■ Por abusos, habitantes pugnan por la expulsión de la trasnacional

Con el aval de autoridades, Aguas de Barcelona impone su ley a coahuilenses

Jaime Avilés/I (Enviado)

Saltillo, Coah., 14 de junio. ¿Por qué se están secando los árboles y los prados en los jardines públicos de esta ciudad? La respuesta en la calle es unánime: porque la “dueña” del agua –es decir, la trasnacional Aguas de Barcelona, que opera aquí desde octubre de 2001– pide, por regar los parques, una cuota mensual de 100 pesos, tres veces más alta que la del consumo doméstico (35 pesos), y como la gente se niega a pagarla los deja morir de sed.

“Hemos llegado a tal extremo que por instalar una toma de agua en una casa recién construida, (los europeos) cobran lo que vale todo el terreno”, denuncia el obispo de Saltillo, monseñor Raúl Vera López. Ellos “controlan 49 por ciento de las acciones (del sistema hidráulico local), pero imponen todas las decisiones y nadie, ni el municipio ni el gobernador (Humberto Moreira), les dice media palabra”, afirman a su vez los esposos Gloria Tobón y Rodolfo Garza, directores de la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS), que pugnan por la expulsión de la empresa extranjera.

Enclavada en los desiertos del noreste mexicano, con cerca de 700 mil habitantes, Saltillo le debe su nombre al agua. Pese a que fue fundada en un valle donde hacia 1570 abundaban los manantiales en torno de una cascada o “salto de agua”, que en realidad resultó ser un “saltillo”, a finales del siglo XX la capital de Coahuila enfrentaba graves problemas para hidratarse. De cada mil litros extraídos sólo 460 llegaban a los usuarios, y de cada mil litros facturados la autoridad cobraba apenas 650.

Fue entonces cuando Óscar Pimentel, el alcalde priísta que gobernó de 2000 a 2003, anunció que la solución del problema consistía en “asociarse” con una empresa extranjera para “fortalecer sin privatizar” el Sistema Municipal de Aguas de Saltillo (Simas). Toda similitud con las iniciativas calderónicas para privatizar Petróleos Mexicanos (Pemex), dicen los esposos Garza Tobón, “es mera coincidencia”.

Pimentel –sintetizan– contrató a la firma Freese Nichols para que sentara las bases de la licitación. Ésta propuso que el juez de la misma fuera la sociedad Arthur Andersen, asesora contable de la trasnacional Aguas de Barcelona (Agbar). Con el respaldo del gobernador coahuilense de entonces, Enrique Martínez, el alcalde garantizó la “transparencia” del proceso.

Aunque se habló de que había ocho empresas interesadas en el concurso, únicamente Agbar hizo una oferta. Arthur Andersen había fijado un mínimo de 80 millones de pesos y Agbar pujó con 81.9 y ganó de inmediato, sin competir con nadie. De este modo obtuvo 49 por ciento de las acciones de Simas, no obstante que el valor en libros de esa entidad era de 453 millones de pesos.

La trasnacional “adquirió la mitad del sistema municipal de aguas pagando menos de la cuarta parte de lo que valía. Y aunque el ayuntamiento aún posee 51 por ciento de las acciones, los extranjeros toman todas las decisiones y hacen y deshacen a su antojo, aplicando medidas que violan las leyes estatales y la Constitución del país”, reiteran los líderes de la AUAS, especialistas en cuestiones ambientales.

En junio de 2003, durante una visita a Saltillo como director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), recuerdan, “Felipe Calderón vino a decir que el fortalecimiento del sistema de agua potable era ‘un caso de éxito’ y que debía servir de ejemplo a otras ciudades del país, cuando en realidad Agbar ha tenido que irse de Argentina, Uruguay y Brasil, y están tratando de correrla de Colombia y de Chile, por los mismos abusos que está cometiendo en Saltillo”.

Rodolfo Garza, ex secretario de Ecología del gobierno estatal, narra que no hace mucho estuvo en Barcelona, en las oficinas del director de la trasnacional, y vio “un estante con por lo menos 20 carpetas, rotuladas con los nombres del mismo número de ciudades mexicanas, entre ellas Morelia, Querétaro, Monterrey, Aguascalientes y otras. En el caso de Morelia, supe que Aguas de Barcelona y el municipio (de la capital de Michoacán) tienen un convenio para que dentro de tres años, cuando el sistema local de agua potable empiece a operar con equilibrio financiero, es decir, con números negros, se consume la privatización”.

Hace dos años, relata por su parte Gloria Tobón, “la empresa impuso una cuota mensual de 100 pesos a cada usuario para regar los parques y jardines públicos. Como la gente protestó, porque era tres veces más alta que el pago del consumo doméstico, pues simplemente dejaron que los parques y los árboles se secaran, pese a que su conservación es una tarea que por ley corresponde al municipio”.

Sin embargo, añadió, “aquí las leyes locales, estatales y federales no cuentan para los extranjeros. Saltillo es la única ciudad del país que no tiene campañas para fomentar el ahorro de agua, y desde que llegó la trasnacional dejaron de vender todos los artefactos que servían para economizarla, y eso que estamos en medio del desierto. Lo único que les importa es ganar, pase lo que pase”, subraya.

Para el obispo Vera López, quien concedió una amplia entrevista sobre el tema, “la privatización del agua de Saltillo nos dice mucho acerca de lo que quieren hacer con Pemex”. La Iglesia católica, anticipa, “está muy preocupada, pues considera que la pobreza, la discriminación, la injusticia que sufren los migrantes en todas partes y el deterioro ambiental, (es algo que) se origina en el nuevo capitalismo que ha llevado al mundo a la crisis que estamos viviendo”.