■ Empiezan en la Corte las audiencias públicas en torno a los amparos contra la legislación
PRD: en el análisis a la Ley del ISSSTE está en juego la protección social conquistada en 1910
En el debate sobre la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) está en juego la preservación de la protección social, conquistada en el movimiento armado de 1910, ya que en su nueva redacción dicha legislación privatiza la seguridad social, “confisca el ahorro social” de las dos últimas generaciones de funcionarios públicos, además de que “limita o cancela” los derechos de protección por accidentes y enfermedades profesionales, jubilación, invalidez, vejez y muerte de más de 10 millones de empleados públicos.
La Ley del ISSSTE “busca equilibrio financiero y la solvencia del instituto a costa de los servicios que brinda y traslada el costo de la crisis que vive a los trabajadores, vía la baja de beneficios y el aumento de cuotas”, resumió la legisladora federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Rosario Ortiz Magallón.
Al realizarse ayer la primera audiencia pública organizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno al amparo que presentaron más de un millón de trabajadores en contra de la citada ley, se denunció que dicha norma restringe los derechos a la salud y a la seguridad social, además de otorgar facultades discrecionales al instituto y a la Secretaría de Hacienda para suspender los seguros, prestaciones y servicios “por razones financieras”, si así lo considera necesario.
El líder de la sección 22 del magisterio en Oaxaca, Ezequiel Rosales Carreño, dijo a los 10 ministros presentes (no asistió Genaro Góngora Pimentel) que no confía en su imparcialidad y advirtió que el objetivo de la audiencia era legitimar el asalto “a nuestra seguridad social solidaria”.
Anunció que a partir del próximo 16 de junio, fecha en que el pleno de ministros abordará la discusión de este asunto, los maestros de la sección que encabeza iniciarán un plantón permanente ante el edificio de la SCJN.
Al empezar la sesión, que se realizó en la sede alterna de la Corte, el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia sostuvo que esta audiencia y la del próximo jueves (en la que participarán las autoridades demandadas) fueron organizadas “en virtud de la solicitud” de las partes que están interesadas en que los amparos sean resueltos antes del 30 de junio, fecha en que legalmente entra en vigor el nuevo sistema de pensiones.
Agregó que originalmente se tenían contempladas 15 participaciones, pero que al sumar 27 los solicitantes se acordó escuchar a todos. Únicamente faltó el líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, quien no llegó.
Líderes sindicales como Agustín Rodríguez (Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México), Enrique Hanff (Sindicato Único de Trabajadores del Distrito Federal), Artemio Ortiz Tirado (sección 18 de Michoacán del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación), Ezequiel Rosales (sección 22 de Oaxaca), Héctor Barba, Cristina Gutiérrez Colín (Sindicato de Trabajadores de la Educación), Antonio Vital García (Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos), Hermelinda Hurtado, Cuauhtémoc Velasco (delegación sindical de investigadores y docentes del INAH) y Romualdo Escudero Carrillo (Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres) unieron sus reclamos a los de representantes de quejosos, investigadores y legisladores locales y federales del PRD, para demandar que el pleno evite que se aplique la nueva ley, por ser “copia de la del IMSS”, el cual bajo este esquema se encuentra ya en quiebra técnica en sólo 10 años de vigencia.
Como muestra del “robo” que representa la nueva norma –como lo calificaron algunos de los participantes– está el “despojo” que sufrieron los burócratas por concepto del Fondo del SAR y del Fondo de Vivienda en mayo pasado, cuando “desaparecieron” más de 150 mil millones de pesos de las subcuentas de los trabajadores.