El Estado y la autonomía del banco central
El Banco de México es una organización del Estado mexicano. La modificación de su institucionalidad fue resuelta por un Congreso dominado por el priísmo salinista. La decisión de otorgarle autonomía y un objetivo único: el mantenimiento de la estabilidad de precios, fue parte de la liberalización del sistema financiero nacional. Ese sistema entró en una dura crisis en 1994, que se recrudeció al año siguiente. Los bancos privados desde entonces dejaron de cumplir sus propósitos de intermediación entre el ahorro y la inversión, convirtiéndose en rentistas.
La banca comercial privatizada falló, llevando a cientos de miles de acreditados a la quiebra. Se trataba de empresas privadas mexicanas que perdieron sus activos y que para restablecer sus condiciones operativas fueron adquiridas por bancos extranjeros. Ello no era posible en 1994-95, pero se cambiaron las reglas para permitir que extranjeros compraran los bancos mexicanos. Una pieza clave de las reformas financieras originales de principios de los noventas fue impedir que extranjeros controlaran los medios de pago. Pero ante el fracaso de los banqueros mexicanos, esa institución se modificó drásticamente.
La autonomía del banco central impide que el gobierno y los diputados y senadores, electos por los mexicanos, puedan establecerle metas, corregir sus programas, cambiar a sus funcionarios. La elite del banco central decide lo que se propone hacer, cómo informará de su cumplimiento, fija las correcciones a sus metas, sin consultar a nadie. Su autonomía ha permanecido intocada desde los tiempos del salinato. La inflación ha estado ciertamente bajo control, pero nadie duda que eso ha costado a la economía varios puntos de crecimiento.
En este difícil momento, en el que la economía estadunidense parece estar en recesión, la economía mexicana ha logrado capear el temporal. En los próximos meses eso pudiera ya no ser posible. Hace falta que, en consecuencia, el Estado haga uso de todos los instrumentos de los que dispone para defenderse lo mejor posible de los estímulos negativos que está resintiendo. Por ello, Calderón planteó que el Banco de México debía considerar la posibilidad de bajar la tasa de interés interbancaria como ha hecho la Reserva Federal en Estados Unidos.
La respuesta extraoficial de los autónomos ha sido que bajar las tasas de interés sería riesgoso, que se enviarían señales malas a los mercados que alterarían las expectativas. Carstens insistió señalando que el diferencial entre las tasas de interés en México y en Estados Unidos se ha ampliado, lo que debiera llevar a Banxico a meditar esta circunstancia. Algunos comentaristas económicos han puesto el grito en el cielo advirtiendo que las “presiones gubernamentales” son inadecuadas y que debían detenerse. Los mercados defienden sus utilidades.
El Banco de México tiene un cometido único establecido en su ley: no se moverá ni un ápice. Mantendrá el sesgo restrictivo de la política monetaria. Argumentará que la inflación ha aumentado –lo que es cierto–, aunque se ubique apenas un punto porcentual por encima del límite superior establecido por el propio banco central, pese a los incrementos en el precio de los alimentos. No considerará que ese sesgo restrictivo está afectando la actividad económica y la creación de nuevos empleos. Eso no le interesa. Pero a los mexicanos sí, y a sus representantes debiera no sólo interesarles, sino ocuparles.
La contradicción entre lo que se hace para evitar una mayor reducción en la actividad y la política monetaria es evidente. Resulta, en consecuencia, de la mayor responsabilidad que la soberanía legislativa se proponga corregir esa contradicción, estableciendo en su Ley Orgánica que el Banco de México tendrá el cometido de mantener estabilidad de precios y el mayor crecimiento posible de la economía para lograr que se creen empleos, como lo tienen la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Brasil, entre otros. Con ello el Estado mexicano recuperaría un instrumento fundamental para la conducción económica.