El “delito” de los documentalistas

Patricio Guzmán

Si un director de documentales resuelve hacer una película sobre el movimiento palestino Hamas y para hacerlo recibe subvenciones o recursos económicos de varias cadenas de televisión de Estados Unidos o Europa (dinero público o privado) está en pleno derecho de filmar el proyecto cinematográfico que ha concebido sin tener que dar explicaciones a nadie y menos ser acusado de malversación de fondos, agredido, humillado y encarcelado como le ha ocurrido a la cineasta chilena Elena Varela por filmar a los mapuche, que no poseen ni remotamente las armas y las ideas de Hamas.

Esta misma libertad de imagen vale para los documentalistas que están haciendo películas sobre Afganistán, Córcega, Georgia, Irak, Bolivia, Bélgica, Chechenia, Líbano, Tibet, Cachemira y muchos otros lugares donde existen movimientos de reivindicación nacionalista, ya que el papel del cineasta que hace documentales es filmar la realidad cualquiera que ella sea.

El Estado chileno aplica una ley antiterrorista heredada del régimen de Pinochet para meter en la cárcel a Elena Varela por hacer una película documental que denuncia el robo de tierras y los malos tratos de que han sido víctimas los mapuche desde la creación de la República de Chile y antes por los españoles. La operación es sostenida por un gobierno débil que no hace nada; deja que las cosas continúen adelante haciendo oídos sordos.

Hace dos años la policía mexicana golpeó, robó, vejó sexualmente, encarceló y después expulsó del país a otra documentalista chilena, Valentina Palma, por estar filmando la represión policial en una comarca cerca de la capital. En aquella época encontré personalmente a la ministra de cultura, Paulina Urrutia, mientras acompañaba a la presidenta en la ciudad de Madrid. Le entregué un sobre con todos los antecedentes del caso, pero no pasó nada. El gobierno de Chile no pudo reclamar nada al gobierno mexicano. ¿Ahora pasa lo mismo con Elena Varela? ¿Quién tiene las pruebas de que Elena Varela es asaltante de bancos o guerrillera como dicen las autoridades de la justicia? ¿Por qué se la mantiene presa e incomunicada? ¿Por qué la policía actúa como si detrás del documental de Elena Varela se escondiera un complot de alcance nacional? ¿Es que en los profundos bosques mapuches se oculta un ejército de liberación que está preparando el asalto a Santiago? ¿Cómo es posible que la policía use las imágenes de Elena Varela para acusar más tarde a los participantes del documental como delincuentes? ¿No tienen ellos derecho a expresar sus ideas?

Todo ello deja al desnudo una alarmante falta de libertad de expresión, revela unos procedimientos de la justicia y unas fuerzas del orden público que usan métodos propios de una dictadura y no las vías de un país democrático. ¿Cómo es posible que no seamos capaces de terminar con las conductas dictatoriales en un país que se considera moderno y dinámico, soberano y con un Estado de derecho?

Me indigna que esto ocurra en mi país; mi indigna como cualquier demócrata en cualquier parte del mundo. Me sumo a las exigencias de mis colegas cineastas: libertad para Elena Varela y la devolución de su material.

París, 30 de mayo

Bachelet ha hecho

de los mapuche “el enemigo”

El 29 de mayo pasado el mapuche Luis Catrimil Huenupe, de 60 años, fue condenado a cuatro años y un día de prisión en la cárcel de Angol, por “incendio simple”. Catrimil forma parte del grupo de comuneros sentenciados bajo diversos argumentos y procedimientos de participar en el incendio de la finca Poluco Podenco, en el sur de Chile. En esta ocasión, informa la periodista Lucía Sepúlveda “el tribunal no acogió los argumentos de los fiscales Luis Chamorro y Miguel Ángel Velásquez, quienes junto al abogado querellante de la gobernación de la provincia de Malleco, Mauricio Latorre, habían acusado a Catrimil de incendio terrorista, incumpliendo la promesa de la presidenta Bachelet de no recurrir más como gobierno a esa legislación del periodo de dictadura”.

Otros condenados, como Patricia Troncoso y Jaime Marileo han permanecido ya cinco años encarcelados y en marzo de este año lograron la salida de fin de semana y el traslado a un Centro de Estudio y Trabajo (CET) de Angol, tras una extensa y combativa huelga de hambre. José Huenchunao, en tanto, fue detenido en marzo de 2007 (luego de tres años de clandestinidad) y cumple condena en la cárcel de Angol, al igual que Marileo. Luego de 101 días sin ingerir alimentos y tras un mes de recuperación en el hospital de Temuco, Patricia fue trasladada al cet de la misma ciudad y cuenta con la salida dominical. Juan Carlos Huenulao y Patricio Marileo están recluidos en el cet de Victoria. Los cinco están sentenciados bajo la Ley Antiterrorista. El sexto prisionero por esta causa es José Llanquileo. Este militante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) fue detenido en noviembre de 2006 tras estar cerca de tres años clandestino. Llanquileo —preso en Traiguén— fue sentenciado, en enero de 2007, a cinco años y un día por el delito de incendio simple, la misma calificación que aplicó a Catrimil este tribunal.

En abril de 2006, los comuneros José Cariqueo y Juan Carlos Colihuinca fueron sometidos a juicio oral por las mismas acusaciones y sorpresivamente, con idénticos testigos, fueron absueltos de las imputaciones efectuadas por los fiscales. Mireya Figueroa y Juan Ciriaco Millacheo, también requeridos en este proceso, permanecen en la clandestinidad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha acogido la denuncia presentada contra el gobierno chileno por los presos políticos mapuche respecto de la inexistencia de un debido proceso y la negativa del gobierno de revisar las sentencias. Por estos hechos el gobierno chileno ha sido duramente cuestionado por diversos organismos internacionales de derechos humanos acerca de la aplicación de la ley antiterrorista del periodo pinochetista por delitos no relacionados con hechos de sangre.

(periodismosanador.blogspot.com)