■ Atrapados entre desarrollos residenciales y empresariales, rechazan vender sus tierras

Vecinos de la unidad Palo Alto resisten avances de inmobiliarias en Santa Fe

■ La agrupación católica Cáritas trata de convencerlos de abandonar sus casas, señalan

Alejandro Cruz Flores

Atrapados por el conglomerado empresarial y residencial de Santa Fe, los habitantes de la unidad habitacional Palo Alto resisten desde hace más de 10 años la presión de las grandes inmobiliarias que pretenden posesionarse de sus tierras, cuyo valor se ha disparado debido a que están ubicados en medio de una de las zonas más exclusivas de la ciudad de México.

En los años 80 sus viviendas estaban rodeadas de barrancas y áreas boscosas, pero esa situación se transformó cuando el entonces Departamento del Distrito Federal cambió el uso de suelo y empezó la construcción de lujosos fraccionamientos residenciales y oficinas, así sus casas quedaron en colindancia con el edificio Arcos Bosques Corporativo, conocido como El Pantalón, construido por el grupo Desc, ligado a los Legionarios de Cristo, que presiona a los vecinos para que vendan sus tierras, “incluso en sus maquetas ya no aparecen nuestras viviendas”, señaló Vicente Arredondo Suárez, representante vecinal.

Se trata de una extensión de más de 42 mil metros cuadrados, ubicada en Bosques de las Lomas, en la delegación Cuajimalpa, que en los años 30 eran minas de arena en las que trabajaron 220 personas y sus familias, provenientes principalmente de Michoacán, que además de trabajar jornadas de 12 horas diarias, a cambio de un salario muy bajo, se les obligó a arrendar un pedazo de tierra, donde establecieron viviendas precarias, sin contar con servicios básicos.

Treinta y cinco años después, luego de que las minas fueron agotadas, intentaron desalojarlos, dejando a los mineros sin fuente de trabajo y sin hogar, en ese momento el sacerdote Rubén Escamilla los organizó e instó a constituir la primera cooperativa de vivienda de la ciudad para defender su derecho a la tierra.

Luego de un litigio de cinco años –que incluyó el uso de la fuerza pública para intentar desalojarlos– la resolución judicial fue en favor de los mineros quienes pagaron un peso por metro cuadrado por concepto de indemnización, escrituraron el terreno a nombre de la Unión de Vecinos y Cooperativa Palo Alto, y con la ayuda de organismos civiles y gubernamentales, como el Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento y el Fondo Nacional para las Habitaciones Populares, les dieron asesoría y créditos para la construcción de sus viviendas.

Con la llegada del conglomerado empresarial, los terrenos en los que se asienta la unidad habitacional se revaloraron, y desde hace 10 años empezó la presión de las inmobiliarias para que vendan, ofreciéndoles “en aquel tiempo mil 500 dólares por metro cuadrado”, explicó Arredondo Suárez.

Esto provocó una división al interior de la cooperativa, pues 44 de sus miembros –con el apoyo de las inmobiliarias y políticos priístas como Oscar Levín Coppel, en aquel tiempo diputado–, exigieron tener escrituras individuales, pero finalmente fueron expulsados por la misma comunidad, dando paso a un litigio que lleva varios años, en el que los disidentes exigen una indemnización por sus viviendas.

Fue un proceso difícil en el que incluso hubo enfrentamientos violentos entre familiares, “se quemaron casas, carros“, explicó Vicente Arredondo, pero finalmente con la intervención del DDF se logró un acuerdo para que los inconformes abandonaran la unidad habitacional, sus casas fueron tapiadas y actualmente se encuentran deshabitadas.

Como resultado de ese conflicto, los habitantes de Palo Alto perdieron el registro como cooperativa, por lo que tuvieron que conformar una nueva organización llamada ahora Cooperativa de Vivienda Palo Alto. “fue una derrota para nosotros, porque nos dividieron, pero aún la mayoría estamos decididos a permanecer aquí, no vamos a vender, porque es nuestra historia, nuestra vida”, señaló Guadalupe Cabrera Ojeda, habitante de Palo Alto.

Además del proceso legal, los cooperativistas ven como una amenaza que el grupo religioso Cáritas, “tratan de manipular a los habitantes del lugar y mientras realizan un trabajo de identificación de líderes, nos hablan de las bondades del conglomerado que tienen al lado y quieren que nos la pasemos rezando por ellos”, explicó Cabrera Ojeda.

Pese a que 65 por ciento de los socios fundadores han muerto, los que quedan están decididos a no abandonar sus casas, “aquí tenemos seguridad, somos libres, todos nos conocemos y nos ayudamos unos a otros, y sólo muertos vamos a salir de aquí”, expresaron Caritina García y Manuel Villalba, socios fundadores de la cooperativa.

El próximo 27 de julio se cumplen 34 años de que la cooperativa ganó la batalla legal por la posesión del predio, por lo que preparan una celebración de ese acontecimiento, así como la realización de un documental en el que cuentan su historia, con el objetivo de que las nuevas generaciones tengan presente la lucha de sus abuelos y padres para conservar estas tierras y no cedan ante la presión que intenta arrebatarles sus terrenos.