■ Impactó la recaudación del IEPS, advierte una investigación del Colef
Afectó ingresos de los estados modificar el precio de la gasolina en la frontera norte
A un sexenio de que el gobierno federal cambió la política de precios de la gasolina en la frontera norte, con el argumento de que al homologarlos con los del sur de Estados Unidos se generarían beneficios “para todos” sin afectar las finanzas públicas, existe “la gran interrogante” sobre los costos fiscales que ha ocasionado dicha medida.
Esa “es la gran tarea pendiente” de las autoridades, ya que como efecto inicial se modificó la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), cuyo monto influye en las asignaciones presupuestales para los estados fronterizos y en consecuencia para todo el país, advierte una investigación difundida por el Colegio de la Frontera Norte (Colef)
“Al modificarse la recaudación del IEPS a gasolinas en los estados fronterizos, obviamente la recaudación del gobierno federal se vería afectada. Ese es sólo el efecto inicial. Como el IEPS a la gasolina es un impuesto asignable, entonces tanto su evolución como su estructura regional influyen en los recursos que reciben los estados fronterizos por concepto de participaciones federales. Pero ahí no termina todo, porque si cambian las asignaciones a los estados fronterizos entonces cambia la distribución para todas las entidades de la república y para cada uno de los municipios del país”, explican Jorge Ibarra Salazar y Lida Sotres Cervantes, autores del estudio publicado por el Colef e investigadores del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
El hecho de que la demanda del energético sea más sensible a cambios en el precio en las zonas fronterizas respecto al resto del país, puede justificar la política diferenciada que el gobierno federal aplica a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), toda vez que las gasolineras de la región registraban una reducción en sus ventas porque la gasolina se vendía más barata en Estados Unidos. Pero para Ibarra Salazar y Sotres Cervantes las estimaciones del costo fiscal sobre la homologación de precios “resultan muy cuestionables” y aunque la medida responde a condiciones de mercada también, señalaron, “tiene una dosis de contenido político”.