Persiguen a la policía comunitaria de Guerrero 

La Policía Comunitaria de Guerrero, una de las experiencias de autonomía indígena más importantes de México, responsable de disminuir en más de un 90 por ciento la delincuencia en las conflictivas regiones de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero, es nuevamente perseguida y hostigada por las autoridades del Estado.

La reciente embestida gubernamental contra la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (crac-policía comunitaria), coincide con la expansión de este proyecto creado desde abajo por los pueblos mixtecos y tlapanecos (principalmente), en octubre de 1995. Empezaron a operar en sólo dos municipios, y actualmente hay más de 600 “comunitarios”, como mejor se les conoce, distribuidos en 72 comunidades de diez municipios que comparten este sistema autónomo de justicia. Su mayor delito es haber probado la ineficiencia de los tres niveles de gobierno en materia de procuración y prevención de justicia, en una zona que entre 1992 y 1995 fue víctima de la más despiadada ola de violencia protagonizada por la delincuencia organizada, y no pocas veces por las propias policías estatales y municipales.

Marquelia, en la Costa Chica, es uno de los diez municipios en los que la CRAC no sólo detiene delincuentes, sino que legitima el derecho tradicional de perseguir y sancionar delitos del fuero común (robo, asalto, violación, asesinato, abigeato, entre otros). En esta demarcación, a finales de mayo pasado, la policía preventiva municipal agredió a “los comunitarios”.

La CRAC denunció que cuando un grupo de dirigentes y policías de la comunitaria salía de Marquelia con destino a San Luis Acatlán, donde se encuentra su sede, una patrulla de policías preventivos de Marquelia intentó sacar su vehículo de la carretera. Los comunitarios lograron esquivar parcialmente el golpe directo contra ellos, sin poder evitar un golpe lateral a su camioneta, lo que provocó diversas lesiones a uno de sus comandantes y a un asesor. Después de la agresión los policías de la CRAC lograron desarmar y detener al policía que conducía la patrulla preventiva municipal, y condicionaron su liberación a que los gobiernos estatal y municipal se comprometan a respetar a la corporación indígena, y a poner fin a la represión, persecución y hostigamiento en contra de sus miembros.

A veces son las autoridades municipales o estatales las que agraden a los comunitarios, otras, las presiones vienen del Ejército o de la Marina, y otras más de la Policía Federal Preventiva (PFP) o la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). El asunto es que actualmente hay más de treinta órdenes de aprehensión en contra de los excomisarios de la policía comunitaria.

Mientras se arremete y persigue a la CRAC, se militariza el estado de Guerrero. La ocupación militar ha incrementado de manera alarmante la violación a los derechos humanos de una población indígena que, como diría Abel Barrera, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, no sólo “aprende a resistir, sino a construir sistemas alternativos que son viables y que les permiten acceder, en este caso, a la justicia”.

Gloria Muñoz Ramírez