se comprometieron, mediante la firma de un convenio de colaboración, a instrumentar acciones para promover la convivencia y el respeto de las expresiones religiosas entre individuos y grupos indígenas, elaborar materiales didácticos sobre el tema y difundirlos, así como crear y compartir una base de datos sobre casos de intolerancia religiosa.
Hasta el momento, ni la Dirección de Asuntos Religiosos y Culto Público de Gobernación, ni el sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas, dependiente de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, han dado a conocer el material que dicen tener para tal efecto y que presumiblemente se transmite a través de las 21 estaciones a su cargo, denunció Oscar Moha, representante en México de la organización internacional “Las voces de los mártires”.
Para Fred Alvarez Palafox, especialista en el tema religioso, las megalimosnas y donativos que otorgan diversos gobernadores y alcaldes a la Iglesia y jerarcas católicos no sólo fomenta un clima de intolerancia mediante un mensaje público de que lo católico es lo aceptable, sino que además se vulnera el Estado laico, cuya misión es garantizar la igualdad jurídica de las diferentes iglesias, independientemente de su tamaño y peso específico en la sociedad.
Ante la ley todas las asociaciones religiosas son y deben ser tratadas como igual, señala.
El donativo de 90 millones de pesos del gobernador de Jalisco, Emilio González, a la arquidiócesis de Guadalajara para la construcción del santuario de los mártires cristeros, no es una acción aislada, sino forma parte de una larga lista donde se encuentran los gobernadores y algunos alcaldes de Nuevo León, Chiapas y Guanajuato, sólo por citar algunos, según un monitoreo hecho por varias iglesias evangélicas.
Así, el gobierno de Chiapas pretende construir el Cristo de Mactumactzá, obra de 60 metros de altura en la que invertirá 50 millones de pesos, en las reservas ecológicas de El Zapotal y la Meseta de Copoya, que ya presentan evidentes signos de deterioro ambiental y que podría acelerarse con dicha edificación.
Al igual que Emilio González, el gobernador Juan Sabines presenta la obra –cuyo Cristo será más grande que los ubicados en Brasil, Bolivia y España– como una inversión turística. Pero también está la donación de cinco hectáreas en el municipio de Cintalapa para la construcción del monasterio benedictino.
Además, el destino de 60 millones de pesos para la construcción de la Plaza Catedral y la Plaza del Templo Expiatorio de León, Guanajuato, donde el argumento del gobernador Juan Manuel Oliva es el mismo de sus colegas.
Pero también están los ayuntamientos de Apodaca y Cadereyta, en Nuevo León, que se disputan cuál de los dos alcaldes es “más piadoso”. Raymundo Flores Elizondo, de Apodaca, ha donado 6 millones de pesos a la construcción de diversas iglesias, todas ellas católicas, según la página de transparencia del ayuntamiento, mientras que Edelmiro Cantú Sada, de Cadereyta, ha entregado recursos del erario para la restauración de otros cuatro templos, por un monto superior a 350 mil pesos, todos fondos públicos.
Tampoco es sólo el dinero. Aunque los líderes de iglesias evangélicas no lo digan abiertamente, ellos saben que cuando se trata de jerarcas católicos, éstos son recibidos por el presidente Calderón o cualquiera de los secretarios de Estado. Pero cuando se habla de iglesias evangélicas, si bien les va, cuentan con la presencia del subsecretario o director del área en turno. “Saben muy bien que el trato tampoco es el mismo”, coinciden Fred Alvarez y Oscar Moha.