■ Realiza la SIEDO investigación y cateos de compañías sospechosas en el norte del país
Narcos usan a empresas de seguridad como fachada para lavar sus activos
■ Encuentran cheques a nombre de importantes capos de la droga y comandantes policiacos
La Procuraduría General de la República (PGR) investiga varias empresas que brindan servicios de seguridad privada en el norte del país, debido a que se tiene detectado que grupos de narcotraficantes presuntamente han financiado y creado “empresas fachada” utilizadas para lavar sus activos de procedencia ilícita, revelaron fuentes gubernamentales cercanas a la indagatoria.
La investigación se mantiene bajo reserva en un área de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
Hasta el momento, la indagatoria ha llevado a agentes federales a realizar cateos en instalaciones de empresas de seguridad privada asentadas en estados del norte del país, como Sinaloa, Chihuahua y Baja California.
Incluso, en un cateo reciente efectuado en una empresa de seguridad privada ubicada en el estado de Sinaloa, policías federales detectaron información (cheques a nombre de importantes capos de la droga y/o de comandantes de corporaciones policiacas estatales y municipales.
También se han localizadonotas con direcciones de supuestas casas de seguridad de grupos delictivos) que hace suponer que la compañía lava dinero para algún cártel del narcotráfico.
En otro orden, cinco empresas de seguridad privada que operaban en el país fueron clausuradas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, debido a que operaban al margen de la normatividad vigente.
Mediante un comunicado, la dependencia que encabeza Genaro García Luna informó que los negocios que no acreditaron la autorización correspondiente para la venta de chalecos antibalas, entre otros artículos para la seguridad personal, son Impermeables Rivamar, Baher Asesores Integrales, Bullert Internacional, Intercambio Comercial y Comercializadora Paspor.
“La medida de seguridad se aplicó luego de que las empresas no pudieran acreditar la autorización federal para desarrollar las actividades relacionadas con la comercialización de equipos técnicos especializados, vinculados con los servicios de seguridad privada”, agregó el comunicado.
En el caso de las empresas de seguridad privada presuntamente ligadas al crimen organizado, las fuentes consultadas no revelaron sus nombres para evitar entorpecer las investigaciones, no obstante, aclararon que ya se tiene registro puntual de sus operaciones financieras gracias a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.