■ Estaría en sus manos autorizar la entrada y salida de extranjeros
Busca Mouriño aumentar facultades a Teresa Aranda y Cecilia Romero en SG
El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, pretende dar más facultades a los titulares de Población, Migración y Asuntos Religiosos y del Instituto Nacional de Migración (INM), actualmente a cargo de Ana Teresa Aranda y Cecilia Romero Castillo, respectivamente, para la autorización de entrada y salida a extranjeros.
Lo anterior, con el argumento de que los flujos han cambiado y se requiere una regulación apropiada para preservar la seguridad nacional. “El entorno internacional ha cambiado en los últimos años y, en consecuencia, la regulación apropiada de internación, salida, reingreso y estancia de extranjeros en el país, por lo que el resguardo de nuestras fronteras, puertos marítimos y aeropuertos constituye un vértice de suma importancia para la seguridad nacional”.
Lo anterior es parte del acuerdo que daría a los máximos responsables de las áreas en referencia amplias facultades para autorizar o no los movimientos de migrantes en el territorio.
De aprobarse el documento, actualmente en revisión en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), quedaría abrogado el Acuerdo Delegatorio de Facultades, en vigor desde agosto de 1998.
Aranda, secretaria de Desarrollo Social en el sexenio foxista, y Romero Castillo –parte del equipo cercano de Mouriño– apoyaron abiertamente a Felipe Calderón desde la precampaña interna de Acción Nacional por la candidatura a la Presidencia.
La propuesta tiene como fin que los responsables de las áreas citadas puedan autorizar trámites migratorios y ejercer diversas atribuciones previstas en la Ley General de Población (y su reglamento), principalmente para establecer “sistemas adecuados para el debido y eficaz ejercicio” de sus obligaciones.
Por ejemplo, la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos podría autorizar la readmisión a expulsados o aceptar un nuevo proceso, dar su visto bueno para la calidad del estatus de un extranjero y dispensar sanciones para refugiados.
En tanto, el comisionado del INM podría expedir la declaratoria de inmigrado, otorgar el perdón en aquellos delitos que se persiguen por querella o expedir circulares con disposiciones migratorias.
De manera indistinta, esos funcionarios tendrían la posibilidad de autorizar un permiso o plazos de internación, o modificar las condiciones de estancia de un extranjero.
Asimismo, avalar prórrogas, revalidaciones, refrendos y autorizaciones varias para asilados políticos y refugiados, otorgar calidad de no inmigrante “visitante distinguido” e imponer sanciones a empresas navieras o aéreas.
También podrían autorizar desembarco en puertos como visitantes local o provisional e incluso estarían facultados para detener la salida de transportes del país.
El acuerdo prevé además que las actuales funcionarias puedan ser las responsables de autorizar oficios de salida definitiva de México (documentos que se otorgan, por ejemplo, a ciudadanos cubanos que se encuentran retenidos en estaciones migratorias); permiso para contraer matrimonio de un extranjero con mexicano y para realizar trámite de adopción. En consecuencia, el titular de la subsecretaría o del INM podrían negar luz verde en los trámites anteriores.
El acuerdo incluye expedir opinión para el otorgamiento o pérdida de la nacionalidad por naturalización, investigar la veracidad de datos y documentos migratorios, y formular denuncias en los casos de delitos tipificados en la Ley General de Población, entre otras.