Editorial
Agua: encarecimiento y privatización
En el contexto de la Exposición Internacional de Zaragoza, el Consejo Mundial del Agua (CMA) advirtió ayer que el alza en los precios internacionales de los hidrocarburos ha generado un encarecimiento sostenido del líquido vital, pues en muchos países ha habido una reducción en el bombeo por los altos costos de la energía que se requiere para ello. Al respecto, el presidente del organismo, Loïc Fauchon, instó a las naciones productoras de crudo a “hacer un esfuerzo a favor de la energía para el agua”, subrayó la pertinencia de crear un impuesto especialmente destinado a ese rubro y llamó a las más desarrolladas a “dar prioridad” al agua frente a otros campos, entre ellos la producción de armas.
Los señalamientos del CMA apuntan a circunstancias que efectivamente agravan la situación mundial de escasez y encarecimiento del líquido, como los altos precios del crudo –que también han incidido en la crisis alimentaria que se vive en la actualidad– ; y hacen notar la indolencia y hasta la inmoralidad de algunos gobiernos, sobre todo los más poderosos del mundo, que destinan grandes cantidades de recursos económicos y naturales al desarrollo de la industria armamentista, mientras que amplias franjas de la población, al día de hoy, no tienen acceso a los servicios básicos para la vida.
Sin embargo, los asertos del organismo pasan por alto que el fenómeno del encarecimiento global del agua obedece también a un proceso de mercantilización y privatización del cual el propio CMA ha sido partícipe y promotor. En efecto, el organismo ha insistido en la necesidad de transferir a compañías privadas el manejo y la distribución del vital líquido, y ha defendido la necesidad de que la gente pague por él, dado que “el agua gratuita es muy peligrosa para las personas, para la salud pública, para el Estado; si no pagas por el líquido su valor normal, te metes en muchos problemas”.
Asimismo, ese proceso de privatización global es avalado y hasta exigido por instituciones como el Banco Mundial, con la supuesta consigna de revertir la escasez del agua dulce y garantizar su suministro, ante la incapacidad financiera de los estados para dotar del servicio y la infraestructura necesaria. Tal proceso concuerda con la visión político-económica dominante en el mundo, que persigue la acumulación de riqueza mediante el consumo irracional de recursos naturales limitados, y para la que el líquido no es más que otro producto del subsuelo –como el propio petróleo–, una mercancía que debe estar sometida a las leyes de la oferta y la demanda: a mayor escasez, más debe pagarse por ella.
Por lo demás, como ha ocurrido con otros procesos privatizadores, el del agua no ha contribuido a garantizar el acceso universal a ese recurso; por el contrario, se le ha dado prioridad a la demanda de las grandes empresas que negocian con él y se han dejado al margen las necesidades de amplias franjas de la población mundial, sobre todo en los países más pobres.
En suma, la circunstancia actual –en la que aproximadamente una sexta parte de la población no dispone de agua potable– plantea la urgencia de la reivindicación de ese recurso como un bien común, en el entendido de que el acceso a él debe ser procurado como un derecho inalienable, y de que avanzar en su proceso de privatización implicará, a la larga, endosar a unos cuantos particulares la viabilidad de la vida misma en el planeta.