■ Insisten en el traslado a un edificio sin condiciones de seguridad

Persiste la cerrazón de autoridades de la SEP ante demandas de la DGEI

Laura Poy Solano

Trabajadores de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) denunciaron que a más de ocho meses de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspendió el pago de salarios a 65 trabajadores por negarse a laborar en un edificio que no cumple con medidas de seguridad, prevalece una actitud de cerrazón de los funcionarios, quienes “pretenden imponer el traslado a las oficinas de Cuauhtémoc 614, a pesar de que tenemos un amparo contra esta decisión”.

Joaquina Sandoval y Rusbel López, ex representantes sindicales de los afectados, afirmaron que luego de dos encuentros con la directora de la DGEI, Rosalinda Morales Garza, “no se logró ningún avance”, pese a que el pasado 6 de junio se firmó una minuta de acuerdo para resolver de forma “definitiva nuestra demanda salarial; pero este martes, simplemente se echaron para atrás y desconocieron lo que se firmó”.

En la minuta, suscrita por Alberto de la Peña, coordinador general de Atención Ciudadana de la SEP, y Francisco Álvarez Ruiz, director de Asuntos Laborales de esa dependencia, así como representantes de los afectados y dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se establece que los funcionarios de la secretaría “se comprometen a que el martes 10 de junio de 2008 habrá una solución al problema que (se) expone sobre los salarios no pagados a los 65 trabajadores de educación indígena”.

Y agrega que los representantes de la CNTE y la DGEI “aceptamos acudir a esta instancia para conocer el resultado”. Sin embargo, aseguraron los afectados, “no sólo desconocieron el acuerdo, sino que mantuvieron una actitud despótica, como si tratarán con delincuentes, cuando son las propias autoridades educativas las que nos lanzaron a la calle, al argumentar que el edificio donde permanecíamos, y reconocido por la autoridad judicial como la sede de nuestro centro de trabajo, ya no era parte de los edificios alquilados por la SEP, a lo que se sumó el robo de nuestras cosas personales”.

Agregaron que a los funcionarios de la SEP “les molestó mucho que estuvieran presentes integrantes de la CNTE, por lo que exigieron la salida de los disidentes para poder realizar el análisis de la situación; pese a que mostramos disposición y salieron de la reunión los integrantes de la coordinadora, la declaración de Morales Garza fue contundente, si quieren sus salarios, vayan a las oficinas de Cuauhtémoc y luego hablamos de lo demás”.

El conflicto lleva ya cinco años, pues más de 100 trabajadores se oponen al traslado de las oficinas centrales, que por más de 30 años se ubicaron en la calle de Azafrán 486, tras demostrar que el edificio de Cuauhtémoc “no cumplía con las medidas mínimas de seguridad, pue las instalaciones, propiedad de la federación, se remataron por su mal estado; pero luego la SEP las rentó a pesar de que se recomendó demoler el inmueble”.